José Ramón Arroyo Esgueva - Abogado - Aranda de Duero - Burgos


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Movistar le anula una factura de 3.900 € por usar internet en un país donde nunca estuvo.

Según la organización FACUA, la cliente contrató un servicio para usar datos de internet en Europa en 2015.

La compañía no le informó de que sus megas contratados estaban a punto de agotarse, como marca la ley.

La reclamante tendrá que pagar solo 68 euros.

La organización de consumidores FACUA ha informado este miércoles de la anulación de una factura de casi 4.000 euros por parte de Movistar hacia una usuaria que había contratado una tarifa de internet para navegar en Europa. Según informa la organización en un comunicado, Dolores P. R. “realizó en agosto de 2015 un crucero en barco que transcurrió por diferentes países. Antes del viaje, contrató con la compañía la Tarifa Internet Viaje Europa, que contemplaba la facturación de 2,5 euros por cada 50 megas descargados”. Movistar no cumplió la normativa legal que dice que hay que avisar al cliente cuando los megas contratados están a punto de agotarse, y cuando la cliente volvió del crucero recibió una factura de 3.896 euros. Además, incluyó en la factura que se encontraba en Serbia, país que nunca pisó durante el crucero.

El Instituto Galego de Consumo ha emitido un laudo arbitral dando la razón a Dolores, y ordenando “anular toda cantidad hasta ajustar el precio que se ha de pasar al cobro a la reclamante: 68,61 euros, impuestos indirectos incluidos”. Además, instó a Movistar a “excluir a la reclamante de cualquier fichero de responsabilidad patrimonial en el que hubiera incluido sus datos”.

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Los juzgados especializados en cláusulas suelo reciben ya casi 2.000 demandas

Registraron 1.986 en su primera semana de funcionamiento electrónico, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año.

Solo Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema.

 

Los juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas en su primera semana de funcionamiento a través del sistema electrónico LexNet, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año, ha comunicado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de demandas relacionadas con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, entre las que se incluyen las conocidas como cláusulas suelo, incluye aquellas presentadas de forma electrónica vía LexNet desde el 1 de junio en las Comunidades Autónomas que tienen este sistema implantado. Solamente Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema, añade la nota. Teniendo en cuenta que los datos corresponden a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas presentadas ante estos juzgados especiali

  • zados, según los datos facilitados al CGPJ por el Ministerio de Justicia. La media anual de procedimientos ordinarios —no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante el último lustro (desde 2012 a 2016) fue algo mayor, de 123.511. Según la proyección de este dato, se incrementarían en un 73,4% en el año los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, según el organismo.

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Tiene que devolver 320.000 euros de un décimo premiado con el El Gordo

Una vecina de Lugo tendrá que devolver los 320.580 euros netos de un décimo de la Lotería de Navidad de 2014 premiado con el Gordo que cobró en una entidad bancaria de esta ciudad gallega. El décimo se lo había encontrado. La sentencia se basó en informes caligráficos para concluir que el boleto había sido comprado por otra vecina de su barrio y que la acusada, tras encontrarlo, trató de borrar el nombre de “Inés” con el que su dueña lo había marcado.

En el juicio celebrado la pasada semana en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, la acusada, se libró de la pena de hurto. El juez no halló pruebas suficientes para dictaminar que había robado el boleto, por lo que desestimó condenarla a pena de prisión, tal y como solicitaba la acusación particular, que pedía para ella tres años de cárcel. La fiscalía limitó su petición a cuatro meses y medio de multa.

La sentencia solo considera a la acusada autora de un delito de apropiación indebida, por lo que le impone el pago de una sanción, además de las costas del juicio. El juez rechazó la versión que dio la acusada cuando aseguró en el juicio que compró el boleto con el número 13.437 en una administración de lotería porque le gustan los que acaban o empiezan con 13. “Lo compré ocho o diez días antes del sorteo porque empezaba por 13 y siempre busco ese número. Ya había comprado otros dos décimos, uno de ellos con la misma terminación, pero vi ese número apoyado en el mostrador y lo compré también”, declaró la acusada.

Quedó probado en la sentencia que la legítima dueña había comprado siete números correlativos del mismo número en la administración El Lor, en las galerías de la Praza de Santo Domingo de Lugo. Su intención era repartirlos entre familiares y amigos, por eso escribió a lápiz por detrás del boleto los nombres de los destinatarios a los que iba a obsequiar con un décimo. El que desapareció días antes de celebrarse el sorteo llevaba escrito el nombre de “Inés”, una de sus amigas, unos hechos que fueron denunciados ante la policía.

Fue precisamente ese boleto el que presentó la acusada en una sucursal bancaria de Lugo nada más tener noticia de que había sido premiado con 400.100 euros del Gordo de Navidad, aunque en realidad retiró en la ventanilla del banco 320.580 euros tras el descuento de los correspondientes impuestos.

