José Ramón Arroyo Esgueva - Abogado - Aranda de Duero - Burgos


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El Estado paga 52.000 euros a un padre que estuvo 8 años sin ver a sus hijas por una denuncia falsa

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar 52.000 euros más intereses a un hombre que pasó cerca de ocho años sin poder ver a sus hijas menores por la lentitud de la justicia en declararle inocente tras haber sido denunciado por malos tratos a la madre y abusos sexuales y tener una orden de alejamiento, publica El País.

La justicia reconoce que todos los tribunales actuaron con lentitud extrema. De hecho, un informe del Consejo de Estado reconoció el mal funcionamiento de la justicia y dictaminó que tenía que ser indemnizado con 10.000 euros, pero el padre no se conformó y presentó una demanda, que es la que ha ganado ahora.

Los hechos se remontan al 16 de junio de 2007, cuando el hombre fue denunciado por su esposa en pleno proceso de divorcio. Tras la denuncia se le prohibió ver a sus hijas, de 3 y 6 años. Las pudo volver a ver el 7 de abril de 2015, con 11 y 13 años, pero ya no le reconocían, según El País. Se volvieron a ver en cinco o seis ocasiones, pero las niñas lo rechazaban y un equipo de psicólogos aconsejó que no hubiera más visitas.

Por ello, la Audiencia cree que “la ausencia de cualquier relación entre padre e hijas durante esas edades ha supuesto un coste personal muy elevado para el ahora reclamante: el daño moral que este alega se encuentra, por tanto, suficientemente justificado”, aunque admite que los daños son “difícilmente evaluables”. Además, los abuelos paternos de las niñas presentaron una segunda demanda por el mismo motivo: no poder ver a sus nietas. En este caso, el Ministerio de Justicia les dio también la razón y les reconoció el derecho a cobrar 10.000 euros.

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¿Quién gana y quién pierde con la decisión del Gobierno de cambiar el impuesto de las hipotecas?

Ganan los clientes y las arcas del Estado… y pierde la credibilidad del Supremo.

La banca podría compensar la asunción del tributo con una subida de los tipos.

El presidente Pedro Sánchez obligará a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas y ‘regaña’ al Supremo.

El PP pide al Gobierno que elimine el impuesto de las hipotecas y Podemos que obligue a la banca a devolverlo.

“Nunca más el cliente”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de esta mañana en la que explicaba las medidas de su Gobierno para apagar el fuego judicial con los impuestos hipotecarios. El Ejecutivo ha decidido apagar el clamor político —y ciudadano, porque hay convocadas protestas para esta semana— echándole un capote al cliente de las entidades financieras y quitándole en el futuro la responsabilidad de pagar el ya famoso Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), el tributo que se abona al firmar una hipoteca y que ingresan las comunidades autónomas.

Tras aprobar el decreto, las entidades financieras deberán asumirlo. Ese “nunca más” de Sánchez volteará el tablero tributario con las hipotecas. El Gobierno aprobará este jueves en el Consejo de Ministros un decreto para cambiar la ley después del caótico proceso de idas y vueltas en el Tribunal Supremo con las hipotecas. Cuando se tramite ese decreto, será la banca y no los clientes los que asuman un impuesto que, en una hipoteca media, puede elevarse del 0,5% al 1,5%  del inmueble adquirido. Unos 2.500 euros, en una hipoteca media.

¿Quién gana y quién pierde con la decisión del Gobierno? Ganan los clientes Evidentemente, el primer beneficiado por la decisión del Gobierno es el cliente hipotecario. Si antes debía abonar unos 2.500 euros de media a la agencia tributaria de su región del AJD, ahora ese gasto deberá afrontarlo la entidad financiera que le proporciona el préstamo. El banco, según la nueva ley, será el principal interesado en ‘documentar el acto’ de la hipoteca. La asociación de usuarios de banca Adicae estima que la decisión del Ejecutivo es “una victoria del consumidor” y se congratula de que Sánchez “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados” en contra de la decisión del Supremo de este martes que reponsabilizada al cliente del pago del tributo. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha echado cálculos y estima que los clientes se ahorrarán de forma conjunta unos 1.100 millones de euros al año. Ganan las arcas del Estado y de las autonomías La solución que proponían partidos como el PP —que era directamente eliminar el tributo para que no lo pagase ni la banca ni el cliente— ha quedado en saco roto.

El Gobierno ha decidido que las administraciones públicas autonómicas necesitan ese ingreso para acometer los programas sociales en sus regiones y, sobre todo, para no dañar el cumplimiento del límite de déficit que impone Bruselas. La sentencia de ayer del Supremo frenaba ya de hecho la devolución de 5.000 millones de euros por las hipotecas pasadas y ahora, con el decreto del Gobierno, se aseguran esos ingresos tributarios para las arcas públicas. ¿Y qué autonomías se verán más beneficiadas? Las que cobran más por el AJD y las que acogen más hipotecas. Según los cálculos de Gestha, las regiones que más agradecerán seguir cobrando el impuesto son Andalucía (85.874 hipotecas anuales por las que ingresan 231 millones de euros), Madrid (83.288 beneficiarios y 189 millones); y Cataluña (70.469 beneficiarios y 259 millones de euros).

