José Ramón Arroyo Esgueva - Abogado - Aranda de Duero - Burgos


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El permiso de paternidad se ampliará de dos a cuatro semanas a partir del 1 de enero

Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Sucede seis años después del día que fijó la ley de 2009 que lo reguló.

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) recuerda que las cuatro semanas son “ininterrumpidas”.

 

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que la ampliación a un mes del permiso de paternidad prevista en la Ley de Igualdad entrará en vigor en enero de 2017, seis años después del día que fijó la ley de 2009 que lo reguló. Imágenes 1 Foto “Puedo anunciarles que le permiso se ampliará a partir del próximo 1 de enero de 2 a 4 semanas, una medida que va en esa necesaria conciliación entre la vida profesional y la vida familiar”, ha declarado el también ministro de Educación. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) ha criticado en una nota la medida por insuficiente. En primer lugar, porque las cuatro semanas suponen “la cuarta parte de las 16 que dura el permiso de maternidad”. Y, en segundo lugar, porque la ley “obliga a que las cuatro semanas sean ininterrupidas”, es decir, que la modificación se limita a prolongar el período actual de baja “sin poder utilizar esas dos semanas adicionales para sustituir a la madre cuando esta volviera a su puesto de trabajo”. Esto imposibilitará, según la PPIINA, que los padres se turnen para cuidar a sus hijos “y no se aliviaría la presión sobre las madres para que prolonguen su permiso de maternidad con excedencias o reducciones de jornada que les penalizarán en el empleo”.

Esta ampliación del permiso de paternidad se ha ido aplazando año a año tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, desde que en 2009 se aprobara la ley. Varias iniciativas del Congreso y del Senado han reclamado al Gobierno que no la siguiera demorando más

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La Fiscalía pide trabajos en beneficio de la comunidad para una mujer por abofetear a su hijo

La acusada reconoció que le dio una bofetada a su hijo de 13 años por su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuarto.

La defensa alega que lo hizo presa de los nervios tras comprobar que regañar a su hijo no funcionaba.

El chico se marchó a casa de un vecino, que fue quien denunció.

La Fiscalía ha sustituido su petición de siete meses de cárcel para una mujer que ha sido enjuiciada este lunes por darle un bofetón a su hijo de 13 años tras recriminarle su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuarto, por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad. La mujer le abofeteó por su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuartoDurante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, el Ministerio Público ha rebajado además de dos años a seis meses y un día la orden de alejamiento que también pedía para la madre por un delito de maltrato familiar, según han informado a Efe fuentes judiciales. La mujer, vecina de Albolote (Granada), ha admitido durante la celebración del juicio rápido, que ha quedado visto para sentencia, que le dio un bofetón a su hijo en la cara tras recriminarle el desorden de su dormitorio, su bajo rendimiento escolar y la apertura de correspondencia ajena, entre otras cosas. Pero que lo hizo presa de los nervios después de comprobar que regañarle no funcionaba, ha indicado a Efe su abogada, María Luisa Ruiz Ortiz.

La letrada ha sustentado su defensa en que, en la obligación de los padres de educar a sus hijos, se dan a veces situaciones en las que es necesario reprender así al menor pero sin que eso lo convierta en un “niño maltratado”. Entiende también la defensa que al menor, que no vive en una familia desestructurada, sino “normal y corriente”, podría perjudicarle una orden de alejamiento de su madre porque ningún otro familiar podría hacerse cargo de él, luego, de aceptar el juez la petición de la Fiscalía, tendría que ir a un centro de acogida, lo que a su juicio contribuiría además a acrecentar su rebeldía. Un vecino de la acusada fue quien denunció los hechos, según publica el diario Ideal, ocurrieron cuando la mujer y su hijo estaban en el domicilio compartido por ambos, donde se inició una discusión verbal hasta que la acusada, según el escrito de acusación del fiscal, “en estado de extrema agresividad y en la pretensión de menoscabar la integridad física de su hijo, propinó a éste un bofetón”. El niño, que solo necesitó una asistencia médica, se dirigió después a casa un vecino, que fue al parecer quien denunció los hechos.

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La AN anula una multa de 25 millones a Telefónica por sus contratos de móviles con pymes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso la multa a la operadora en 2014 por los compromisos de permanencia.

Consideraba que eran restrictivos, que limitaban los cambios de proveedor y que suponían un coste para los competidores.

La Audiencia Nacional dice ahora que estos contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor”.

La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 25,78 millones de euros impuesta en 2014 por Competencia a Telefónica Móviles por incluir determinados compromisos de permanencia en sus contratos con pymes. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró en su día que estos contratos limitaban la capacidad de los clientes, en este caso pequeñas y medianas empresas, para cambiar de proveedor de servicios y, sobre todo, hacerlo en cualquier momento. Eran, argumentaron, “restrictivos” y además provocaban un incremento de los costes de los competidores para ganar clientes.

La compañía se defendió diciendo que ofrecían descuentos a cambio de la permanencia (de 12, 18 y 24 meses), pero que estos “no constituían un acuerdo vertical”. Además, apunta que “no tenían por objeto distorsionar la competencia” y que dicha práctica comercial era lícita y no ha tenido “efectos anticompetitivos”.

La Audiencia Nacional da la razón a la operadora y explica que “los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto” y avala la “lógica económica de los descuentos” practicada por Telefónica Móviles.

La sentencia da por buenas las cláusulas de penalización, que considera proporcionales y adecuadas, “pues de lo contrario todos los clientes contratarían el compromiso de permanencia para beneficiarse del descuento a sabiendas de que su incumplimiento no tendría consecuencias”. Según la Audiencia, los contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (…) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs)”.

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La vida privada no desaparece en el trabajo: Estrasburgo da la razón a un empleado ‘espiado’ por su empresa sin avisar.

El trabajador fue despedido en 2007 por utilizar en horario laboral la aplicación de mensajería instantánea Yahoo Messenger para fines personales.

La empresa accedió al contenido de sus comunicaciones, algunas de ellas íntimas; otro empleado había sido despedido antes por el mismo motivo.

El Tribunal Europeo de DD HH dice que la justicia rumana, que no le dio la razón, no tuvo en cuenta que la empresa no le avisó de que le iba a espiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a un trabajador, de nacionalidad rumana, que fue despedido en 2007 por utilizar en horario laboral la aplicación de mensajería instantánea Yahoo Messenger para fines personales y no profesionales, contraviniendo así la normativa de la empresa.  La Gran Sala del Tribunal estima que, si bien una empresa sí puede restringir las comunicaciones personales de sus empleados, el derecho (y su respeto) a la vida y la correspondencia privadas no desaparecen. Y explica, según una nota hecha pública en su web, que, aunque el trabajador sabía que no debía usar internet, el teléfono o la fotocopiadora para fines privados -otro empleado había sido despedido poco antes por lo mismo-, no fue avisado convenientemente ni con anterioridad de que iba a ser monitorizado y de que la empresa iba a acceder al contenido de sus comunicaciones. Todo esto, critica la Gran Sala, no fue tenido en cuenta por los tribunales nacionales, que rechazaron sus demandas, a pesar de que el empleado, un ingeniero de ventas, fue monitorizado “en tiempo real” y sus comunicaciones de una semana entera, del 5 al 12 de julio de 2007, fueron impresas en 45 folios. Eran charlas con su novia -algunas íntimas- y su hermano. La justicia rumana, añade Estrasburgo, tampoco valoró correctamente si estaba justificada esa monitorización, dada la falta de indicios que apuntasen, por ejemplo, a un uso ilegal o que implicara riesgo para la empresa. Ni si se podrían haber usado otros métodos para acceder a las comunicaciones. Así, la Gran Sala concluye que las autoridades rumanas no protegieron de forma adecuada el derecho del trabajador a su vida y comunicaciones privadas y fallaron a la hora de encontrar “un equilibrio justo entre los intereses en juego”. Ha habido, por tanto, una violación del artículo 8 de la Convención de derechos humanos. El Tribunal no determina en su sentencia si el proceder de la empresa fue o no correcto, sino que los tribunales nacionales no tuvieron en cuenta determinados aspectos de ese proceder para tomar su decisión, lo que supuso un perjuicio directo en los derechos del trabajador. Para la Corte, los Estados deberían establecer un marco jurídico claro sobre las normativas laborales en materia de control de comunicaciones y señala que en el derecho comparado hay diferencias destacadas entre países. Esta sentencia, que es firme, rectifica otra de Sala del año pasado, que había dado la razón a Rumanía y a la empresa. Rumanía deberá abonar al demandante 1.365 euros por gastos y honorarios, informa Efe. Según la Corte europea, fallar que el citado artículo ha sido violado “ya es una reparación suficiente para todo daño moral”.