El resultado de los informes caligráficos realizados en el boleto dio al traste con sus planes y se convirtió en la principal prueba documental contra ella pese a que intentó borrar todas las huellas. Los expertos lograron reconstruir los trazos de la escritura que quedó impresa en el papel y probaron que se correspondían con la escritura de los otros nombres que aparecían en el resto de los boletos comprados.

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Apuñalar 30 veces a una exmujer no es ensañamiento, elegida peor sentencia judicial del año.

  • Dos sentencias españolas elegidas la mejor y la peor para los derechos de las mujeres por la organización internacional Women’s Link.

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía defiende que degollar y asestar 30 puñaladas a una expareja no es ensañamiento “necesariamente” y por eso decidió rebajar de 25 a 17 años de prisión la pena de un asesino condenado por la Audiencia de Málaga. Ahora esta decisión acaba de alzarse con galardón del público a la sentencia judicial con peor impacto hacia las mujeres, en los premios que anualmente convoca la organización internacional para la defensa derechos de las mujeres y las niñas Women’s Link. “”Este reconocimiento como peor decisión judicial supone un apoyo y un aliento para mí y para mi familia para seguir buscando justicia en nombre de mi hermana asesinada. Centenares de personas le han dicho al tribunal que se equivocó emitiendo una sentencia tan machista y llena de prejuicios porque 30 puñaladas sí es ensañamiento”, señala Marián González, hermana de la víctima. Los hechos ocurrieron en 2014, y el año pasado el hombre fue condenado por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. A principios de 2017 el alto tribunal andaluz determinó que la noción legal de ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término, que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según la sentencia, “asestar 30 golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y, en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento”.

 

Así, en la resolución explicaba el Tribunal, según Europa Press, que “no basta con que el autor ejecute reiteradamente un agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”. Los premios Women’s Link Worldwide fueron creados para visibilizar cómo las decisiones de los tribunales pueden tener un impacto para bien o para mal en la vida de las mujeres y las niñas. En esta edición, una sentencia española también se ha aupado como la mejor decisión judicial del año. En su caso, se refiere al Tribunal de Justicia de Canarias, que ha definido jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género en España en un caso en el que otorga la pensión de viudedad a una mujer divorciada víctima de violencia de género. La mujer, tras morir en 2014 su exmarido solicitó pensión de viudedad, que le fue rechazada, por lo que presentó un recurso. El juzgado lo desestimó porque no existía condena por maltrato, solamente denuncias. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende como prueba de maltrato las denuncias presentadas, entre otros documentos.

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Deberá pagar una multa e indemnización por destrozar el local del que iba a ser desahuciado.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una multa de 1.800 euros y al pago de una indemnización de 98.000 euros a una  persona que destrozó el local que tenía alquilado cuando supo que debía abandonarlo por un desahucio.

En una sentencia que ya es firme -el condenado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, el tribunal confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander que le consideró autor de un delito de daños.

El relato de hechos describe cómo el hombre, previamente a que se llevara a cabo el lanzamiento por parte de la comisión judicial, desmontó el tejado de un comedor, las terrazas, los aseos y la cocina, tiró tabiques, arrancó las instalaciones eléctricas, los radiadores y canalones, e hizo agujeros y rayones en el suelo.

Todas estas acciones causaron unos daños que han sido valorados en 98.300 euros, el importe de la indemnización que el condenado deberá abonar al propietario del establecimiento.

En su defensa, adujo que su única intervención consistió en la retirada del mobiliario que había instalado en el local para explotar su negocio, y que cuando recibió el establecimiento éste se encontraba “en pésimo estado”.

Sin embargo, el tribunal alude a unas fotografías “evidenciadoras de los destrozos” ocasionados y añade que éstos “no se corresponden con la alegada retirada de los muebles por él usados en la explotación de su actividad, o a la retirada de los equipos separables del local”.

Señala la sentencia que la acción del acusado se corresponde con “un auténtico desmantelamiento de las instalaciones del local, con eliminación de elementos estructurales”, lo que “excede con mucho lo pretendido”.

A juicio del tribunal, tales desperfectos “por su naturaleza y gravedad evidencian un propósito malintencionado de dañar a la propiedad arrendadora”.

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El euríbor cierra mayo en -0,127% y marca un nuevo mínimo que rebaja las hipotecas

  • Este indicador se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales.
  • Es el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en negativo.