Pierde el Supremo La decisión del Gobierno es todo un mazazo para el Alto Tribunal que, de hecho, ya estaba siendo cuestionado desde la judicatura y desde la política por el “espectáculo” que ha ofrecido al decidir una cosa, la contraria y de nuevo la inicial, en apenas unos meses. De algún modo, el Ejecutivo enmienda con su decreto el dictamen del Supremo y aunque no va a recuperar el dinero para los antiguos clientes hipotecarios —algo que le reprochan desde Podemos— sí lo hace para los nuevos, que no tendrán que pagar el impuesto a diferencia de lo que decidió el tribunal. Sánchez cree que la medida no mina la “credibilidad” de los jueces al cambiar la ley en un sentido contrario al suyo, pero a la vez pide “autocrítica” a los miembros del Tribunal. “El Supremo ha quedado totalmente desprestigiado con estas decisiones, y la Justicia y la seguridad jurídica han salido perdiendo”, explica por su parte José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Pierde la banca… ¿o quizás no? Las entidades financieras se harán cargo del impuesto de las hipotecas a partir de la aprobación del decreto. El sector venía defendiendo en los últimos días que se habían limitado a cumplir la ley y que si alguien debía devolver el dinero, eran las administraciones que lo habían recaudado. Ahora, con la decisión del Gobierno, sí tendrán que asumir el pago del tributo. Un gasto que hasta ahora no soportaban y que previsiblemente encarecerá las hipotecas para los ciudadanos si ahora deben asumirlo. Algo que ya apuntaron en un comunicado reciente, en el que que subrayaban que hasta ahora el mercado hipotecario se había caracterizado “por unos tipos de interés competitivos que permiten el acceso a la vivienda en propiedad a un amplio espectro de población”. Sánchez cree y espera que los intereses “no suban” para quien contrate una hipoteca. Los expertos, sin embargo, esperan lo contrario. “Los clientes seguirán pagando el impuesto indirectarectamente a través de las muy probables subidas en los diferenciales, a lo que habría que sumar un sobrecoste que aplicará la banca por la gestión del impuesto”, explica Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista. “Es una medida inocua al ciudadano, el coste acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial”, añade Jordi Argemí, director general Financiero de Neinor Homes.

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El Supremo aplaza al 5 de noviembre la decisión sobre si la banca o los clientes deben pagar el impuesto de la hipoteca

El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca. Así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión convocada este lunes por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión. En su sentencia, dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la nota emitida por la sala, asegura que la sentencia del 19 de octubre “es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”. Pero al mismo tiempo, dice que las sentencias en sentido contrario  tampoco son susceptibles de revisión alguna”. “Los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”, defiende Lesmes. “La avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda”, zanja. ¿Quién debe hacerse cargo del impuesto? Lesmes se había reunido en esta jornada con los magistrados que dictaron la sentencia que establecía que la banca debía hacerse cargo del pago del impuesto. Una reunión de carácter interno que ha servido únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia. El pasado jueves 18, el Supremo decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente. Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, al día siguiente, el viernes, el alto tribunal anunció que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados . En una nota, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, explicaba que dicha decisión se basaba en el “giro radical” en la jurisprudencia y en la “enorme repercusión económica y social” del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a las entidades, por ser las interesadas en la operación. De aplicarse, la sentencia permite a los hipotecados reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo: notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados. Asambleas de usuarios de banca Por otra parte, este lunes Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ha convocado asambleas, a las 18.30 horas, en más de treinta ciudades de todas las comunidades autónomas para informar y organizar a los consumidores hipotecados afectados por el abuso de los denominados “gastos hipotecarios”. Adicae ha hecho “un llamamiento global” al conjunto de los consumidores para contestar a un sector bancario “empecinado en aplicar el abuso como norma de funcionamiento y en amenazar y presionar a gobiernos, instituciones y ciudadanía cuando se les requiere el cumplimiento de la legislación en vigor”. También pretende aclarar a los consumidores la situación judicial e hipotecaria tras la tregua a la banca anunciada por el Tribunal Supremo, que se ha dado un tiempo para estudiar si consolida el reciente cambio de las reglas y si obliga de forma generalizada a las entidades a cargar con el IAJD. La Asociación de Usuarios tilda de “vaivenes” y “posición incomprensible” la actuación del Alto Tribunal, en tanto que aclara en una nota que la sentencia dictada por el Supremo sobre el IAJD “no ha sido revocada, anulada ni suspendida”.

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Por qué el Supremo frena ahora la sentencia que obliga a bancos a pagar gastos de hipotecas

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de abonar los impuestos de las hipotecas se debería haber resuelto en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 magistrados, y no en la sección segunda —destinada a revisar los casos relacionados con impuestos— debido al impacto social que una decisión así conlleva. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, no fue informado de la llegada del recurso que dio origen a la sentencia y se enteró por la prensa de la resolución. Dado que una sentencia así puede acarrear un “giro radical” en la jurisprudencia y una “enorme repercusión económica y social”, tal y como ha dicho el propio Díez-Picazo, este ha tomado dos decisiones: primero, ha dejado “sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes” relacionados con este impuesto. En segundo lugar, ha decidido que sea el Pleno el que estudie, en cuestión de días, el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma la jurisprudencia dictada este jueves o vuelve a la jurisdisprudencia anterior.

Dos sentencias dictadas este año

En una sentencia cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, el alto tribunal estableció el jueves que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes. Esta decisión anulaba un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. Al mismo tiempo, implicaba la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que se dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal, que dio la razón a los bancos. Sin embargo, ahora han sido jueces de la Sala de lo Contencioso quienes han considerado revisar la interpretación de lo dictado por la Sala Civil y admitieron a trámite un recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuyo fallo se ha dado a conocer este jueves. Pérdidas de la banca Tras conocerse esta sentencia, los seis bancos del Ibex 35 llegaron a perder cerca de 5.500 millones de euros de capitalización bursátil en una sola jornada. Este viernes, aunque más calmados, continuaban liderando las pérdidas del selectivo. El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades financieras. La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones de euros, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody’s, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.

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El Supremo cambia de doctrina: es el banco y no el comprador quien ha de pagar los impuestos de la hipoteca

El Tribunal Supremo ha decidido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior. En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero. El fallo responde al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de junio de 2017, y anula un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y es que considera que la expresión “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario” es contraria a la ley. El “negocio inscribible”, aclara la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca. El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Dimitry Berberoff, que era partidario de mantener la jurisprudencia anterior, que establecía que era el cliente y no el banco el que debía hacer frente al impuesto. En febrero de este año, el Supremo dictaminó que quien debía hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados era el cliente y no las entidades con las que se suscribe el préstamo; por unanimidad, el pleno de la sala de lo Civil descartó entonces abuso en la aplicación sobre el prestatario del gravamen. La sentencia ha contado también con un voto concurrente —acepta el fallo pero discrepa en algún punto de la argumentación— del magistrado Nicolás Maurandi. Aunque comparte el dictamen, Maurandi cree que el citado impuesto engloba no uno sino dos tributos: el gravamen sobre documentos notariales y el gravamen sobre actos jurídicos documentados notarialmente. Al tratarse de dos tributos diferentes, explica Maurandi, son también distintos los elementos que hay que tener en cuenta para determinar quién es el sujeto pasivo y debe hacerle frente.

