Esta desigualdad se manifiesta en los poderes y privilegios que se conceden a la Administración, justificados teóricamente en función de los fines superiores que tiene encomendados, pues, de la misma manera que una medida de intervención puede constreñir a algunos particulares, protege o libera a otros.

La finalidad tuitiva de los intereses públicos, cuya directa satisfacción persigue la Administración con su actuación, es la que justifica las prerrogativas y privilegios para con respecto a los particulares.

El Reglamento es una norma que, a diferencia de la ley, no expresa la voluntad popular, sino la del Gobierno o, más en general, la de las Administraciones Públicas, por lo que tienen reconocido un valor subordinado tanto de la Constitución, como de las leyes o normas con rango de ley.

Uno de los postulados del Derecho administrativo radica en que la Administración está bajo el imperio del Derecho.

La Administración Pública no se rige sólo por el Derecho administrativo, sino que también confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho civil, el mercantil o el social.

El Derecho administrativo es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración.

El Derecho administrativo posee una fuente propia: el Reglamento, fruto de la potestad reglamentaria atribuida a la Administración.

El Reglamento es una norma que, a diferencia de la ley, no expresa la voluntad popular, sino la del Gobierno o, más en general, la de las Administraciones Públicas, por lo que tienen reconocido un valor subordinado tanto de la Constitución, como de las leyes o normas con rango de ley.