    El Banco de España ha confirmado este jueves que el euríbor a un año —el indicador que más se utiliza en España para calcular la cuota de las hipotecas— cerró mayo en el -0,127%, lo que supone un nuevo mínimo histórico y se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales. De este modo, mayo se convierte en el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en terreno negativo. El ahorro estimado de 61 euros anuales se debe a que hace un año, en mayo de 2016, el indicador se situaba en el -0,013%, con lo que una hipoteca media de 100.000 euros contratada entonces a un plazo de 25 años con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor tendría un coste mensual de 376,28 euros. Sin embargo, si una hipoteca con estas condiciones se revisa utilizando el dato de mayo de 2017, el coste sería de 371,20 euros por mes, es decir, 5,08 euros mensuales menos o 60,96 euros al año, esos casi 61 euros citados. La evolución del indicador depende de las subidas o bajadas de tipos que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que lleva varios meses sin moverlos del mínimo histórico del 0%. La próxima reunión tendrá lugar este próximo junio. Según explicó en su día el presidente del BCE, Mario Draghi, los tipos continuarán así o incluso más bajos durante una buena temporada, pues la recuperación cíclica de la economía de la zona euro “es sólida”, pero la entidad monetaria no ve que la inflación “muestre una tendencia alcista convincente”. Hace poco más de un año, en febrero de 2016, este indicador cerró por primera vez en su historia un mes con signo negativo y desde entonces ha seguido evolucionando a la baja. Ante este hecho inédito, en España se abrió un debate sobre si la banca acabaría pagando a los clientes por las hipotecas, algo que varias entidades se apresuraron a aclarar que nunca ocurrirá, pues al euríbor siempre se le suma un diferencial que decide cada banco. En España, el diferencial más bajo al que se ha vendido de forma general una hipoteca ha sido de 0,17 puntos porcentuales, por lo que el euríbor a un año tendría que hundirse un poco más que eso para que, una vez aplicado el diferencial, los intereses sean negativos. Con el indicador en tasas negativas desde hace tantos meses, la banca ha optado por subir el diferencial que aplica o introducir una cláusula “cero” en las hipotecas a tipo variable, que establece que el euríbor nunca podrá bajar del 0%, al tiempo que se ha incrementado la venta de hipotecas a tipo fijo.

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Una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.

La Sala sostiene que la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, según ha informado el CGPJ.

La sentencia resuelve el problema planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. La Sala de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirma la del juzgado de primera instancia que estimó la demanda de la propietaria obligando a la sociedad a realizar las obras de reparación o al pago del coste de la misma y al de una vivienda de alquiler.

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El apellido del padre dejará de tener preferencia en España desde el próximo 30 de junio

Se prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre, por lo que no ocasionará retrasos.

Los progenitores deberán emitir un escrito con el orden de los apellidos.

Desde el año 2000 se permite inscribir con el de la madre en primer lugar, pero en caso de no existir consenso, se daba preferencia al paterno.

El apellido paterno ya no primará a partir del próximo 30 de junio, cuando entra en vigor la reforma del Registro Civil, a la hora de inscribir a un hijo recién nacido y los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos.     La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre en el orden de los apellidos por lo que no ocasionará retrasos ni mayor volumen de trabajo.     “Se entiende que no implicará gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo ni provocará dilaciones pues es de suponer la existencia de acuerdo entre los progenitores en la mayoría de los casos”, informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar, si los padres envían una solicitud al Juez encargado del Registro Civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja. Si bien, en caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, desaparece la opción por defecto y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el Registro Civil, un cambio que permite “acercarse más a la igualdad”, según señala a Europa Press la letrada Anna Salort, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogadas.     Si no se hace constar el orden, o bien los progenitores están en desacuerdo, transcurrido el plazo de tres días será el propio encargado del Registro Civil quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el del padre. En este sentido, la letrada Anna Salort ha explicado que es aconsejable que los padres se pongan de acuerdo en el plazo establecido antes de que la decisión la tome una tercera persona.     “A partir del 30 de junio será obligatorio remitir al encargado del Registro Civil el orden en el plazo de tres días, y si no lo haces, va a ser el encargado del Registro Civil quien lo decida”, subraya Salort que apunta algunos de los recursos a los que podría recurrir este encargado para dar preferencia a uno u otro apellido: el orden alfabético, por sorteo o la estética, es decir, que suene mejor en combinación con el nombre.     Además, Salort ha destacado la ventaja que ofrecen los hospitales a los padres para inscribir a su hijo desde una sala facultada de la propia clínica. “En el plazo de 72 horas, el propio hospital lo remite al Registro Civil y ya no tienen que ir los padres”, ha precisado. En otros países  En comparación con otros países, Salort recuerda que a diferencia de España, donde siempre se han conservado los dos apellidos de los progenitores, en otros suelen conservar solo un apellido, como en EE UU o el Reino Unido, perdiéndose los de la madre.     Por otra parte, indica que al alcanzar la mayoría de edad, ya no es necesario un acuerdo entre los padres y la persona puede decidir cambiar el orden de sus apellidos conforme a su única y exclusiva voluntad, lo que puede dar lugar a que haya hermanos con distinto orden de apellidos.     Además, la ley ofrece la posibilidad de cambiar nombres y apellidos, de tal forma que puede establecerse el uso de los apellidos de ambos padres como primer apellido compuesto con el fin de evitar la desaparición de un apellido español, o bien para que no sea tan común. También prevé la posibilidad de cambio del apellido cuando sea contrario al decoro u ocasione graves inconvenientes.