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La custodia compartida gana peso; En el 2017 fue otorgada en el 30,2% de los casos de separación.

La custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 65% de los casos en 2017, una cifra inferior a la observada en el año anterior (66,2%). En el 4,4% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,0% de 2016), en el 30,2% fue compartida (28,3% del año anterior) y en el 0,4% se otorgó a otras instituciones o familiares. Con esas cifras se demuestra que la custodia compartida es la opción que va ganando peso en la separación de parejas con hijos menores a cargo, en detrimento de la custodia individual en exclusiva, ya sea para la madre (que sigue siendo la mayoritaria) o para el padre, que se ha reducido también en 2017 y por segundo año consecutivo. La custodia compartida en España tiene poca polémica en el marco de una separación amistosa, no así en el caso de las separaciones o divorcios contenciosos. Algunas comunidades tienen esta custodia como “preferente” en sus legislaciones propias postdivorcio, mientras que en el resto prima la doctrina del Supremo, que considera esta fórmula como “normal e incluso deseable” desde 2013. Lo cierto es que, tal y como muestra el gráfico, aunque sigue aumentando el peso con respecto a las custodias exclusivas de parte, el crecimiento es menor en porcentaje al de años recientes. Por ejemplo en 2016 pasó del 24,7% al 28,3%.

Ciudadanos anunció la semana pasada su intención de presentar una ley nacional para generalizar la custodia compartida, a la que el Gobierno socialista se opone en beneficio de estudiar cada divorcio con hijos “caso por caso”. Divorcios de mutuo acuerdo En cuanto a los divorcios, separaciones y nulidades, durante 2017, se produjeron 102.341 casos. Lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior. La mayoría de casos, como viene siendo costumbre, fueron divorcios: 97.960 (un 1,2% más que hace un año). En su caso, el 77,2% de los divorcios en el año 2017 fueron de mutuo acuerdo y el 22,8% restante contenciosos. Si se analizan los divorcios, que suponen el 95,7 % de todas las rupturas, casi el 33% de ellos se produjo tras 20 años de matrimonio y el 21% después de convivir entre cinco y nueve años.

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DGT multará a los copilotos que vayan durmiendo

El pasado martes, el Congreso dio luz verde a la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La ley entrará en vigor en este próximo mes de octubre y un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Algunas de las reformas previstas en la nueva ley afectarán al acompañante del conductor o copiloto, siendo la más relevante la prevista en el artículo 14.3 “Los que ocuparan el lugar de acompañante en el vehículo, deberán prestar atención en todo momento al conductor para advertir al mismo si fuera de necesidad ante cualquier despiste, por tanto NO podrán dormir durante el trayecto teniendo consideración de Infracción Grave, siendo ello objeto de sanción con la cuantía de 200 euros”.

“Si hombre, ni pegar una cabezada, pues yo me pintaré unos ojos en los párpados por si me echa una foto el radar, anda y que les den, ya no saben cómo recaudar dinero” son algunos de los comentarios vertidos al respecto tras la encuesta realizada para comprobar el grado de satisfacción de los usuarios de la vía.

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PAGA 10.000 EUROS A SU MUJER EN CALDERILLA

Entrega 890 kilos de monedas en 13 sacos en respuesta a la apelación de su ex-pareja que incrementó la cantidad a abonar de 43 a 178 millones de rupias.

Un indonesio condenado tras su divorcio a pagar más de 10.000 euros a su exmujer decidió darle esta suma de dinero solo con monedas, con las que llenó 13 sacos de tela, que pesaban un total de 890 kilos, explicó este viernes su abogado. Dwi Susilarto llegó al tribunal en el centro de la isla de Java con una pequeña camioneta con la que transportó casi una tonelada de monedas.

Para ello, necesitó la ayuda de dos amigos y de una carretilla, con la que hicieron varios viajes entre el párking y la sala de audiencias del tribunal, según su abogado. La condena incluía la pensión alimentaria de sus dos hijos que debía pagar durante nueve años.

En un principio, Susilarto tenía que abonar 43 millones de rupias indonesias (2.580 euros). Pero su exmujer apeló esta decisión y finalmente lo condenaron a pagar 178 millones de rupias (10.701 euros). Indignado con esta decisión, el exmarido decidió abonarle 153 millones de rupias (9.200 euros) con monedas de 1.000 rupias (5 céntimos) y la cantidad restante con billetes.

En el tribunal, Susilarto estuvo a punto de llegar a las manos con el abogado de su exmujer, que se negó a contar esta montaña de monedas y lo acusó de querer humillar a su clienta. «Es insultante, con esto quiere tratarme de pobre», declaró la esposa, que a pesar de todo aceptó los trece sacos de monedas.

El exmarido, que tiene un salario modesto de funcionario, aseguró que necesitó la ayuda de su familia y de sus amigos para reunir esta cantidad de dinero. Tanto amigos como familiares «le dieron la mayoría de las moneditas», declaró el abogado, que se mostró sorprendido por el original método de pago. El presidente del tribunal pidió a los funcionarios de justicia que contaran las monedas, lo que requerirá al menos una semana.

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Normas laborables sobre las vacaciones

Las vacaciones son un derecho de todo trabajador y  muchas veces fuente de conflicto, os dejamos estas normas laborales.