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El Supremo avala cambios en la pausa del bocadillo al no ser un derecho por contrato

Los magistrados consideran el descanso como una muestra de “tolerancia” por parte de la empresa.

Se trata de un elemento ajeno a las condiciones que firman los trabajadores.

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una empresa que dejó de considerar el llamado “descanso para bocadillo” como trabajo efectivo, al considerar que no supuso una modificación laboral sustancial por basarse en la “tolerancia” del empresario y no ser un derecho reconocido por contrato.

En la sentencia conocida este viernes, la sala de lo Social del alto tribunal calcula así el recurso de casación interpuesto por Zumos Valencianos del Mediterráneo, empresa que computaba como trabajados 7,5 de los 15 minutos dedicados a dicha pausa, desde los orígenes de su actividad, en abril de 2007, hasta el calendario laboral de 2014.

La empresa se constituyó el 1 de julio de 2005.

La controversia se remonta a marzo de ese mismo año, cuando la sociedad presentó una contrapropuesta al calendario formulado por los delegados de personal que, tras reunirse, constataron que la diferencia entre ambas radicaba en la consideración como tiempo de trabajo efectivo del cuarto de hora para el bocadillo en jornadas continuadas superiores a seis horas.

Ante las discrepancias, la empresa aplicó su propuesta, que suponía una carga adicional de 6,75 horas que cada trabajador podría disfrutar cuando estimara conveniente, previa comunicación y aceptación.

Ahora, la sala descarta que, con este cambio, se haya incurrido en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, máxime cuando el “descanso para el bocadillo” se trataba de una muestra de “tolerancia” por parte del empresario respecto a sus empleados.

Razones por las que revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en segunda instancia entendió motivada la existencia de un incremento unilateral de la jornada, en virtud del articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Según esta disposición, la dirección de la empresa sólo podría haber acordado modificaciones sustanciales en caso de existir razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que pudieran afectar, entre otros aspectos, a la jornada de trabajo, al horario y la distribución de éste, al régimen laboral o al sistema de remuneración.

Los magistrados del Supremo valoran, en cambio, que no concurren las circunstancias necesarias para invocar dicho artículo, al ser esta pausa un elemento ajeno a las condiciones firmadas por contrato.

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Las deducciones fiscales de los autónomos

La ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo acaba de ser aprobada en el Congreso y ha pasado ya al Senado. La previsión es que en septiembre esté de vuelta en el Congreso y obtenga el sí definitivo del Parlamento ese mismo mes, lo que supondría que en otoño entraría en vigor una batería de medidas que benefician considerablemente la actividad del trabajo por cuenta propia. La futura ley, que ha contado con el apoyo masivo de los grupos parlamentarios,  incluye reformas en el ámbito fiscal, aunque también en protección social, en la eliminación de trabas administrativas y acciones de fomento del emprendimiento y reemprendimiento.

Medidas fiscales. Una de las aspiraciones de las asociaciones de autónomos era ampliar al IRPF, en forma de deducciones, algunos gastos que actualmente ya desgravan en el IVA. Después de meses de negociación, y salvo que en el Senado sufra alguna modificación, se establece una desgravación en la renta del 30%, frente al 20% previsto en el proyecto de ley inicial, para los gastos de suministro de agua, gas, electricidad y telefonía e internet (estos dos últimos también estaban fuera del proyecto) cuando el autónomo trabaja desde su casa. Igualmente, y esta es otra incorporación adicional impulsada por Ciudadanos y ERC, se establecen deducciones para la “manutención que afecta a la actividad” de hasta 26,67 euros diarios, 48,08 euros si son fuera de las fronteras españolas, siempre y cuando puedan comprobarse fehacientemente por medios telemáticos. Fuentes de la Federación de Autónomos ATA explican que Hacienda se ha mostrado reacia a aplicar deducciones por manutención ante la dificultad de demostrar que la comida fuera de casa está realmente ligada a la actividad del autónomo. Sin embargo, los trabajadores asalariados tienen derecho a que sus empresas les paguen las comidas, con un límite, sin que sea considerado salario en especie, y por tanto, sin tener que tributar por ellas. Las dudas surgen a la hora de determinar cuándo el gesto de manutención está afecto a la actividad. Las fuentes de ATA consideran que debe tratarse de comidas en un horario razonable, generalmente de lunes a viernes, salvo que la actividad justifique el trabajo durante los fines de semana o festivos. Por otro lado, queda descartada la compra de alimentos, centrándose fundamentalmente en comidas en restaurantes o locales similares, para lo cual deberá solicitarse la factura y abonarla mediante sistemas telemáticos, como tarjetas de crédito, para lo cual será conveniente adjuntar a la factura el resguardo de la tarjeta. Medidas de protección social. ATA destaca entre las novedades de mejora social la posibilidad de compatibilizar la pensión al 100% con el trabajo por cuenta propia, condicionado a tener un empleado al menos; la tarifa plana (50 euros) en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporen tras la maternidad y exención del 100% de la cuota de autónomos (hombres o mujeres) durante 12 meses por cuidado de menores o dependientes para garantizar una mejor conciliación laboral y familiar; se mejoran las condiciones de las personas con discapacidad para emprender y también de los hijos con discapacidad de los autónomos, que podrán contratarlos; se reconoce el accidente in itinere (ocasionado durante la jornada laboral o a la ida o el regreso). Finalmente, los autónomos tendrán derecho a la formación adaptada a sus necesidades para mejorar su consolidación empresarial y su competitividad. Emprendimiento o reemprendimiento. Se amplía la tarifa plana de 50 euros a un año, y los emprendedores podrán optar de nuevo a la tarifa plana 2 años después de haber finalizado la actividad empresarial. Seguridad Social. Podrán cambiar su base de cotización 4 veces al año. Los próximos cambios, en la Seguridad Social La Ley del Trabajo Autónomo incluye la mayoría de las demandas de las asociaciones del sector. Sin embargo, quedan pendientes. Fuentes de ATA apuntan que la próxima batalla habrá que darla en la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

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Los juzgados especializados en ‘cláusulas suelo’ dan la razón al cliente en sus 28 sentencias

Desde que entraron en funcionamiento los Juzgados de clásulas suelo hace dos meses (el pasado 1 de junio) ya  han fallado 28 sentencias y todas dan la razón al cliente. Aunque desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que aún no pueden dar el número exacto de las demandas interpuestas, porque no tienen homogeneizado el sistema informático en todas las autonomías, sí adelantan que el primer mes ya recibieron en torno a las 15.000, y prevén que en un año entren en estos juzgados unas 192.000 demandas.

De momento, varias comunidades ya han empezado a fallar las primeras sentencias, siendo Asturias y Aragón las más ágiles al respecto. Las dos autonomías ya han resuelto 12 demandas respectivamente, según los últimos datos ofrecidos por el CGPJ. Desde el órgano judicial recuerdan que la velocidad de la resolución se debe a que suele haber allanamiento por parte de la entidad financiera demandada, es decir, que el banco reconoce la nulidad de la cláusula suelo.

El Juzgado de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) es otro de los que también ha resuelto una demanda a favor del hipotecado, mientras que los otros tres fallos se han dictado en Albacete (Castilla-La Mancha), Lugo (Galicia) y Barcelona (Cataluña).

Por el momento, hay comunidades que ya han celebrado varias vistas previas como Baleares, Cantabria y País Vasco, a la espera de sentencias, y otras como Castilla y León, La Rioja o Navarra, a la vista de que agosto no es un mes judicial hábil, han pospuesto las primeras audiencias previas a septiembre.

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Nuevas denuncias por abusos sexuales en Sanfermines: van cinco en tres días.

En el tercer día se han producido dos denuncias y una detención.

Durante el primer día de la fiesta, lo mismo: dos denuncias y un detenido.

En el segundo día, una denuncia.