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UN JUEZ PROHÍBE A UNA COMPAÑÍA DE TELÉFONO VOLVER A LLAMAR A UN EXCLIENTE.

  • El cliente decidió cambiar de compañía en 2015 y recibió dos facturas que se negó a pagar; la empresa le inscribió en un registro de morosos.
  • Orange comenzó a llamar a su teléfono y al de sus familiares y siguió a pesar de que Industria determinó que no debía nada a la compañía.
  • El hombre denunció por acoso telefónico y se ha adoptado esta medida cautelar; la Audiencia Provincial habla de “persistencia, intempestiva y generalizada”.

    El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de telefonía móvil. Según consta en un auto, esta prohibición es consecuencia de la adopción de una medida cautelar solicitada por el cliente, abogado de profesión, ante la supuesta insistencia de la compañía en reclamar una deuda que, por resolución del Ministerio de Industria, había quedado correctamente extinguida. El abogado ha explicado que “es la primera vez en España que se investiga un caso de acoso telefónico de estas características y también la primera ocasión en la que se impone una prohibición de comunicación como medida cautelar a una compañía de telefonía móvil”. A finales de 2015 este hombre decidió cambiar de empresa telefónica, de Orange a otra, realizando una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía. Sin embargo, semanas después recibió dos facturas de Orange por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad. Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas. Contemplado en el Código Penal Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa, que recayó en el citado juzgado. Este abrió diligencias previas en mayo del año pasado pero a continuación sobreseyó y archivó el asunto. Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma. Además, y con el visto bueno de la Fiscalía, impuso a Orange España y a las empresas ISGF (Jurídico Informes Comerciales SL) y Gemini (Recoveries & Collections) la orden de prohibición de comunicarse con su excliente y su familia en cualquier modo y con respecto a cualquier medio de comunicación, advirtiendo de que, de incumplir esta medida, se pondrán imponer otras más restrictivas, como la prisión provisional. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideran que la descripción de hechos que efectúa el denunciante, acompañada de documentación acreditativa, “no solo es altamente molesta por su persistencia, habitual, intempestiva y generalizada, de determinadas compañías suministradoras de productos/servicios o sus contratados, sino que, tras la última reforma del Código Penal, debe merecer la admisión a trámite”. Para el demandante, “muchas compañías de telefonía prefieren no acudir a la vía judicial para reclamaciones de cantidad relativamente pequeñas, por lo que contratan servicios de empresas que se dedican a enviar mensajes y llamar continuamente, una práctica molesta que ahora se investigará por si pudiese ser constitutiva de acoso”.
    Por el contrario, desde Orange se indica que “es un proceso que está en fase de instrucción” y rechaza haber incurrido en ninguna irregularidad. “Este cliente tiene deuda con Orange y lo que denuncia es que le han llamado de empresas de recobro para reclamar el pago de la deuda. Nuestro proceso de recobro está externalizado en varias empresas, y siguen instrucciones sobre el límite máximo de llamadas y horario en que se pueden realizar”, ha informado Orange

    Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3049758/0/orange-cautelar-juzgado-prohibe-llamar-excliente/#xtor=AD-15&xts=467263

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CAMBIOS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN subirá de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas.

La Junta de Castilla y León subirá de 250.000 € a 300.000 €  el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas de padres a hijos y entre cónyuges en 2017, logro del acuerdo alcanzado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda durante el Consejo de Gobierno en el que ha realizado un avance de la Ley de Medidas Tributarias.

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El Gobierno reconoce el derecho a las bajas de maternidad y paternidad en la gestación subrogada.

El Gobierno reconoce ya el derecho de padres y madres de hijos nacidos mediante gestación subrogada a percibir las prestaciones por maternidad y paternidad. Se ha visto obligado a revertir su criterio –por el que denegaba este derecho– tras una Sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre que estimó favorablemente dos casos en los que la Seguridad Social las había rechazado.

Así lo confirma el Ministerio de Empleo y Seguridad Social , que de esta manera rompe con la tendencia de denegar este tipo de prestaciones a pesar de que los padres estuvieran cotizando. La Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social ya se lo ha comunicado a sus funcionarios “para que sepan cómo actuar”, señalan fuentes del Ministerio.

“Ya hay expedientes abiertos y se está concediendo”, prosiguen las mismas fuentes. Los padres podrán disfrutar del mes de baja que el Gobierno puso en marcha a partir del 1 de enero –en lugar de los 15 días que les correspondían antes– y de las 16 semanas las madres. Una prestación –la de maternidad– a la que también podrán optar los padres solos al igual que ocurre en otros casos como adopción o acogimiento. En ese caso “no pueden disfrutar de las dos, solo será concedida la de maternidad”, matizan desde Empleo.