  1. Las vacaciones no pueden ser inferiores a 30 días naturales por año trabajado. La duración puede ser mayor en función de lo que se recoja en el Convenio Colectivo o de lo que se haya pactado con la empresa.
  2. Es ilegal sustituir las vacaciones por una compensación económica o acumular las vacaciones de un año para los siguientes.
  3. En el caso de los contratos temporales, sí hay compensación económica si al finalizar el contrato no se han disfrutado las vacaciones correspondientes.
  4. Recuerda que debes disfrutar de tus vacaciones en el año natural en el que las has generado. Los días de vacaciones que no hayas cogido con fecha 31 de diciembre los puedes perder.
  5. Si aún no has completado tu primer año en la empresa, te corresponden 2,5 días naturales por cada mes trabajado.
  6. Los trabajadores tienen derecho a conocer el calendario de vacaciones con un mínimo de dos meses de antelación al período en que se inicien. Si, como trabajador, no estás de acuerdo con las vacaciones que te han sido asignadas, tienes derecho a reclamar en los juzgados.
  7. Las vacaciones pueden fragmentarse siempre y cuando uno de los períodos vacacionales sea como mínimo de 2 semanas completas sin interrupción.
  8. Las vacaciones deben ser retribuidas con una compensación acorde con el salario habitual del trabajador.
  9. Es completamente ilegal sancionar a un trabajador con la pérdida o la reducción de los días de vacaciones que le corresponden.
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Publicación de imágenes de menores necesario consentimiento de ambos progenitores

Todos los días nos encontramos las fotos de los hijos, nietos, sobrinos de nuestros amigos en las redes sociales.  Aún estando lejos podemos decir que hemos visto crecer a la mayor parte de ellos, ahora está siendo objeto de regulación por los Tribunales.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia el  15 de mayo de 2018 en la que establece que en caso de separación de la pareja de hecho,  para publicar una imagen de un menor ésta debe ser autorizada por ambos progenitores, salvo que alguno de ellos haya sido privado de la patria potestad. Ante todo hay que proteger la intimidad del menor para que nadie pueda manipular esas imágenes.

Algunos párrafos de la Sentencia:

Respecto de la cuestión de que ninguno de los progenitores pueda publicar fotografías del hijo en las redes sociales de internet sin consentimiento del otro, esta Sección 12ª ha efectuado algún pronunciamiento en el mismo sentido que la sentencia de instancia y que la sentencia nº 265/2015, de 22 de abril de 2015, de la Sección 18ª de esta misma Audiencia Provincial de Barcelona, que, en definitiva, señalan que el derecho d eimagen del menor pertenece al ámbito de la patria potestad que ejercen ambos progenitores, sin que conste que ninguno de ellos haya sido privado de su ejercicio, por lo que es un derecho que los dos detentan y los dos deben velrar porque sea debidamente protegido, debiéndose suponer que tanto uno como otro en el caso de acceder a dichas redes sociales tomarán las precauciones adecuadas a la hora de restringir la privacidad de las imágenes de su hijo, en el sentido de que solo puedan recibirlas las personas que ellos consideren; y que si alguno de los progenitores hiciese un uso indebido, inadecuado, ofensivo o degradante de la imagen de su hijo, el otro podría plantear una controversia en el ejercicio de la potestad parental o incluso denunciarlo, en su caso, y, además, tal circunstancia, que en ninguno de los supuestos concretos estudiados se había producido, también podría tener repercusión en el régimen de guarda establecido.

En este sentido, la mera realidad social de la tendencia a una cada vez mayor publicación de imágenes de menores por padres, amigos y familiares de forma indiscriminada, automática e imprudente, que da lugar a una exposición excesiva de la privacidad del menor, sin ponderar tan siquiera si en el futuro podrán sentirse molestos u ofendidos, al margen del peligro de utilización y manipulación por terceros y, en muchos casos, incluso, sin el consentimiento del menor mayor de catorce años, que exige el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, no puede servir para justificar la falta de las precisas y suficientes exigencias en la defensa y consideración de este derecho fundamental del hijo.

En definitiva, el tema de la imagen e intimidad de un menor de edad es tan delicado y de tanta trascendencia (hasta el punto de que el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de protección jurídica del menor considera utilización ilegítima “cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que puedan implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contratia a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales”) que deben ser ambos progenitores quienes decidan y consientan conjuntamente, salvo en los casos de privación o suspensión de la patria potestad.

Recordad que  las imágenes  son un dato personal, y como tal se incluyen en la Ley oficial de protección de datos. Lo vemos en la definición que nos da la AGPD:

¿Qué es un dato personal?: Cualquier información que permita identificarte o hacerte identificable.

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El Supremo dicta una sentencia anulando la pensión compensatoria, una vez que existe otra relación.

El Tribunal Supremo dicta una sentencia anulando la pensión compensatoria  entre dos cónyuges  cuando uno de ellos rehace su vida y convive con una nueva pareja, momento en el que el desequilibrio económico producido con el divorcio desaparece.

El Supremo ha dado la razón a un hombre que demandó a su expareja ante la Justicia y solicitó que se acordase la extinción de la pensión desde que presentó la demanda y no desde que se dictase sentencia.

La presentación de la demanda tuvo lugar en noviembre de 2015 y no fue hasta un año después cuando la Audiencia Provincial de Salamanca falló a su favor y declaró extinguida la pensión compensatoria desde esa fecha.

La sentencia  fue recurrida en casación ante el Supremo por la expareja del demandante y que ahora el pleno de la Sala Primera del alto tribunal desestima al considerar que “carece de sentido prolongar” el pago de la pensión, cuya extinción podría haberse producido desde que la mujer comenzó a convivir maritalmente con otra persona en 2004, es decir, mucho antes de la presentación de la demanda.

El alto tribunal recuerda que, para que se acabe la pensión compensatoria, no es necesario que uno de los cónyuges se case con otra persona sino que basta con que conviva maritalmente con ella, como establece el artículo 101 del Código Civil.

“La razón de  la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio”, señala la Sala.

Compensación que se extinguirá, prosiguen los magistrados, “cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona”.

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El Supremo reconoce el desprendimiento de retina como accidente laboral a una administrativa

  • La literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas como causa de desprendimiento de retina.
  • No obstante, un artículo que establece son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en lugar de trabajo.