La Junta Local de Protección Civil de Pamplona ha conocido en su reunión de la mañana de este domingo dos denuncias por abusos sexuales (tocamientos) en el tercer día de Sanfermines y, en relación a una de ellas, se ha producido una detención. La Junta de Protección Civil de Pamplona es un órgano interinstitucional en el que se ubican también diferentes servicios de Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno y es la única fuente oficial de información sobre los casos de agresiones sexistas. Por tanto es el que centraliza los datos sobre agresiones sexistas y solo la información que se comparte en ella y que sale de ella confirma posibles casos y activa la puesta en marcha del protocolo de respuesta conjunta entre las instituciones, el tejido asociativo y la ciudadanía. Tras las denuncias se han puesto a disposición de las mujeres los recursos municipales de orientación y atención judicial y psicológica y de acompañamiento de los que dispone el Ayuntamiento para estas situaciones. Uno de los objetivos del Ayuntamiento Pamplonés tras la puesta en marcha del nuevo protocolo es la protección de las víctimas tanto desde el punto de vista de la atención y el acompañamiento como desde el punto de vista informativo. La premisa inicial parte de que lo importante es la protección y la atención a la mujer agredida y a su entorno, aspectos que se tienen en cuenta a la hora de dar datos concretos e información sobre las denuncias. Se trata de evitar en todo momento que las mujeres agredidas sean revictimizadas por la sociedad o los medios de comunicación y se sientan estigmatizadas o culpabilizadas. Las denuncias, además de permitir la labor policial, refuerzan el mensaje municipal de la campaña ‘Pamplona libre de agresiones sexistas’ que exige la implicación social por la igualdad de género, también en el escenario de la fiesta. El Ayuntamiento ha destacado en una nota que Pamplona, sus instituciones y su ciudadanía tienen un “compromiso decidido e inequívoco por erradicar esta lacra de la ciudad y de sus fiestas en la línea de lo que expone la campaña puesta en marcha este año: Pamplona libre de agresiones sexistas”. Por tanto, el Ayuntamiento anima a las mujeres agredidas y a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de conductas tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista social, “desde la convicción de que una postura de rechazo activa es la mejor vía para acabar con estos comportamientos execrables”.

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Un juez condena al Ayuntamiento de Madrid por un error en el gps de la aplicación para aparcar EasyMobile

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid, ha anulado la multa de 60 euros que el Ayuntamiento de Madrid había impuesto a un ciudadano debido al fallo del gps de la aplicación EasyMobile, que había utilizado para pagar el estacionamiento de su coche.

El demandante estaciono frente al número 32 de la calle Comandante Zorita de Madrid el 27 de marzo de 2015. “Resulta acreditado”, dice el magistrado, que fue denunciado a las 10.31 de la mañana, apenas 7 minutos después de hacer el pago de 0,20 céntimos por la aplicación EasyMobile para obtener el permiso de estacionamiento mínimo de 20 minutos en zona azul desde las 10.24 a las 10.44 horas.

“El motivo de la denuncia fue que la autorización para estacionar se había efectuado en el Barrio 55 (Nueva España), mientras que el lugar donde había aparcado su vehículo se encuentra sito en el Barrio 62 (Cuatro Caminos)”, explica el magistrado.

 La parte actora  invocó en su recurso que la sancion “aquí combatida” se debió a un error de la aplicación informática.
El juicio se celebro el pasado día 19 de junio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid.

“En modo alguno se puede llegar a acreditar su culpabilidad [del ciudadano], ni su ánimo de llegar a defraudar al Ayuntamiento de Madrid ya que efectivamente abonó la prestación económica que le habilitaba aparcar en zona azul”, dice el magistrado en su sentencia”.

El Ayuntamiento no reconoció el error

El Consistorio, por su parte, negó estos razonamientos, solicitando que se ratificara la resolución dictada por el Área de Gobierno de Medio Ambiente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que había desestimaba el recurso de reposición presentado por el ciudadano contra la Resolución de 15 de junio de 2015.

En la misma el Ayuntamiento le impuso la mencionada sanción de 60 euros de multa por infrigir el artículo 61 de la Ordenanza de Movilidad al estacionar con distintivo no válido.

Absoluta falta de culpabilidad

“Aplicando los precedentes criterios jurisprudenciales al caso de autos no podemos sino inferir una absoluta falta de culpabilidad en el actuar del recurrente . Así haciendo uso de una de las aplicaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid para móvil de pago del SER efectuó un pago de 0,20 euros a fin de estacionar su vehículo en zona azul durante 20 minutos, siendo así que durante tal intervalo, concretamente a los 7 minutos, fue denunciado por una Controladora del SER, al apreciar esta que el estacionamiento se había efectuado correctamente en zona azul, pero precisando un barrio distinto, (el 55) al que efectivamente había estacionado (el 62)”, dice el juez en su sentencia.

“Con ello nos encontramos ante un error de la aplicación que ha de ser en todo caso imputada a la Empresa privada titular de la aplicación para móvil utilizada por la  actora y que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid para prestar dicho servicio, de manera que si bien, se puede llegar a reprochar a la actora que hubiera comprobado que el geolocalizador acertó al precisar el barrio de estacionamiento, nos encontramos ante una mínima falta de diligencia que no reviste la entidad suficiente para revelar una conducta culpable en la actora, máxime cuando la misma abonó al Ayuntamiento de Madrid, el precio fijado para estacionar válidamente el vehiculo”, prosigue el magistrado.

Enriquecimiento injusto

Con su forma de actuar, “el Ayuntamiento de Madrid, está incurriendo en un enriquecimiento injusto, pues debería, en aras a amparar el procedimiento sancionador incoado, a haber procedido a la devolución  a la actora los 0.20 céntimos ingresados, pues si considera que fue un error imputable a la actora la localización del barrio, también lo fue el precio abonado por la actora, pues el mismo no le autorizaba a aparcar, tal y como era su creencia”, añade.

“En definitiva, se sancionó a la actora por culpa de otro y ello se traduce en una responsabilidad sin culpa que nuestro ordenamiento desconoce”, concluye el fallo.

El magistrado anula, en consecuencia la multa de 60 euros y condena a pagar 100 euros en costas al Ayuntamiento de Madrid.

La sentencia es firme y no cabe la apelación por la cuantía.

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La nueva ley de autónomos permitirá cobrar toda la pensión si se contrata a un empleado

La iniciativa se debatirá en la Comisión de Empleo del próximo jueves, 29 de junio.

Los grupos han acordado que en el plazo máximo de cuatro años todas las exenciones y reducciones se conviertan en bonificaciones.

Se refuerza la figura del familiar colaborador y se amplían las bonificaciones por la contratación de familiares.

El PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han acordado incluir en la proposición de ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que tramita el Congreso una enmienda para permitir la compatibilización del trabajo y el cobro del 100% de la pensión siempre que el autónomo tenga contratado, como mínimo, a otro trabajador por cuenta ajena. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta medida se ha incorporado a la proposición de ley en la fase de ponencia. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Empleo del próximo jueves, 29 de junio, donde los grupos prevén aprobarla y remitirla al Senado para que continúe allí su tramitación. Otras de las medidas incorporadas en este acuerdo, que no incluye ni al PSOE ni a Unidos Podemos, incrementa la protección social de los autónomos, extendiendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tenga que ser sustituido por otro trabajador.