Este es uno de los argumentos que el Tribunal Supremo utilizó para reconocer las prestaciones por primera vez en la sentencia que ahora ha debido aplicar la Seguridad Social. En el caso del hombre que solicitó la prestación por maternidad lo equiparó a estas otras situaciones –adopción y acogimiento–.  En ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas, por ejemplo si fallece, “se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión”, estableció. 

De esta forma el Supremo ha apostado por hacer una  interpretación “ integradora de las normas” al concluir que la atención a los menores tiene que  ser el punto de vista predominante a la hora de tomar estas decisiones. El falló unificó doctrina y se unió a los que ya habían dictado otros tribunales y que dictaminaban que el rechazo en la concesión de las bajas discriminaba al menor.

Una técnica prohibida en España

El Supremo dio la razón a los solicitantes en dos casos. El primero, el de una mujer que tiene un hijo por gestación subrogada, figurando ella como madre y su pareja varón como padre. El segundo era un hombre que concertó esta técnica en India  utilizando su material genético. Él figura como padre y la madre gestante como madre. 

A ambos la Seguridad Social les denegó las prestaciones basándose en que “la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución”, según la sentencia. Es decir, fundamentándose en que se trata de una técnica prohibida en España y a la que acceden ciudadanos españoles en otros países donde sí se permite.

El artículo 10 de esta norma establece “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Así, establece que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.

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Primeras sentencias de Audiencias gallegas sobre retroactividad de cláusulas suelo Las Audiencias Provinciales de Lugo y Pontevedra han dictado las primeras sentencias en las que se aplica el fallo del TJUE sobre retroactividad de las cláusulas suelo

En el caso concreto analizado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la Sala entiende que una vez descartada la postura del banco de que se trataba de una “cosa juzgada” y de que concurría “pérdida sobrevenida de objeto”, el debate se centraba en la fecha a la que debía retrotraerse la nulidad, esto es, “si debe estarse al momento de celebración del contrato –como interesa la parte demandante-, o a la fecha de publicación de la primera de las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que acordó la nulidad por falta de transparencia –como defiende la demandada y acoge la sentencia recurrida-”.

Los magistrados, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin contravenir el Derecho comunitario, condenan a la entidad a abonar a los demandantes las cantidades indebidamente satisfechas desde la fecha de celebración del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

De forma similar, y en aplicación de la misma resolución del TJUE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo da la razón a los clientes en el sentido de que “la extensión de los efectos de la nulidad de la cláusula comporta la devolución íntegra de lo indebidamente percibido” por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo.

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Gobierno y PSOE llegan a un acuerdo para la devolución del dinero de las cláusulas suelo

El Gobierno y el PSOE han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más.

Según fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá pre visiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.

 

 

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NUEVO GOLPE A LA BANCA. La Audiencia de Álava avala que Kutxabank no cobre 30 euros a clientes en “números rojos”

  • La primera sentencia a favor de la Organización Vasca de Personas Consumidoras y contra el banco fue en junio; Kutxabank irá al Supremo.
  • Esa resolución fue la primera de esas características en España.
  • La entidad cobraba 30 euros a clientes cuando sus cuentas se quedaban en “números rojos” o cuando se retrasaban con los pagos de los créditos.

La Audiencia de Álava ha ratificado una sentencia que obligaba al banco vasco Kutxabank a eliminar la comisión que cobra a sus clientes cuando sus cuentas se quedan en “números rojos” o cuando se retrasan con los pagos de los créditos.

Esa resolución fue la primera de esas características en España, según la Organización Vasca de Personas Consumidoras (EKA/OCU), promotora de la acción contra el banco, que anunció que llevaría a los tribunales a todas las entidades financieras que continúen cobrando estas comisiones. Ahora ha sido ratificada por la Audiencia de Álava, aunque todavía no es firme porque Kutxabank ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Según ha informando hoy en un nota de prensa EKA/OCU, la Sección Primera de la  Audiencia alavesa ha confirmado la resolución que el pasado junio dictó el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria que obligaba a dicha entidad a dejar de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la comisión de 30 euros. El Juzgado ordenó a la entidad financiera que dejase de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la “comisión por reclamación de posiciones deudoras, vencidas o descubiertos” en los contratos de operaciones de crédito y en los de cuentas corrientes, tanto en los que firme en adelante como en los que Kutxabank tiene en vigor. La sentencia advertía al banco de que si no dejaba de cobrar esa comisión se le impondría una multa de 1.000 euros diarios.

Ese fallo fue recurrido por Kutxabank ante la Audiencia de Álava, que en una sentencia dictada el pasado 30 de diciembre ha dado de nuevo la razón a EKA/OCU. El banco vasco ha argumentado que cobra esa comisión porque ofrece un “servicio”, ya que avisa al cliente de que está en “números rojos” o no ha abonado el crédito, condición que establece el Banco de España para reclamar una cantidad.

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Los gastos hipotecarios, otro melón de devoluciones ‘millonarias’

Ofensiva de las asociaciones de usuarios por la repercusión de los gastos hipotecarios, tras varias sentencias favorables a los clientes bancarios.