El Tribunal Supremo ha reconocido que el desprendimiento de retina sufrido por una administrativa delante de su pantalla de ordenador se considera un accidente laboral, al tratarse de una lesión producida en lugar y tiempo de trabajo. La sentencia de la Sala de lo Social del alto tribunal estima el recurso de casación de la trabajadora y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declaró que su incapacidad temporal derivaba de una enfermedad común. El accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2014 cuando la administrativa, que trabaja para la Intervención Delegada de la Seguridad Social de Orense, estaba delante del ordenador en su puesto de trabajo, sintió molestias en sus ojos y alteraciones visuales, por lo que acudió al centro de salud. Aquí la remitieron a urgencias y poco después fue operada de desprendimiento de retina, si bien la Seguridad Social declaró que su incapacidad temporal derivaba de enfermedad común. No conforme con esa versión, la mujer demandó a la Seguridad Social, y el Juzgado Social número 3 de Orense le dio la razón al calificar su incapacidad como un accidente de trabajo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró que su incapacidad temporal derivaba de enfermedad común al no acreditarse que la causa del desprendimiento fuese un traumatismo. También entendió que no había datos de los que deducir una relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, puesto que la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de ordenador como causa de desprendimiento de retina. Pero ahora el Supremo considera que “el hecho de que se trate de una lesión súbita que aparece en tiempo y lugar de trabajo conduce necesariamente a la aplicación del artículo 156.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en cuya virtud se presume que estamos en presencia de accidente de trabajo”. Un artículo que establece son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en lugar de trabajo. Más aún, añade la Sala, “si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, sin perjuicio de que, estadísticamente existan otras causas más frecuentes”. Por ello, indica, “que establecida la presunción corresponde a quien pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión; acreditación que no se ha producido en este caso, pues no puede considerarse como tal el argumento de que no existen casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina”. En primer lugar, explica la sentencia, porque aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal evento se producía ante una pantalla, la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos del mismo. Y en segundo lugar, porque la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión que en este caso no se ha producido.

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un juez a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas por el nacimiento de su hija

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un juez a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas por el nacimiento de su hija al considerar que el pago único por parto/lactancia que recibió la madre, que es abogada por cuenta propia, no es equiparable a un pago por prestaciones, y que, además, no le permitió suspender su actividad profesional.

El tribunal estima el recurso interpuesto por el magistrado contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 29 de diciembre de 2016, que concedió al magistrado un permiso de 10 semanas de permiso, no de 16, atendiendo al artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49 a) del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el artículo 218.1 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, por entender que la madre sí tenía derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulan su actividad profesional. Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Galicia le denegó una licencia por maternidad por ausencia de previsión legal y reglamentaria que amparase tal derecho.

No conforme con el permiso de 10 semanas, el magistrado presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo que le da la razón en esta sentencia en la que señala que la interpretación que el CGPJ ha dado a la normativa aplicable no se debió detener en la simple concesión del permiso de 10 semanas, sino que debió conceder las 16 semanas solicitadas por el recurrente.

La madre no podía suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones

La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, explica que la madre de la niña no tiene derecho a prestaciones y que el pago único que recibió de la Mutualidad General de la Abogacía no le permitió “suspender su actividad profesional” ni iniciar periodo de descanso alguno por lo que nada se opone a que el padre disfrute el permiso íntegro en beneficio de la menor, que nació en 2016.

La Sala aplica a este caso el apartado 3 del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores que establece que en el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el apartado 7 (permiso de paternidad que comporta la suspensión del contrato durante cuatro semanas).

Por otra parte, el tribunal rechaza que dicho pago único, que recibe la madre, suponga doble pago o duplicación de prestaciones, ya que “resulta obvio que el permiso parental tiene una significación muy distinta para los progenitores, para el cuidado del menor y para el propio interés general, a la del simple percibo de una cantidad que resarza de gastos de maternidad y lactancia”.

Añade que no existe ningún dato que indique qué cantidad debía percibir la madre de la Mutualidad General de la Abogacía como pago único por parto/lactancia, lo que impide valorar su suficiencia o insuficiencia a los efectos que le otorga la resolución impugnada, ni tampoco indicio alguno que avale la afirmación de que ese pago único a percibir por la madre esté destinado precisamente a cubrir el periodo mínimo de recuperación biológica postparto. Por el contrario, añade la Sala, se declara probado que el certificado de la Mutualidad General de la Abogacía de 6 de mayo de 2016 demuestra que el Plan Universal en el que estaba integrada la madre “no contempla en ningún caso la protección por maternidad de 16 semanas retribuidas que la ley establece como descanso por maternidad ni el periodo de lactancia, aunque sí contempla la garantía de maternidad y lactancia con una indemnización de carácter económico de pago único por parto/lactancia”.

La sentencia explica que esa indemnización de pago único es imputable tanto al parto como a la lactancia por lo que carece de sentido, y de apoyo probatorio, llamarla a cubrir, de forma estricta por insuficiencia, sólo la ausencia de rentas durante el periodo mínimo indispensable para la recuperación biológica de la madre tras el parto, protegiendo así únicamente la maternidad biológica. Para la Sala, el acuerdo del CGPJ incurre en contradicción ya que, por una parte, considera que el pago único no se puede equiparar al pago por prestaciones porque solo protege la recuperación biológica y desatiende las demás funciones esenciales que tiene asignada la licencia por parto, pero, de la otra, sostiene que ese pago único sí es un derecho a prestaciones que excluye el derecho del padre al permiso íntegro. En el primer caso, carece de sentido considerar como derecho a prestaciones un pago que es insuficiente para los fines a los que sirve el permiso parental. En el segundo, advierte la Sala, se privaría a ambos padres del permiso parental, en detrimento de los cuidados de la menor y en forma contraria a los principios del derecho de la Unión Europea. Por ello, estima el recurso y reconoce el derecho al permiso de 16 semanas solicitado por el recurrente, debiéndose imputar el tiempo en el que este haya estado de excedencia voluntaria para cuidado de la menor a dicha licencia por maternidad.

Visto Comunicación Poder Judicial

 

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El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios

Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

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Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS PONE UNA SANCIÓN A UN PARTICULAR DE 2.000 €

Un policía local denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a un ciudadano que grabó desde su casa unas imágenes de la calle donde el aparecía.  El policía pidió  al denunciado que parase la grabación y aún así este prosiguió con misma y después  difundió el vídeo por Whatsapp.  El denunciado manifiesta que la grabación la realizó  por motivo de una agresión machista que se estaba produciendo en  la vía pública, y la actuación de la policía local en el desarrollo de sus competencias profesionales.

