José Ramón Arroyo Esgueva - Abogado - Aranda de Duero - Burgos


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La AN anula una multa de 25 millones a Telefónica por sus contratos de móviles con pymes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso la multa a la operadora en 2014 por los compromisos de permanencia.

Consideraba que eran restrictivos, que limitaban los cambios de proveedor y que suponían un coste para los competidores.

La Audiencia Nacional dice ahora que estos contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor”.

La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 25,78 millones de euros impuesta en 2014 por Competencia a Telefónica Móviles por incluir determinados compromisos de permanencia en sus contratos con pymes. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró en su día que estos contratos limitaban la capacidad de los clientes, en este caso pequeñas y medianas empresas, para cambiar de proveedor de servicios y, sobre todo, hacerlo en cualquier momento. Eran, argumentaron, “restrictivos” y además provocaban un incremento de los costes de los competidores para ganar clientes.

La compañía se defendió diciendo que ofrecían descuentos a cambio de la permanencia (de 12, 18 y 24 meses), pero que estos “no constituían un acuerdo vertical”. Además, apunta que “no tenían por objeto distorsionar la competencia” y que dicha práctica comercial era lícita y no ha tenido “efectos anticompetitivos”.

La Audiencia Nacional da la razón a la operadora y explica que “los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto” y avala la “lógica económica de los descuentos” practicada por Telefónica Móviles.

La sentencia da por buenas las cláusulas de penalización, que considera proporcionales y adecuadas, “pues de lo contrario todos los clientes contratarían el compromiso de permanencia para beneficiarse del descuento a sabiendas de que su incumplimiento no tendría consecuencias”. Según la Audiencia, los contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (…) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs)”.

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