Los jueces citan la sentencia de 2015 del Supremo que cree abusivo que los clientes paguen en solitario los gastos de notaría, registro e impuestos.

Adicae calcula que hasta ocho millones de hipotecados pueden verse beneficiados de devoluciones que podrían ascender a unos 3.000 € de media.

La factura para la banca depende de si debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, que supone un 85% de los gastos.

Si la sentencia europea sobre las cláusulas suelo no fue suficiente, la banca afronta una nueva bofetada judicial, esta vez sobre gastos hipotecarios, que podría obligar a las entidades a devolver una nueva suma millonaria.  Varias sentencias recientes citan un dictamen del Supremo que anuló en 2015 por abusiva la política bancaria de repercutir al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas.  Adicae lamenta “la actitud obstinada de la banca negándose a acatar la legalidad pese al abuso reconocido”.  En 20minutos te explicamos lo que necesitas saber para recobrar tu dinero.

¿Cómo ha surgido este asunto?

De cuatro sentencias recientes favorables al reintegro de estos gastos en virtud de una sentencia del Supremo en diciembre de 2015. El alto tribunal consideró entonces un abuso que los bancos repercutieran a sus clientes todos los gastos de formalización de las hipotecas, así que decretó la nulidad de estas cláusulas contractuales. A esta decisión judicial se añadió que el Gobierno traspuso en agosto –en el anteproyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario– una norma comunitaria  que solo permite repercutir al cliente los gastos de hipoteca por servicios solicitados o aceptados expresamente que respondan a servicios prestados que puedan acreditarse.

¿A qué gastos se refiere la sentencia del Supremo?

Aparte de la amortización del préstamo, los bancos han estado repercutiendo a sus clientes tres conceptos adicionales: los gastos de notaría para constituir el préstamo, la inscripción en el registro y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). “Estos gastos deberían asumirlos los bancos porque sirven para asegurar la recuperación del préstamo”, explica la OCU, la organización impulsora de la demanda primigenia que originó la sentencia del Supremo a finales de 2015 que negaba los recursos de dos bancos, el BBVA y el Popular. “No puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”, llegó a decir el tribunal en su sentencia.

¿Y cuáles de estas partidas puedo recuperar ahora?

La OCU calcula que los gastos en una hipoteca de 150.000 euros, se elevarían a 3.100 euros, de los que 435 responden a la notaría, 125 al registro y 2.550 (casi un 85% del total) al IAJD. Adicae explica por su parte que los gastos derivados del préstamo corresponderían al hipotecado; y los de su formalización, al banco. De este modo, los gastos de notaría y registro deberían abonarlos la banca… pero existe cierta “controversia” sobre quién debe abonar el IAJD, el gasto principal repercutido al cliente. Las sentencias emitidas al respecto son contradictorias: unas dictan que debe pagarlo el cliente, otras el banco y algunas, que entre ambos.

¿Cuánto dinero debería devolverme el banco?

Depende de la cuantía de tu hipoteca, si la hipoteca se contrató en 2010 y la cantidad prestada fue de 150.000 €, el banco reintegraría unos 3.100 €.

¿Y qué pasa si acabé de pagar la hipoteca el año pasado?

No importa. Pueden pedir la devolución tanto aquellos clientes que aún  afrontan su hipoteca –tienen de plazo hasta 2019– como aquellos que amortizaron su préstamo en el pasado, siempre que no hayan pasado cuatro años entre el pago de la última letra y la sentencia del Supremo de diciembre de 2015. Es decir, aquellos que terminaron de pagar su préstamo antes de diciembre de 2011 ya no podrán reclamar los gastos indebidamente cobrados por su entidad.

¿Qué harán los bancos?

Cinco entidades –Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja– han empezado  a asumir al menos los gastos de notaría y registro, tal y como adelantó El País la semana pasada. La OCU calcula que seis millones de clientes con hipotecas vivas en 2015 podrían reclamar  la devolución de 450 millones correspondientes solo a los gastos de ese año. Según Adicae, el número total de afectados podría alcanzar los ocho millones.

¿Cómo puedo reclamar los gastos que me cobraron?

Las asociaciones de usuarios aconsejan intentar primero un acuerdo con la banca. “Hay que ser prudentes con la vía judicial porque si se resuelve contra el cliente, aunque sea parcialmente, este pagaría sus costas”, advierten desde Adicae. De hecho, un juzgado de Oviedo rechazó recientemente que un banco reintegrase los gastos de una ampliación hipotecaria.