Asimismo, esta bonificación será compatible con las bonificaciones aplicables a los contratos con personas desempleadas que sustituyan a trabajadores autónomos durante estos períodos de descanso. Para las mujeres que hayan cesado su actividad y vuelvan tras la baja de maternidad, adopción, guarda, acogida o tutela, la tarifa de cotización será de 50 euros al mes durante el primer año o una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a 12 años. Por otro lado, los grupos han incorporado ampliar la cobertura de las contingencias profesionales para los accidentes ‘in itinere’ y la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información respecto a la prevención de riesgos laborales. Más bonificaciones En el acuerdo también incluye la ampliación del período por el cual los descuentos de la tarifa plana corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Si el Estado asumía seis meses de la tarifa plana, ahora pasa a asumir el coste de todo un año de esta tarifa reducida de 50 euros. A propuesta del PNV, los grupos han acordado que en el plazo máximo de cuatro años todas las exenciones y reducciones se conviertan en bonificaciones y, por tanto, políticas activas de empleo, pudiendo ser gestionadas por las comunidades autónomas que tienen competencia en las mismas, entre ellas el País Vasco. Además, en el caso de que un antiguo autónomo vuelva a darse de alta podrá acogerse a estas reducciones a la cotización a los dos años -anteriormente estaba fijado en cinco años-, aunque para los que ya hayan disfrutado de bonificaciones se fija un período de tres años. Asimismo, también hay un acuerdo para clarificar la obligatoriedad de darse de alta para aquellos trabajadores con ingresos bajos y que no superen en el cómputo anual el Salario Mínimo Interprofesional, así como la puesta en marcha de una cotización especial para autónomos a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Todas estas cuestiones deberán definirse en la Subcomisión para el Estudio del RETA. Contratación de familiares y discapacidad Por otro lado, se refuerza la figura del familiar colaborador, se amplían las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de familiares por parte de los trabajadores autónomos y se reduce el grado de discapacidad de los hijos de un trabajador autónomo mayor de 30 años para el acceso de ayudas, con incentivos para que éstos puedan ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. Por último, también se flexibilizan las altas y las bajas, con posibilidad de hasta tres altas y bajas en el régimen cada año y se agiliza el sistema de reintegro de parte de la cotización ingresada de más en caso de cese de actividad antes de finalizar el mes. Asimismo, la base mínima de cotización para los autónomos que cuenten con diez o más trabajadores contratados será fijada específicamente cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en vez de estar vinculada a la base de cotización de los trabajadores del Régimen General.

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Movistar le anula una factura de 3.900 € por usar internet en un país donde nunca estuvo.

Según la organización FACUA, la cliente contrató un servicio para usar datos de internet en Europa en 2015.

La compañía no le informó de que sus megas contratados estaban a punto de agotarse, como marca la ley.

La reclamante tendrá que pagar solo 68 euros.

La organización de consumidores FACUA ha informado este miércoles de la anulación de una factura de casi 4.000 euros por parte de Movistar hacia una usuaria que había contratado una tarifa de internet para navegar en Europa. Según informa la organización en un comunicado, Dolores P. R. “realizó en agosto de 2015 un crucero en barco que transcurrió por diferentes países. Antes del viaje, contrató con la compañía la Tarifa Internet Viaje Europa, que contemplaba la facturación de 2,5 euros por cada 50 megas descargados”. Movistar no cumplió la normativa legal que dice que hay que avisar al cliente cuando los megas contratados están a punto de agotarse, y cuando la cliente volvió del crucero recibió una factura de 3.896 euros. Además, incluyó en la factura que se encontraba en Serbia, país que nunca pisó durante el crucero.

El Instituto Galego de Consumo ha emitido un laudo arbitral dando la razón a Dolores, y ordenando “anular toda cantidad hasta ajustar el precio que se ha de pasar al cobro a la reclamante: 68,61 euros, impuestos indirectos incluidos”. Además, instó a Movistar a “excluir a la reclamante de cualquier fichero de responsabilidad patrimonial en el que hubiera incluido sus datos”.

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Los juzgados especializados en cláusulas suelo reciben ya casi 2.000 demandas

Registraron 1.986 en su primera semana de funcionamiento electrónico, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año.

Solo Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema.

 

Los juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas en su primera semana de funcionamiento a través del sistema electrónico LexNet, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año, ha comunicado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de demandas relacionadas con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, entre las que se incluyen las conocidas como cláusulas suelo, incluye aquellas presentadas de forma electrónica vía LexNet desde el 1 de junio en las Comunidades Autónomas que tienen este sistema implantado. Solamente Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema, añade la nota. Teniendo en cuenta que los datos corresponden a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas presentadas ante estos juzgados especiali

  • zados, según los datos facilitados al CGPJ por el Ministerio de Justicia. La media anual de procedimientos ordinarios —no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante el último lustro (desde 2012 a 2016) fue algo mayor, de 123.511. Según la proyección de este dato, se incrementarían en un 73,4% en el año los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, según el organismo.

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Tiene que devolver 320.000 euros de un décimo premiado con el El Gordo

Una vecina de Lugo tendrá que devolver los 320.580 euros netos de un décimo de la Lotería de Navidad de 2014 premiado con el Gordo que cobró en una entidad bancaria de esta ciudad gallega. El décimo se lo había encontrado. La sentencia se basó en informes caligráficos para concluir que el boleto había sido comprado por otra vecina de su barrio y que la acusada, tras encontrarlo, trató de borrar el nombre de “Inés” con el que su dueña lo había marcado.

En el juicio celebrado la pasada semana en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, la acusada, se libró de la pena de hurto. El juez no halló pruebas suficientes para dictaminar que había robado el boleto, por lo que desestimó condenarla a pena de prisión, tal y como solicitaba la acusación particular, que pedía para ella tres años de cárcel. La fiscalía limitó su petición a cuatro meses y medio de multa.

La sentencia solo considera a la acusada autora de un delito de apropiación indebida, por lo que le impone el pago de una sanción, además de las costas del juicio. El juez rechazó la versión que dio la acusada cuando aseguró en el juicio que compró el boleto con el número 13.437 en una administración de lotería porque le gustan los que acaban o empiezan con 13. “Lo compré ocho o diez días antes del sorteo porque empezaba por 13 y siempre busco ese número. Ya había comprado otros dos décimos, uno de ellos con la misma terminación, pero vi ese número apoyado en el mostrador y lo compré también”, declaró la acusada.

Quedó probado en la sentencia que la legítima dueña había comprado siete números correlativos del mismo número en la administración El Lor, en las galerías de la Praza de Santo Domingo de Lugo. Su intención era repartirlos entre familiares y amigos, por eso escribió a lápiz por detrás del boleto los nombres de los destinatarios a los que iba a obsequiar con un décimo. El que desapareció días antes de celebrarse el sorteo llevaba escrito el nombre de “Inés”, una de sus amigas, unos hechos que fueron denunciados ante la policía.

Fue precisamente ese boleto el que presentó la acusada en una sucursal bancaria de Lugo nada más tener noticia de que había sido premiado con 400.100 euros del Gordo de Navidad, aunque en realidad retiró en la ventanilla del banco 320.580 euros tras el descuento de los correspondientes impuestos.

El resultado de los informes caligráficos realizados en el boleto dio al traste con sus planes y se convirtió en la principal prueba documental contra ella pese a que intentó borrar todas las huellas. Los expertos lograron reconstruir los trazos de la escritura que quedó impresa en el papel y probaron que se correspondían con la escritura de los otros nombres que aparecían en el resto de los boletos comprados.

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Apuñalar 30 veces a una exmujer no es ensañamiento, elegida peor sentencia judicial del año.

  • Dos sentencias españolas elegidas la mejor y la peor para los derechos de las mujeres por la organización internacional Women’s Link.

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía defiende que degollar y asestar 30 puñaladas a una expareja no es ensañamiento “necesariamente” y por eso decidió rebajar de 25 a 17 años de prisión la pena de un asesino condenado por la Audiencia de Málaga. Ahora esta decisión acaba de alzarse con galardón del público a la sentencia judicial con peor impacto hacia las mujeres, en los premios que anualmente convoca la organización internacional para la defensa derechos de las mujeres y las niñas Women’s Link. “”Este reconocimiento como peor decisión judicial supone un apoyo y un aliento para mí y para mi familia para seguir buscando justicia en nombre de mi hermana asesinada. Centenares de personas le han dicho al tribunal que se equivocó emitiendo una sentencia tan machista y llena de prejuicios porque 30 puñaladas sí es ensañamiento”, señala Marián González, hermana de la víctima. Los hechos ocurrieron en 2014, y el año pasado el hombre fue condenado por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. A principios de 2017 el alto tribunal andaluz determinó que la noción legal de ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término, que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según la sentencia, “asestar 30 golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y, en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento”.

 

Así, en la resolución explicaba el Tribunal, según Europa Press, que “no basta con que el autor ejecute reiteradamente un agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”. Los premios Women’s Link Worldwide fueron creados para visibilizar cómo las decisiones de los tribunales pueden tener un impacto para bien o para mal en la vida de las mujeres y las niñas. En esta edición, una sentencia española también se ha aupado como la mejor decisión judicial del año. En su caso, se refiere al Tribunal de Justicia de Canarias, que ha definido jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género en España en un caso en el que otorga la pensión de viudedad a una mujer divorciada víctima de violencia de género. La mujer, tras morir en 2014 su exmarido solicitó pensión de viudedad, que le fue rechazada, por lo que presentó un recurso. El juzgado lo desestimó porque no existía condena por maltrato, solamente denuncias. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende como prueba de maltrato las denuncias presentadas, entre otros documentos.