La AEPD indica que “la mera captación de imágenes de las personas o su difusión a través de WhatsApp puede considerarse un tratamiento de datos personales recogida en la normativa de aplicación”. Además, al constar acreditado que el denunciado divulgó a través de esta red social imágenes de un miembro de la policía, sin su consentimiento, “se ha producido una vulneración del art.6.1 LOPD en cuanto que faltó el consentimiento inequívoco del afectado”.

Por estos hechos, y en atención al principio de proporcionalidad, la AEPD impone una sanción de 2000 euros al denunciado.

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Reducción de jornada para el cuidado de su suegra

La mujer trabajaba de lunes a sábado en turnos de mañana y tarde y pidió a la empresa que le redujeran la jornada al turno de mañana de lunes a viernes para poder cuidar de su suegra, que no puede valerse por si misma.

La empresa rechazó su petición por motivos de organización, y la trabajadora decidió demandar a la empresa alegando que estaba siendo discriminada por razón de sexo, dado que el resto de sus compañeras se han reducido jornada para cuidar a sus hijos pequeños.

La sentencia puntualiza que “ninguna razón existe para discriminar a la familia de la trabajadora en relación con sus compañeras con jornada reducida, antes o después de firmarse ‘cualquier pacto’ que establezca condiciones menos favorables que las establecidas en la normativa vigente”.

La sentencia subraya que el Estatuto de los Trabajadores establece como causa de reducción de jornada por motivos familiares “tener que hacerse cargo del cuidado directo de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida”.

El juez da la razón a la trabajadora que tiene derecho a reducir su jornada a 34 horas semanales.

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Le quitan la pensión alimenticia con 29 años por no estudiar y no buscar trabajo

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias ha ordenado retirar la pensión alimenticia a un joven de Gijón. El hombre tiene 29 años, y la Audiencia Provincial justifica la retirada en que no se ha aplicado en los estudios y no ha mostrado ningún interés en encontrar un trabajo desde que cumplió la mayoría de edad.   Según informa El Comercio, cuando el joven supo que su padre había presentado una demanda para dejar de pasarle los 550 euros mensuales que le estaba dando, no solo se opuso a ello, sino que además trató de conseguir que le elevara la cuantía a 616.

Sin embargo, esta propuesta fue denegada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón y, ahora, por la Audiencia Provincial. “Ha sido la desidia del propio hijo, su falta de aplicación en los estudios, lo que ha propiciado que no concluya su formación”, afirma en la sentencia el tribunal. Concluye también como oportuno retirarle la manutención debido a “su indolencia y falta de interés en procurarse una independencia económica”. Según dice el tribunal, esto sería un caso de “parasitismo social”, término que se encuentra recogido en anteriores fallos del Tribunal Supremo.

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DESPEDIDA POR COMER UNA EMPANADILLA EN SU HORARIO DE TRABAJO.

Un juzgado cordobés ha condenado a un centro comercial de la capital de Córdoba a readmitir o indemnizar con 19.000 euros a una trabajadora que había sido despedida por haberse comido una empanadilla dentro de su horario de trabajo. El abogado de la defensa de la trabajadora, Valentín Aguilar, ha indicado que se trata de una sentencia “pionera” en España, ya que el juez ha declarado “nula” la prueba del vídeo de una grabación de las cámaras de seguridad del centro comercial, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España el pasado enero por dar validez legal a dicha prueba obtenida “sin contar con el consentimiento de los trabajadores”. La trabajadora llevaba 12 años prestando servicios en el centro comercial y el pasado 22 de noviembre recibió una carta de “despido disciplinario”, por lo que la empresa consideró “una actuación absolutamente fraudulenta y desleal”, que era “coger una empanadilla y comérsela en su horario de trabajo”. Según la sentencia, consultada por Efe, el servicio de vigilancia “realizó un seguimiento singular de la trabajadora durante varios días”, unas grabaciones presentadas como prueba por parte de la defensa del centro comercial. Sin embargo, el juzgado cordobés ha estimado que la grabación “no puede ser tenida en cuenta” para acreditar “hechos concretos y residenciados en un solo día” porque la prueba en sí, es decir, la reproducción de un vídeo grabado sin el consentimiento de la trabajadora “no soporta un juicio de constitucionalidad”. Por ello, el juzgado ha considerado que el despido es improcedente, por lo que condena a la empresa a optar por la readmisión o la indemnización de 19.000 euros a la trabajadora.

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El Supremo considera “indigno” a un padre de heredar de su hijo por su “absoluto” abandono en vida