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Un juez obliga al BBVA a devolver los gastos abusivos cobrados al suscribir una hipoteca

  • La entidad deberá hacerse cargo del contrato firmado con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, a la que absorbió en septiembre de 2016.
  • Catalunya Banc obligó a una cliente a abonar íntegros los 3.371 euros de los gastos del notario, registro e impuestos de actos jurídicos.
    El BBVA tendrá que devolver a una clienta los 3.371 euros que esta pagó al constituir su hipoteca después de que el juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona) haya determinado que esos gastos debían de ser abonados por ambas partes al 50%. La sentencia, recogida por el diario Expansión, se refiere a un crédito firmado en el año 2010 con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, entidad que fue absorbida por el BBVA en septiembre de 2016. La decisión no solo establece la devolución de esta cantidad, que se estipuló para costear el notario, el procedimiento de registro y los impuestos de actos jurídicos documentados, sino que anula la cláusula suelo de la hipoteca y establece la devolución de las cantidades que fueron cobradas a la perjudicada en virtud del límite establecido del 3,5% de interés.
  • El texto cita en este punto la sentencia del Tribunal Supremo que determinó la ilegalidad de las cláusulas suelo

    Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2926980/0/juez-bbva-devolver-gastos-hipoteca-catalunya-banc/#xtor=AD-15&xts=467263

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¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?

En el Diario de Burgos de ayer 27 de diciembre hay unas declaraciones del decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado, aconsejando a los afectados por cláusulas suelo que consulten a un  letrado,  “porque cada supuesto es distinto” y los bancos son “parte interesada”.

Es cierto que el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que todos los afectados por cláusulas suelo tienen derecho a la devolución de todo lo que el banco les ha cobrado de más desde la firma de la hipoteca, “pero cada caso es un mundo”, advierte Joaquín Delgado.

A todos los afectados les recomienda, “y no es barrer para casa”, que “efectúen una consulta con un letrado para saber su situación.

¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?En las reclamaciones de hipotecas con cláusula suelo, si la entidad bancaria es condenada a pagar costas (el 100% de las reclamaciones que hemos efectuado), nuestra minuta es cubierta por el banco.  Pide presupuesto sin compromiso.

 

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Mazazo europeo a la banca: pierde el caso de las cláusulas suelo y debe devolver todo lo cobrado de más

La Justicia europea obliga a las entidades financieras a reembolsar todo lo cobrado por estas cláusulas desde el inicio de cada contrato hipotecario.

“La jurisprudencia española que limita en el tiempo la nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirma el TJUE.

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España.

La banca española ha recibido todo un mazazo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras dictaminar este miércoles que las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo incluídas en casi dos millones de hipotecas, no solo deben ser devueltas desde 2013… sino desde el inicio del contrato hipotecario.

El TJUE, de este modo, resuelve en contra del criterio del abogado general del tribunal Pablo Mengozzi, que avaló el pasado 13 de julio que se aplicase una retroactividad limitada y solo se devolviesen las cantidades injustamente cobradas desde la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2013. Las cobradas desde que se empezaron a aplicar estas cláusulas, allá por 2009, según el letrado, no debían reintegrarse al cliente. El alto tribunal español consideró entonces que las cláusulas suelo —que establecen un mínimo de interés para los bancos y que han impedido a muchos clientes de hipotecas variables beneficarse de los efectos de la caída del Euríbor a tasas negativas— eran abusivas porque los contratantes no habían sido informados de sus efectos económicos, pero estimó que su nulidad solo provocaría la devolución de las cantidades cobradas de más a partir de su sentencia. “La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirman ahora desde el TJUE tras dar a conocer su dictamen, que entiende que si una cláusula suelo es abusiva y se anula, no se puede limitar solo al momento posterior al que se pronuncie un tribunal nacional. Según la justicia europea, limitar la devolución de las cantidades indebidamente daría lugar a “una protección de los consumidores incompleta e insuficiente” porque si un juez ha estimado que esta clásula hipotecaria es abusiva, “debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido” en el contrato

Le quita la razón al Supremo… y se la da a la Comisión

El abogado Paolo Mengozzi había explicado en su informe de julio que aplicar la retroactividad total podría tener “repercusiones macroeconómicas” y unn duro golpe para el sector financiero español, en un contexto de salida de un programa de rescate, además, del escenario actual de bajos tipos y bajos márgenes para su negocio.

Pero su preocupación por el sector bancario ni ha sido compartida este miércoles por el TJUE, que entiende que la nulidad de una cláusula debe provocar la “restitución de las ventajas obtenidas indebidamente en detrimento del consumidor” y que los bancos españoles deben reembolsar todo el dinero ingresado de más desde el inicio de cada contrato hipotecario.

Y tampoco lo entendió así el Ejecutivo comunitario a finales de 2015, cuando también se mostró favorable a la retroactividad total: “No es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y transparencia”, dijo la Comisión.

Una factura millonaria para la banca 

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España, que no desglosan por política interna el importe de cada entidad. Sin embargo, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres bancos —BBVA, Popular y CajaSur— citaron en Luxemburgo un informe de 2013 del propio Banco de España que elevaba esa devolución a hasta 7.500 millones. Otras fuentes proporcionan otras cifras: Afi la eleva a 4.474 millones (se unirían a los 5.269 ingresados entre marzo de 2013 y 2016) y Goldman Sachs a 3.000.