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Deberá pagar una multa e indemnización por destrozar el local del que iba a ser desahuciado.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una multa de 1.800 euros y al pago de una indemnización de 98.000 euros a una  persona que destrozó el local que tenía alquilado cuando supo que debía abandonarlo por un desahucio.

En una sentencia que ya es firme -el condenado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, el tribunal confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander que le consideró autor de un delito de daños.

El relato de hechos describe cómo el hombre, previamente a que se llevara a cabo el lanzamiento por parte de la comisión judicial, desmontó el tejado de un comedor, las terrazas, los aseos y la cocina, tiró tabiques, arrancó las instalaciones eléctricas, los radiadores y canalones, e hizo agujeros y rayones en el suelo.

Todas estas acciones causaron unos daños que han sido valorados en 98.300 euros, el importe de la indemnización que el condenado deberá abonar al propietario del establecimiento.

En su defensa, adujo que su única intervención consistió en la retirada del mobiliario que había instalado en el local para explotar su negocio, y que cuando recibió el establecimiento éste se encontraba “en pésimo estado”.

Sin embargo, el tribunal alude a unas fotografías “evidenciadoras de los destrozos” ocasionados y añade que éstos “no se corresponden con la alegada retirada de los muebles por él usados en la explotación de su actividad, o a la retirada de los equipos separables del local”.

Señala la sentencia que la acción del acusado se corresponde con “un auténtico desmantelamiento de las instalaciones del local, con eliminación de elementos estructurales”, lo que “excede con mucho lo pretendido”.

A juicio del tribunal, tales desperfectos “por su naturaleza y gravedad evidencian un propósito malintencionado de dañar a la propiedad arrendadora”.

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El euríbor cierra mayo en -0,127% y marca un nuevo mínimo que rebaja las hipotecas

  • Este indicador se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales.
  • Es el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en negativo.

    El Banco de España ha confirmado este jueves que el euríbor a un año —el indicador que más se utiliza en España para calcular la cuota de las hipotecas— cerró mayo en el -0,127%, lo que supone un nuevo mínimo histórico y se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales. De este modo, mayo se convierte en el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en terreno negativo. El ahorro estimado de 61 euros anuales se debe a que hace un año, en mayo de 2016, el indicador se situaba en el -0,013%, con lo que una hipoteca media de 100.000 euros contratada entonces a un plazo de 25 años con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor tendría un coste mensual de 376,28 euros. Sin embargo, si una hipoteca con estas condiciones se revisa utilizando el dato de mayo de 2017, el coste sería de 371,20 euros por mes, es decir, 5,08 euros mensuales menos o 60,96 euros al año, esos casi 61 euros citados. La evolución del indicador depende de las subidas o bajadas de tipos que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que lleva varios meses sin moverlos del mínimo histórico del 0%. La próxima reunión tendrá lugar este próximo junio. Según explicó en su día el presidente del BCE, Mario Draghi, los tipos continuarán así o incluso más bajos durante una buena temporada, pues la recuperación cíclica de la economía de la zona euro “es sólida”, pero la entidad monetaria no ve que la inflación “muestre una tendencia alcista convincente”. Hace poco más de un año, en febrero de 2016, este indicador cerró por primera vez en su historia un mes con signo negativo y desde entonces ha seguido evolucionando a la baja. Ante este hecho inédito, en España se abrió un debate sobre si la banca acabaría pagando a los clientes por las hipotecas, algo que varias entidades se apresuraron a aclarar que nunca ocurrirá, pues al euríbor siempre se le suma un diferencial que decide cada banco. En España, el diferencial más bajo al que se ha vendido de forma general una hipoteca ha sido de 0,17 puntos porcentuales, por lo que el euríbor a un año tendría que hundirse un poco más que eso para que, una vez aplicado el diferencial, los intereses sean negativos. Con el indicador en tasas negativas desde hace tantos meses, la banca ha optado por subir el diferencial que aplica o introducir una cláusula “cero” en las hipotecas a tipo variable, que establece que el euríbor nunca podrá bajar del 0%, al tiempo que se ha incrementado la venta de hipotecas a tipo fijo.

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Una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.

La Sala sostiene que la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, según ha informado el CGPJ.

La sentencia resuelve el problema planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. La Sala de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirma la del juzgado de primera instancia que estimó la demanda de la propietaria obligando a la sociedad a realizar las obras de reparación o al pago del coste de la misma y al de una vivienda de alquiler.

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El apellido del padre dejará de tener preferencia en España desde el próximo 30 de junio

Se prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre, por lo que no ocasionará retrasos.

Los progenitores deberán emitir un escrito con el orden de los apellidos.

Desde el año 2000 se permite inscribir con el de la madre en primer lugar, pero en caso de no existir consenso, se daba preferencia al paterno.

El apellido paterno ya no primará a partir del próximo 30 de junio, cuando entra en vigor la reforma del Registro Civil, a la hora de inscribir a un hijo recién nacido y los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos.     La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre en el orden de los apellidos por lo que no ocasionará retrasos ni mayor volumen de trabajo.     “Se entiende que no implicará gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo ni provocará dilaciones pues es de suponer la existencia de acuerdo entre los progenitores en la mayoría de los casos”, informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar, si los padres envían una solicitud al Juez encargado del Registro Civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja. Si bien, en caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, desaparece la opción por defecto y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el Registro Civil, un cambio que permite “acercarse más a la igualdad”, según señala a Europa Press la letrada Anna Salort, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogadas.     Si no se hace constar el orden, o bien los progenitores están en desacuerdo, transcurrido el plazo de tres días será el propio encargado del Registro Civil quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el del padre. En este sentido, la letrada Anna Salort ha explicado que es aconsejable que los padres se pongan de acuerdo en el plazo establecido antes de que la decisión la tome una tercera persona.     “A partir del 30 de junio será obligatorio remitir al encargado del Registro Civil el orden en el plazo de tres días, y si no lo haces, va a ser el encargado del Registro Civil quien lo decida”, subraya Salort que apunta algunos de los recursos a los que podría recurrir este encargado para dar preferencia a uno u otro apellido: el orden alfabético, por sorteo o la estética, es decir, que suene mejor en combinación con el nombre.     Además, Salort ha destacado la ventaja que ofrecen los hospitales a los padres para inscribir a su hijo desde una sala facultada de la propia clínica. “En el plazo de 72 horas, el propio hospital lo remite al Registro Civil y ya no tienen que ir los padres”, ha precisado. En otros países  En comparación con otros países, Salort recuerda que a diferencia de España, donde siempre se han conservado los dos apellidos de los progenitores, en otros suelen conservar solo un apellido, como en EE UU o el Reino Unido, perdiéndose los de la madre.     Por otra parte, indica que al alcanzar la mayoría de edad, ya no es necesario un acuerdo entre los padres y la persona puede decidir cambiar el orden de sus apellidos conforme a su única y exclusiva voluntad, lo que puede dar lugar a que haya hermanos con distinto orden de apellidos.     Además, la ley ofrece la posibilidad de cambiar nombres y apellidos, de tal forma que puede establecerse el uso de los apellidos de ambos padres como primer apellido compuesto con el fin de evitar la desaparición de un apellido español, o bien para que no sea tan común. También prevé la posibilidad de cambio del apellido cuando sea contrario al decoro u ocasione graves inconvenientes.

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UN JUEZ PROHÍBE A UNA COMPAÑÍA DE TELÉFONO VOLVER A LLAMAR A UN EXCLIENTE.

  • El cliente decidió cambiar de compañía en 2015 y recibió dos facturas que se negó a pagar; la empresa le inscribió en un registro de morosos.
  • Orange comenzó a llamar a su teléfono y al de sus familiares y siguió a pesar de que Industria determinó que no debía nada a la compañía.
  • El hombre denunció por acoso telefónico y se ha adoptado esta medida cautelar; la Audiencia Provincial habla de “persistencia, intempestiva y generalizada”.