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la incapacidad de un padre para heredar a su hijo con parálisis cerebral ya fallecido al haberse acreditado “el abandono grave y absoluto” del menor por parte del progenitor, que, además, incumplió sus obligaciones de pasar pensión de alimentos mientras estaba con vida. En concreto, el Alto Tribunal habla de la “indignidad” del progenitor para acceder a su condición de heredero (automática cuando el fallecido no tenga descendientes). La sala afirma que, teniendo en cuenta la grave discapacidad del hijo, “el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia aquél no merece otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido esta, y como se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento”. Los magistrados subrayan que “es grave y digno de reproche que el menor desde el año 2007 hasta su fallecimiento en el año 2013 careciese de una referencia paterna, de un padre que comunicase con él, le visitase y le proporcionarse cariño, afectos y cuidados, obligaciones familiares de naturaleza personal de indudable trascendencia en las relaciones paternofiliales, y todo ello sin causa que lo justificase”. “Pero aún es más grave y más reprochable si el menor, a causa de padecer una enfermedad a los 16 meses de edad, sufría una severa discapacidad, como consta en la sentencia recurrida, que exigía cuidados especiales. Fruto de la gravedad de esa conducta paterna es que la reprochabilidad de la misma tenga suficiente entidad, para acarrear, como sanción civil, su incapacidad por indignidad para suceder al menor”, concluye la Sala. La madre presentó una demanda en la que solicitaba que se declarase la incapacidad por causa de indignidad del padre para heredar al hijo de ambos por haberse desatendido de él. El menor sufrió a los quince meses una meningitis que le dejó como secuela una parálisis cerebral con plena dependencia de otra persona. La mujer explicaba que, pese a los ingresos del niño en el hospital, lo ignoró y no volvió a verlo, abonando únicamente 5.000 euros de alimentos que le fueron impuestos por sentencia y sin comparecer en el proceso iniciado para privarle de la patria potestad, que no terminó porque el niño falleció. El progenitor alegó que no hubo abandono y atribuyó la demanda a una estrategia de la mujer para que él no recibiera la herencia de su hijo. El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avilés desestimó la demanda porque entendió que la madre no consiguió probar la causa de indignidad por abandono, ya que el padre había cumplido parcialmente la obligación de pagar alimentos acordados en el convenio regulador y que, además de abonar ciertas deudas comunes, no hubo reclamación por impago de pensión alimenticia. La Audiencia Provincial de Oviedo revocó esa sentencia y declaró al demandado incapaz por indignidad para suceder a su hijo fallecido. Contra esta sentencia, el padre presentó recurso de casación, que ahora ha sido desestimado por la Sala de lo Civil. Por otra parte, el tribunal señala que la sentencia recurrida no da prioridad sobre el resto de pruebas a un documento privado, firmado por el padre con asesoramiento de su abogado en mayo de 2013 –meses antes del fallecimiento del niño–  en el que reconoce que “nunca fue para mí un hijo querido ni deseado, olvidándome y desentendiéndome completamente con él”. La sentencia explica que, como el padre cuestionaba lo reconocido en ese documento, la Audiencia Provincial de Oviedo valoró también el resto de las pruebas practicadas para confirmar esas manifestaciones. En este sentido, indica que, “consciente de la claridad de lo que reconoce en el mismo, alega que obedeció a motivos espurios de la madre del niño. Pero como también es consciente de que lo suscribió con asesoramiento de letrado, pone en entredicho el buen hacer profesional de este, aunque sin llamarlo a testificar relevándole del secreto profesional hacia él, a fin de que explicase qué justificaba que se suscribiese ese contenido impresentable, en palabra del recurrente, así como para que el letrado en cuestión no viese criticada su labor sin poderse defender”.

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La Audiencia de Las Palmas anula la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios

La Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas, sala especializada en condiciones generales de la contratación , ha decretado la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura en los créditos hipotecarios, al entender que no se percibe como correspondientes a servicio o gasto real y efectivo alguno, y además tampoco es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario.

El Tribunal establece que la citada comisión no son sino costes inherentes a la explotación del negocio (bancario) que se sufragan con sus propios recursos.

La sentencia que establece la doctrina de la Sala -no hay de momento jurisprudencia del Supremo- estima el recurso de una particular de Las Palmas y condena a la entidad con la que suscribió el crédito hipotecario, Bankia, a devolverle los 1.189,26 euros que había abonado por este concepto.

Por lo demás,  el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble, el banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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Una sentencia libera a unos padres del aval de la hipoteca de su hijo

En una reciente sentencia el juez ha considerado que los avalistas -el padre y el hermano de la persona que solicitó el préstamo-, no fueron informados por parte del banco de manera suficiente de las consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula.

En este caso, un joven con ingresos discretos e inestables pidió unahipoteca Blue joven a BBVA y la entidad requirió el aval de los padres y de su hermano, cuando el hipotecado tuvo problemas para pagar, el banco comunicó a sus padres que podrían embargar su vivienda. Ante esta noticia, el padre del joven empezó a pagar las cuotas de la hipoteca de su hijo por miedo a perder la suya propia.

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esta familia  al entender que el aval era abusivo y que el banco “no explicó bien a los padres y hermanos” lo que éste implicaba.

La entidad no logró acreditar que facilitase a los avalistas información suficiente ya que el empleado de la oficina bancaria, recoge la sentencia, “no atinó a responder cuando fue preguntado por el significado de los términos de la cláusula y manifestó su desconocimiento del mismo”.

De esa manera, la cláusula de afianzamiento de ese crédito es abusiva y por ello, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nula. Se trata de la primera sentencia de estas características en Bizkaia y abre la puerta a muchas más reclamaciones.

 

 

 

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Deja su coche estacionado en un parking de Palma 9 años.

Inmaculada llegó conduciendo su Volvo de color azul al parking subterráneo de la plaza Bisbe Berenguer Palou en el centro de Palma. Un aparcamiento muy frecuentado por su cercanía a los juzgados.

Era un 24 de marzo de 2009, La conductora llegó conduciendo el Volvo y lo estacionó en un puesto privilegiado: el primer lugar al levantarse la barrera y muy cerca de las máquinas de pago, por lo que las maniobras para estacionar eran mínimas. Inmaculada estacionó el vehículo, echó el freno de mano, lo cerró y lo dejó ahí durante nueve años.

Ya en 2013, la Justicia condenó a la afectada a pagar los 28.000 euros que adeudaba y, tras reiteradas incomparecencias fue declarada en rebeldía, entonces se inició el proceso de adjudicación del coche a los dueños del parking que se alargó hasta 2017 por sus incomparecencias alargando con ellas los plazos de notificación de la sentencia y su firmeza.

Los meses fueron pasando entre trámites para solicitar la adjudicación del vehículo a la concesionaria del parking, el peritaje del coche y las nuevas notificaciones que continuaron alargándose al no responder la denunciada.

En 2017 se adjudicó de forma definitiva el vehículo a la concesionaria, el valor del mismo apenas cubría una pequeña parte de la deuda.  La concesionaria ha esperado estos meses con el vehículo estacionado allí  con la esperanza de que tras los embargos que se la estaban realizando a Inmaculada esta se pusiera en contacto con ellos, hasta que la semana pasada retiró el vehículo del parking para llevarlo a un desguace.

 

 

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Multa a Endesa de 30.000 euros por cambiar de compañía a un cliente sin su consentimiento

La CNMC ya multó en 2017 multó a las cuatro grandes energéticas por prácticas similares.