El BBVA cifra en 1.200 millones de euros el coste extra que le supondría la devolución de lo ingresado de más por las cláusulas suelo hasta 2013, el Popular calcula que el impacto en su entidad será de 684 millones —ya ha provisionado 350 en su balance—, mientras que Bankia estima que será de 200 millones —100 millones ya estarían provisionados—, Liberbank calcula que el efecto en su entidad será de 83 millones y Caixabank prevé tener que provisionar 750 millones. El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander.
El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander. El impacto en la banca también podría estar amortiguada porque las entidades ya han ido provisionado dinero en sus balances para cubrir esta contingencia a medida que se emitían sentencias en su contra… y algunas han emprendido pactos con el cliente cambiar su hipoteca variable a una hipoteca fija. Las entidades financieras, que sufren una gran caída en Bolsa en esta jornada, dicen que el sector está “preparado” y es “solvente” para hacer frente a la sentencia. La devolución, en todo caso, podría no realizase de forma inmediata. Las asociaciones de consumidores temen que en vez de devolver directamente las cantidades ingresadas de forma indebida, la banca intente que los ciudadanos tengan que acudir a la justicia para reclamarlas. En este sentido, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, explica que su partido negocia con el Gobierno poner en marcha algún “procedimiento extrajudicial” para que los afectados recuperen su dinero pronto, sin esperar a juicios “prolijos y costosos”.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2917741/0/dictamen-tjue-retroactividad-clausulas-suelo/#xtor=AD-15&xts=467263

 

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PREPARANDO NUEVOS ABOGADOS

 

Por segundo año consecutivo participo como profesor en el Módulo de Habilidades del Abogado del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Al finalizar las clases se realizan juicios simulados para que los alumnos participen y aprendan con un ejercicio práctico, los cuales se llevan a cabo en los Juzgados de Reyes Católicos, con la colaboración de 4 jueces de carrera.

Diciembre 2016.

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El próximo 21 de diciembre el TJUE debe decidir sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo

El próximo 21 de diciembre se hará pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Los jueces podrían condenar a los bancos a devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde la fecha de la firma de cada hipoteca –la denominada retroactividad total– o desde el 9 de mayo de 2013, el límite temporal establecido por el Tribunal Supremo español –lo que ha apoyado el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi–.El Supremo sentenció en 2013 en contra de estas cláusulas pero introdujo una limitación temporal a la devolución de cantidades indebidamente pagadas por los clientes: el 9 de mayo de 2013, la fecha de la primera sentencia al respecto del Alto Tribunal. Las cantidades cobradas con anterioridad a esta fecha, no deberían devolverse a los clientes. El Constitucional inadmitió después el recurso de amparo presentado por BBVA y Cajamar contra la sentencia. Para los hipotecados, explican desde Reclamador, en el peor de los escenarios la situación seguiría como hasta ahora –retroactividad a partir de mayo de 2013– y los afectados podrían reclamar y recuperar lo pagado de más desde entonces. Pero la medida no afecta a todos los bancos por igual.  Lo cierto es que hasta ahora solo algunos entidades bancarias han dejado de aplicar la cláusula suelo de forma voluntaria pero ninguno de ellas ha devuelto el dinero a sus clientes de forma masiva. Por eso cabe esperar que no cambien de criterio ahora que la cantidad puede ser incluso más alta y esperen a que las familias hipotecadas pongan su caso en la vía judicial sea cual sea la decisión del Tribunal Europeo. En palabras de Iria Aguete, responsable de banca de Reclamador, “los bancos siguen forzando a los afectados a acudir al juzgado para recuperar su dinero porque saben que muchos no se atreven a llegar a este punto”. El coste para la banca, de hasta 7.600 millones Hay jueces que han optado por suspender juicios de cláusula suelo hasta esperar la sentencia del TJUE. En estos casos, los clientes podrían optar a recuperar todas las cantidades, si finalmente los jueces europeos rectifican la decisión del Supremo español. Según el Banco de España, a finales de 2014 había 5,8 millones de hipotecas vivas de primera vivienda en nuestro país. De ellas, entre el 30% y 40% contendría este ‘suelo’ entre sus condiciones. Es decir, dos millones de préstamos hipotecarios se verán afectados por la decisión del TJUE. Si los jueces europeos deciden la total retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, los bancos deberían devolver entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España; BBVA y Popular lo cifran en 5.800 millones. Según Ausbanc, las entidades no pueden alegar que suponga un riesgo para el sistema la devolución de estas cantidades porque “no se haría de forma inmediata, sino paulatinamente, durante varios años, conforme las sentencias judiciales fuesen declarando abusivas las cláusulas suelo”.

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25 AÑOS TRABAJANDO.

El pasado 25 de noviembre recibimos del Colegio de Abogados de Burgos la insignia de plata los abogados con 25 años de ejercicio profesional sin tacha. Enhorabuena a todos!.

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