    El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de telefonía móvil. Según consta en un auto, esta prohibición es consecuencia de la adopción de una medida cautelar solicitada por el cliente, abogado de profesión, ante la supuesta insistencia de la compañía en reclamar una deuda que, por resolución del Ministerio de Industria, había quedado correctamente extinguida. El abogado ha explicado que “es la primera vez en España que se investiga un caso de acoso telefónico de estas características y también la primera ocasión en la que se impone una prohibición de comunicación como medida cautelar a una compañía de telefonía móvil”. A finales de 2015 este hombre decidió cambiar de empresa telefónica, de Orange a otra, realizando una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía. Sin embargo, semanas después recibió dos facturas de Orange por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad. Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas. Contemplado en el Código Penal Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa, que recayó en el citado juzgado. Este abrió diligencias previas en mayo del año pasado pero a continuación sobreseyó y archivó el asunto. Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma. Además, y con el visto bueno de la Fiscalía, impuso a Orange España y a las empresas ISGF (Jurídico Informes Comerciales SL) y Gemini (Recoveries & Collections) la orden de prohibición de comunicarse con su excliente y su familia en cualquier modo y con respecto a cualquier medio de comunicación, advirtiendo de que, de incumplir esta medida, se pondrán imponer otras más restrictivas, como la prisión provisional. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideran que la descripción de hechos que efectúa el denunciante, acompañada de documentación acreditativa, “no solo es altamente molesta por su persistencia, habitual, intempestiva y generalizada, de determinadas compañías suministradoras de productos/servicios o sus contratados, sino que, tras la última reforma del Código Penal, debe merecer la admisión a trámite”. Para el demandante, “muchas compañías de telefonía prefieren no acudir a la vía judicial para reclamaciones de cantidad relativamente pequeñas, por lo que contratan servicios de empresas que se dedican a enviar mensajes y llamar continuamente, una práctica molesta que ahora se investigará por si pudiese ser constitutiva de acoso”.
    Por el contrario, desde Orange se indica que “es un proceso que está en fase de instrucción” y rechaza haber incurrido en ninguna irregularidad. “Este cliente tiene deuda con Orange y lo que denuncia es que le han llamado de empresas de recobro para reclamar el pago de la deuda. Nuestro proceso de recobro está externalizado en varias empresas, y siguen instrucciones sobre el límite máximo de llamadas y horario en que se pueden realizar”, ha informado Orange

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CAMBIOS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN subirá de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas.

La Junta de Castilla y León subirá de 250.000 € a 300.000 €  el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas de padres a hijos y entre cónyuges en 2017, logro del acuerdo alcanzado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda durante el Consejo de Gobierno en el que ha realizado un avance de la Ley de Medidas Tributarias.

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El Gobierno reconoce el derecho a las bajas de maternidad y paternidad en la gestación subrogada.

El Gobierno reconoce ya el derecho de padres y madres de hijos nacidos mediante gestación subrogada a percibir las prestaciones por maternidad y paternidad. Se ha visto obligado a revertir su criterio –por el que denegaba este derecho– tras una Sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre que estimó favorablemente dos casos en los que la Seguridad Social las había rechazado.

Así lo confirma el Ministerio de Empleo y Seguridad Social , que de esta manera rompe con la tendencia de denegar este tipo de prestaciones a pesar de que los padres estuvieran cotizando. La Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social ya se lo ha comunicado a sus funcionarios “para que sepan cómo actuar”, señalan fuentes del Ministerio.

“Ya hay expedientes abiertos y se está concediendo”, prosiguen las mismas fuentes. Los padres podrán disfrutar del mes de baja que el Gobierno puso en marcha a partir del 1 de enero –en lugar de los 15 días que les correspondían antes– y de las 16 semanas las madres. Una prestación –la de maternidad– a la que también podrán optar los padres solos al igual que ocurre en otros casos como adopción o acogimiento. En ese caso “no pueden disfrutar de las dos, solo será concedida la de maternidad”, matizan desde Empleo.

Este es uno de los argumentos que el Tribunal Supremo utilizó para reconocer las prestaciones por primera vez en la sentencia que ahora ha debido aplicar la Seguridad Social. En el caso del hombre que solicitó la prestación por maternidad lo equiparó a estas otras situaciones –adopción y acogimiento–.  En ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas, por ejemplo si fallece, “se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión”, estableció. 

De esta forma el Supremo ha apostado por hacer una  interpretación “ integradora de las normas” al concluir que la atención a los menores tiene que  ser el punto de vista predominante a la hora de tomar estas decisiones. El falló unificó doctrina y se unió a los que ya habían dictado otros tribunales y que dictaminaban que el rechazo en la concesión de las bajas discriminaba al menor.

Una técnica prohibida en España

El Supremo dio la razón a los solicitantes en dos casos. El primero, el de una mujer que tiene un hijo por gestación subrogada, figurando ella como madre y su pareja varón como padre. El segundo era un hombre que concertó esta técnica en India  utilizando su material genético. Él figura como padre y la madre gestante como madre. 

A ambos la Seguridad Social les denegó las prestaciones basándose en que “la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución”, según la sentencia. Es decir, fundamentándose en que se trata de una técnica prohibida en España y a la que acceden ciudadanos españoles en otros países donde sí se permite.

El artículo 10 de esta norma establece “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Así, establece que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.

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Primeras sentencias de Audiencias gallegas sobre retroactividad de cláusulas suelo Las Audiencias Provinciales de Lugo y Pontevedra han dictado las primeras sentencias en las que se aplica el fallo del TJUE sobre retroactividad de las cláusulas suelo

En el caso concreto analizado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la Sala entiende que una vez descartada la postura del banco de que se trataba de una “cosa juzgada” y de que concurría “pérdida sobrevenida de objeto”, el debate se centraba en la fecha a la que debía retrotraerse la nulidad, esto es, “si debe estarse al momento de celebración del contrato –como interesa la parte demandante-, o a la fecha de publicación de la primera de las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que acordó la nulidad por falta de transparencia –como defiende la demandada y acoge la sentencia recurrida-”.

Los magistrados, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin contravenir el Derecho comunitario, condenan a la entidad a abonar a los demandantes las cantidades indebidamente satisfechas desde la fecha de celebración del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

De forma similar, y en aplicación de la misma resolución del TJUE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo da la razón a los clientes en el sentido de que “la extensión de los efectos de la nulidad de la cláusula comporta la devolución íntegra de lo indebidamente percibido” por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo.

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Gobierno y PSOE llegan a un acuerdo para la devolución del dinero de las cláusulas suelo

El Gobierno y el PSOE han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más.

Según fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá pre visiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.

 

 

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NUEVO GOLPE A LA BANCA. La Audiencia de Álava avala que Kutxabank no cobre 30 euros a clientes en “números rojos”

  • La primera sentencia a favor de la Organización Vasca de Personas Consumidoras y contra el banco fue en junio; Kutxabank irá al Supremo.
  • Esa resolución fue la primera de esas características en España.
  • La entidad cobraba 30 euros a clientes cuando sus cuentas se quedaban en “números rojos” o cuando se retrasaban con los pagos de los créditos.

La Audiencia de Álava ha ratificado una sentencia que obligaba al banco vasco Kutxabank a eliminar la comisión que cobra a sus clientes cuando sus cuentas se quedan en “números rojos” o cuando se retrasan con los pagos de los créditos.

Esa resolución fue la primera de esas características en España, según la Organización Vasca de Personas Consumidoras (EKA/OCU), promotora de la acción contra el banco, que anunció que llevaría a los tribunales a todas las entidades financieras que continúen cobrando estas comisiones. Ahora ha sido ratificada por la Audiencia de Álava, aunque todavía no es firme porque Kutxabank ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Según ha informando hoy en un nota de prensa EKA/OCU, la Sección Primera de la  Audiencia alavesa ha confirmado la resolución que el pasado junio dictó el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria que obligaba a dicha entidad a dejar de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la comisión de 30 euros. El Juzgado ordenó a la entidad financiera que dejase de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la “comisión por reclamación de posiciones deudoras, vencidas o descubiertos” en los contratos de operaciones de crédito y en los de cuentas corrientes, tanto en los que firme en adelante como en los que Kutxabank tiene en vigor. La sentencia advertía al banco de que si no dejaba de cobrar esa comisión se le impondría una multa de 1.000 euros diarios.

Ese fallo fue recurrido por Kutxabank ante la Audiencia de Álava, que en una sentencia dictada el pasado 30 de diciembre ha dado de nuevo la razón a EKA/OCU. El banco vasco ha argumentado que cobra esa comisión porque ofrece un “servicio”, ya que avisa al cliente de que está en “números rojos” o no ha abonado el crédito, condición que establece el Banco de España para reclamar una cantidad.

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Los gastos hipotecarios, otro melón de devoluciones ‘millonarias’

Ofensiva de las asociaciones de usuarios por la repercusión de los gastos hipotecarios, tras varias sentencias favorables a los clientes bancarios.

Los jueces citan la sentencia de 2015 del Supremo que cree abusivo que los clientes paguen en solitario los gastos de notaría, registro e impuestos.

Adicae calcula que hasta ocho millones de hipotecados pueden verse beneficiados de devoluciones que podrían ascender a unos 3.000 € de media.

La factura para la banca depende de si debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, que supone un 85% de los gastos.

Si la sentencia europea sobre las cláusulas suelo no fue suficiente, la banca afronta una nueva bofetada judicial, esta vez sobre gastos hipotecarios, que podría obligar a las entidades a devolver una nueva suma millonaria.  Varias sentencias recientes citan un dictamen del Supremo que anuló en 2015 por abusiva la política bancaria de repercutir al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas.  Adicae lamenta “la actitud obstinada de la banca negándose a acatar la legalidad pese al abuso reconocido”.  En 20minutos te explicamos lo que necesitas saber para recobrar tu dinero.

¿Cómo ha surgido este asunto?

De cuatro sentencias recientes favorables al reintegro de estos gastos en virtud de una sentencia del Supremo en diciembre de 2015. El alto tribunal consideró entonces un abuso que los bancos repercutieran a sus clientes todos los gastos de formalización de las hipotecas, así que decretó la nulidad de estas cláusulas contractuales. A esta decisión judicial se añadió que el Gobierno traspuso en agosto –en el anteproyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario– una norma comunitaria  que solo permite repercutir al cliente los gastos de hipoteca por servicios solicitados o aceptados expresamente que respondan a servicios prestados que puedan acreditarse.

¿A qué gastos se refiere la sentencia del Supremo?

Aparte de la amortización del préstamo, los bancos han estado repercutiendo a sus clientes tres conceptos adicionales: los gastos de notaría para constituir el préstamo, la inscripción en el registro y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). “Estos gastos deberían asumirlos los bancos porque sirven para asegurar la recuperación del préstamo”, explica la OCU, la organización impulsora de la demanda primigenia que originó la sentencia del Supremo a finales de 2015 que negaba los recursos de dos bancos, el BBVA y el Popular. “No puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”, llegó a decir el tribunal en su sentencia.

¿Y cuáles de estas partidas puedo recuperar ahora?

La OCU calcula que los gastos en una hipoteca de 150.000 euros, se elevarían a 3.100 euros, de los que 435 responden a la notaría, 125 al registro y 2.550 (casi un 85% del total) al IAJD. Adicae explica por su parte que los gastos derivados del préstamo corresponderían al hipotecado; y los de su formalización, al banco. De este modo, los gastos de notaría y registro deberían abonarlos la banca… pero existe cierta “controversia” sobre quién debe abonar el IAJD, el gasto principal repercutido al cliente. Las sentencias emitidas al respecto son contradictorias: unas dictan que debe pagarlo el cliente, otras el banco y algunas, que entre ambos.

¿Cuánto dinero debería devolverme el banco?

Depende de la cuantía de tu hipoteca, si la hipoteca se contrató en 2010 y la cantidad prestada fue de 150.000 €, el banco reintegraría unos 3.100 €.

¿Y qué pasa si acabé de pagar la hipoteca el año pasado?

No importa. Pueden pedir la devolución tanto aquellos clientes que aún  afrontan su hipoteca –tienen de plazo hasta 2019– como aquellos que amortizaron su préstamo en el pasado, siempre que no hayan pasado cuatro años entre el pago de la última letra y la sentencia del Supremo de diciembre de 2015. Es decir, aquellos que terminaron de pagar su préstamo antes de diciembre de 2011 ya no podrán reclamar los gastos indebidamente cobrados por su entidad.

¿Qué harán los bancos?

Cinco entidades –Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja– han empezado  a asumir al menos los gastos de notaría y registro, tal y como adelantó El País la semana pasada. La OCU calcula que seis millones de clientes con hipotecas vivas en 2015 podrían reclamar  la devolución de 450 millones correspondientes solo a los gastos de ese año. Según Adicae, el número total de afectados podría alcanzar los ocho millones.

¿Cómo puedo reclamar los gastos que me cobraron?

Las asociaciones de usuarios aconsejan intentar primero un acuerdo con la banca. “Hay que ser prudentes con la vía judicial porque si se resuelve contra el cliente, aunque sea parcialmente, este pagaría sus costas”, advierten desde Adicae. De hecho, un juzgado de Oviedo rechazó recientemente que un banco reintegrase los gastos de una ampliación hipotecaria.

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Un juez obliga al BBVA a devolver los gastos abusivos cobrados al suscribir una hipoteca

  • La entidad deberá hacerse cargo del contrato firmado con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, a la que absorbió en septiembre de 2016.
  • Catalunya Banc obligó a una cliente a abonar íntegros los 3.371 euros de los gastos del notario, registro e impuestos de actos jurídicos.
    El BBVA tendrá que devolver a una clienta los 3.371 euros que esta pagó al constituir su hipoteca después de que el juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona) haya determinado que esos gastos debían de ser abonados por ambas partes al 50%. La sentencia, recogida por el diario Expansión, se refiere a un crédito firmado en el año 2010 con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, entidad que fue absorbida por el BBVA en septiembre de 2016. La decisión no solo establece la devolución de esta cantidad, que se estipuló para costear el notario, el procedimiento de registro y los impuestos de actos jurídicos documentados, sino que anula la cláusula suelo de la hipoteca y establece la devolución de las cantidades que fueron cobradas a la perjudicada en virtud del límite establecido del 3,5% de interés.
  • El texto cita en este punto la sentencia del Tribunal Supremo que determinó la ilegalidad de las cláusulas suelo

    Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2926980/0/juez-bbva-devolver-gastos-hipoteca-catalunya-banc/#xtor=AD-15&xts=467263

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¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?

En el Diario de Burgos de ayer 27 de diciembre hay unas declaraciones del decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado, aconsejando a los afectados por cláusulas suelo que consulten a un  letrado,  “porque cada supuesto es distinto” y los bancos son “parte interesada”.

Es cierto que el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que todos los afectados por cláusulas suelo tienen derecho a la devolución de todo lo que el banco les ha cobrado de más desde la firma de la hipoteca, “pero cada caso es un mundo”, advierte Joaquín Delgado.

A todos los afectados les recomienda, “y no es barrer para casa”, que “efectúen una consulta con un letrado para saber su situación.

¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?En las reclamaciones de hipotecas con cláusula suelo, si la entidad bancaria es condenada a pagar costas (el 100% de las reclamaciones que hemos efectuado), nuestra minuta es cubierta por el banco.  Pide presupuesto sin compromiso.

 

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Mazazo europeo a la banca: pierde el caso de las cláusulas suelo y debe devolver todo lo cobrado de más

La Justicia europea obliga a las entidades financieras a reembolsar todo lo cobrado por estas cláusulas desde el inicio de cada contrato hipotecario.

“La jurisprudencia española que limita en el tiempo la nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirma el TJUE.

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España.

La banca española ha recibido todo un mazazo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras dictaminar este miércoles que las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo incluídas en casi dos millones de hipotecas, no solo deben ser devueltas desde 2013… sino desde el inicio del contrato hipotecario.

El TJUE, de este modo, resuelve en contra del criterio del abogado general del tribunal Pablo Mengozzi, que avaló el pasado 13 de julio que se aplicase una retroactividad limitada y solo se devolviesen las cantidades injustamente cobradas desde la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2013. Las cobradas desde que se empezaron a aplicar estas cláusulas, allá por 2009, según el letrado, no debían reintegrarse al cliente. El alto tribunal español consideró entonces que las cláusulas suelo —que establecen un mínimo de interés para los bancos y que han impedido a muchos clientes de hipotecas variables beneficarse de los efectos de la caída del Euríbor a tasas negativas— eran abusivas porque los contratantes no habían sido informados de sus efectos económicos, pero estimó que su nulidad solo provocaría la devolución de las cantidades cobradas de más a partir de su sentencia. “La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirman ahora desde el TJUE tras dar a conocer su dictamen, que entiende que si una cláusula suelo es abusiva y se anula, no se puede limitar solo al momento posterior al que se pronuncie un tribunal nacional. Según la justicia europea, limitar la devolución de las cantidades indebidamente daría lugar a “una protección de los consumidores incompleta e insuficiente” porque si un juez ha estimado que esta clásula hipotecaria es abusiva, “debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido” en el contrato

Le quita la razón al Supremo… y se la da a la Comisión

El abogado Paolo Mengozzi había explicado en su informe de julio que aplicar la retroactividad total podría tener “repercusiones macroeconómicas” y unn duro golpe para el sector financiero español, en un contexto de salida de un programa de rescate, además, del escenario actual de bajos tipos y bajos márgenes para su negocio.

Pero su preocupación por el sector bancario ni ha sido compartida este miércoles por el TJUE, que entiende que la nulidad de una cláusula debe provocar la “restitución de las ventajas obtenidas indebidamente en detrimento del consumidor” y que los bancos españoles deben reembolsar todo el dinero ingresado de más desde el inicio de cada contrato hipotecario.

Y tampoco lo entendió así el Ejecutivo comunitario a finales de 2015, cuando también se mostró favorable a la retroactividad total: “No es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y transparencia”, dijo la Comisión.

Una factura millonaria para la banca 

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España, que no desglosan por política interna el importe de cada entidad. Sin embargo, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres bancos —BBVA, Popular y CajaSur— citaron en Luxemburgo un informe de 2013 del propio Banco de España que elevaba esa devolución a hasta 7.500 millones. Otras fuentes proporcionan otras cifras: Afi la eleva a 4.474 millones (se unirían a los 5.269 ingresados entre marzo de 2013 y 2016) y Goldman Sachs a 3.000.

El BBVA cifra en 1.200 millones de euros el coste extra que le supondría la devolución de lo ingresado de más por las cláusulas suelo hasta 2013, el Popular calcula que el impacto en su entidad será de 684 millones —ya ha provisionado 350 en su balance—, mientras que Bankia estima que será de 200 millones —100 millones ya estarían provisionados—, Liberbank calcula que el efecto en su entidad será de 83 millones y Caixabank prevé tener que provisionar 750 millones. El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander.
El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander. El impacto en la banca también podría estar amortiguada porque las entidades ya han ido provisionado dinero en sus balances para cubrir esta contingencia a medida que se emitían sentencias en su contra… y algunas han emprendido pactos con el cliente cambiar su hipoteca variable a una hipoteca fija. Las entidades financieras, que sufren una gran caída en Bolsa en esta jornada, dicen que el sector está “preparado” y es “solvente” para hacer frente a la sentencia. La devolución, en todo caso, podría no realizase de forma inmediata. Las asociaciones de consumidores temen que en vez de devolver directamente las cantidades ingresadas de forma indebida, la banca intente que los ciudadanos tengan que acudir a la justicia para reclamarlas. En este sentido, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, explica que su partido negocia con el Gobierno poner en marcha algún “procedimiento extrajudicial” para que los afectados recuperen su dinero pronto, sin esperar a juicios “prolijos y costosos”.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2917741/0/dictamen-tjue-retroactividad-clausulas-suelo/#xtor=AD-15&xts=467263

 

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PREPARANDO NUEVOS ABOGADOS

 

Por segundo año consecutivo participo como profesor en el Módulo de Habilidades del Abogado del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Al finalizar las clases se realizan juicios simulados para que los alumnos participen y aprendan con un ejercicio práctico, los cuales se llevan a cabo en los Juzgados de Reyes Católicos, con la colaboración de 4 jueces de carrera.

Diciembre 2016.

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El próximo 21 de diciembre el TJUE debe decidir sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo

El próximo 21 de diciembre se hará pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Los jueces podrían condenar a los bancos a devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde la fecha de la firma de cada hipoteca –la denominada retroactividad total– o desde el 9 de mayo de 2013, el límite temporal establecido por el Tribunal Supremo español –lo que ha apoyado el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi–.El Supremo sentenció en 2013 en contra de estas cláusulas pero introdujo una limitación temporal a la devolución de cantidades indebidamente pagadas por los clientes: el 9 de mayo de 2013, la fecha de la primera sentencia al respecto del Alto Tribunal. Las cantidades cobradas con anterioridad a esta fecha, no deberían devolverse a los clientes. El Constitucional inadmitió después el recurso de amparo presentado por BBVA y Cajamar contra la sentencia. Para los hipotecados, explican desde Reclamador, en el peor de los escenarios la situación seguiría como hasta ahora –retroactividad a partir de mayo de 2013– y los afectados podrían reclamar y recuperar lo pagado de más desde entonces. Pero la medida no afecta a todos los bancos por igual.  Lo cierto es que hasta ahora solo algunos entidades bancarias han dejado de aplicar la cláusula suelo de forma voluntaria pero ninguno de ellas ha devuelto el dinero a sus clientes de forma masiva. Por eso cabe esperar que no cambien de criterio ahora que la cantidad puede ser incluso más alta y esperen a que las familias hipotecadas pongan su caso en la vía judicial sea cual sea la decisión del Tribunal Europeo. En palabras de Iria Aguete, responsable de banca de Reclamador, “los bancos siguen forzando a los afectados a acudir al juzgado para recuperar su dinero porque saben que muchos no se atreven a llegar a este punto”. El coste para la banca, de hasta 7.600 millones Hay jueces que han optado por suspender juicios de cláusula suelo hasta esperar la sentencia del TJUE. En estos casos, los clientes podrían optar a recuperar todas las cantidades, si finalmente los jueces europeos rectifican la decisión del Supremo español. Según el Banco de España, a finales de 2014 había 5,8 millones de hipotecas vivas de primera vivienda en nuestro país. De ellas, entre el 30% y 40% contendría este ‘suelo’ entre sus condiciones. Es decir, dos millones de préstamos hipotecarios se verán afectados por la decisión del TJUE. Si los jueces europeos deciden la total retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, los bancos deberían devolver entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España; BBVA y Popular lo cifran en 5.800 millones. Según Ausbanc, las entidades no pueden alegar que suponga un riesgo para el sistema la devolución de estas cantidades porque “no se haría de forma inmediata, sino paulatinamente, durante varios años, conforme las sentencias judiciales fuesen declarando abusivas las cláusulas suelo”.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2909937/0/hipotecas-clausulas-suelo-sentencia-tjue-21-diciembre-devolucion/#xtor=AD-15&xts=467263

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La lucha contra el fraude detecta 403.000 empleos irregulares y 5.700 empresas ficticias

El Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha conseguido aflorar hasta octubre 403.000 empleos irregulares y ha logrado la conversión de 247.000 temporales en indefinidos desde abril de 2012, al tiempo que ha permitido detectar 5.700 empresas ficticias sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones en ese mismo periodo. Así lo ha señalado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad del Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, en la que ha avanzado que se potenciará la Oficina de Lucha contra el Fraude y se llevará a cabo en concordancia con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales un plan estratégico para acometer actuaciones de manera “más concreta”. Báñez ha indicado que las actuaciones del Plan de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social han incrementado la eficacia de la actuación de la Inspección en la lucha contra el fraude, y el conjunto de medidas ha tenido un impacto económico de 17.189 millones de euros en ese período.

También ha resaltado el “esfuerzo” realizado para incrementar la plantilla, ya que desde 2012 se han incorporado 242 nuevos inspectores y subinspectores. En este sentido, ha defendido la “tolerancia cero” con el fraude al ser el “enemigo” del empleo y ha recordado que se han llevado a cabo diferentes actuaciones para combatirlo. Entre otros, ha citado la modificación del Código Penal para mejorar la lucha contra el fraude y perseguir los delitos; la Ley ordenadora del sistema de inspección en el Trabajo y el refuerzo de la plantilla de inspectores y subinspectores hasta los 509 efectivos.

 

EUROPA PRESS. 12.12.2016 – 16:16h
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2909799/0/plan-lucha-contra-fraude-laboral-detecta-403-000-empleos-irregulares-5-700-empresas-ficticias/#xtor=AD-15&xts=467263

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25 AÑOS TRABAJANDO.

El pasado 25 de noviembre recibimos del Colegio de Abogados de Burgos la insignia de plata los abogados con 25 años de ejercicio profesional sin tacha. Enhorabuena a todos!.

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