A FONDO: “Vengo a aplicarle los descuentos…” (y otros engaños para cambiarte de compañía energética).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía con 30.000 euros por haber cambiado a un consumidor de compañía eléctrica (comercializador de electricidad) sin contar con su consentimiento. Competencia considera que, con esta actuación, Endesa Energía es responsable de una infracción leve de las tipificadas en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Esta multa tiene su origen en la denuncia que realizó un consumidor a través de la Asociación de Consumidores FACUA-Consumidores en Acción, quejándose de que le habían cambiado de comercializador de electricidad sin su visto bueno. Tras recibir la denuncia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, posteriormente, inició un expediente sancionador contra Endesa Energía por cometer una infracción administrativa de carácter leve, en concreto, por el incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que Endesa Energía no ha respetado el procedimiento que deben seguir las comercializadoras de electricidad para contratar con un nuevo cliente ni tampoco ha contado con su consentimiento. No es la primera sanción… Competencia recuerda que no es la primera vez que sanciona a empresas del sector energético por prácticas similares. Así, en 2017 multó a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios, y Viesgo Energía) con un total de 155.000 euros. Además, la CNMC publicó 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los consumidores y las comercializadoras de electricidad y gas natural, cuando se realiza una contratación. Entre otros consejos, insistía en la importancia de que las compañías sean muy cuidadosas a la hora de captar clientes a través de canales de venta domiciliaria y por teléfono, especialmente en consumidores vulnerables y personas mayores. Asimismo, la normativa establece el derecho del consumidor a elegir comercializador, y obliga a éstos a cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.

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El Supremo alivia a la banca y carga sobre sus clientes el pago de impuestos por la constitución de las hipotecas

Reparte en cambio los gastos de notaría a partes iguales entre clientes y banco.

La OCU calcula que los clientes dejarán de recibir una media de 2.500 euros por hipoteca.

La banca no siempre gana, pero lleva ya dos manos seguidas a su favor: primero con el fallo judicial que validaba la transparencia en el uso del índice IRPH para la constitución de hipotecas y, este miércoles, recibiendo otra sentencia beneficiosa para el sector en relación a los gastos hipotecarios. El Supremo ha aliviado a la banca del lastre que le suponía uno de sus conflictor más importantes de los últimos años con las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisas, el índice IRPH o las preferentes. El fallo que ha emitido hoy el alto tribunal parece salomónico en su redacción pero la balanza, en este caso, está vencida claramente del lado de las entidades financieras. Los clientes y los bancos, según el avance de la sentencia, deben repartirse “a partes iguales” el impuesto correspondiente al timbre notarial, pero el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la constitución de la hipoteca —que es el mayor de los desembolsos— deberá ser abonado íntegramente por el cliente. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días, pero ya ha provocado el malestar entre los afectados, bufetes de abogados y asociaciones de consumidores que han defendido sus intereses. Estas son las claves de la sentencia del Supremo:
Pero…

¿qué son los gastos hipotecarios? Cuando contratas una hipoteca, no solo te debes preocupar por devolver el dinero con los plazos e interés que pactas con el banco. Existen otra serie de gastos que las entidades han estado repercutiendo por costumbre a los clientes: los gastos de notaría, la inscripción en el registro de la propiedad y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

¿Cómo surgió este conflicto? Los clientes comenzaron a denunciar que estos gastos no debían asumirlos ellos. La organización OCU impulsó una demanda primigenia hace años porque consideraba que debían sufragarse por los bancos dado que servían “para asegurar la recuperación del préstamo”. El Supremo dictó entonces una primera sentencia en 2015 que estimaba su idea y consideraba “abusivo” que los clientes asumieran todos los gastos del préstamo. Pero no entró a decidir qué debía pagar cada parte. Las demandas siguieron llegando. Las sentencias de las distintas audiencias juzgados provinciales se contradecían sobre quién-debía-pagar-qué. Así que el alto tribunal se vio obligado a dictar esta nueva sentencia para aclararlo.

¿Qué dice ahora el Supremo? El Tribunal se reafirma en la “abusividad” de que “sin negociación y de manera indiscriminada se atribuya en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor” y estima en parte el recurso de los consumidores afectados. Pero emite una sentencia que no satisface en absoluto el interés de estos al  endosar el pago del ITP y AJD para la constitución de la hipoteca al cliente por ser “es el sujeto pasivo del impuesto”. Sí estima en cambio que el impuesto correspondiente al timbre notarial debe abonarse “por partes iguales” entre prestamista y prestatario, aunque el coste de este es muy inferior al que asumieron los clientes por la constitución de la hipoteca.

¿Es un alivio para la banca? Completamente. La OCU calculó que los gastos en una hipoteca media de 150.000 euros se elevaban a 3.100 euros repartidos entre 435 de notaría, 125 de registro y 2.550 (casi un 85% del total) del citado ITP y AJD. En total, resumía que seis millones de clientes con hipotecas vivas en 2015 podrían reclamar la devolución de 450 millones correspondientes solo a los gastos de ese año. Según Adicae, otra de las asociaciones de usuarios que han luchado por este asunto, los afectados podría llegar a los ocho millones y cada uno de ellos podría llegar a recibir de media de 1.000 a 3.000 euros. El sector bancario habría recibido de este modo un golpe excepcional a sus cuentas, pero el Supremo lo ha aliviado hoy haciéndole pagar, tan solo, la mitad de los gastos de notaría.

¿Deberán devolverme alguna cantidad? Depende de cuándo firmases tu hipoteca. Las entidades traspasaban hace años por defecto todos los gastos a los clientes, así que quienes la firmasen hace tiempo podrían reclamar, al menos, la mitad de esos gastos de notaría que la OCU calcula de media en 435 euros. Pero desde que se judicializó este asunto algunos bancos cambiaron su política. “Es una buena noticia que el timbrado de los documentos notariales sea repartido entre ambas partes, pero muchos bancos los incluyen ya de serie en sus ofertas hipotecarias”, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Cinco entidades de hecho –Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja– empezaron a asumir recientemente todos los gastos de notaría y registro de la propiedad.

¿Es el final del camino para los hipotecados? Queda la vía de la justicia europea, la misma que han seguido otros conflictos como las cláusulas suelo y el índice IRPH. En el primer caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabó dando la razón a los clientes en contra del criterio del Tribunal Supremo español, que había cercenado la retroactividad de las cláusulas anteriores a su sentencia de 2013; en el segundo caso, el alto tribunal consideró que un cliente “atento y perspicaz” habría conocido los riesgos de contratar una hipoteca con índice IRPH, pero un juez barcelonés acaba de elevar una cuestión al TJUE para que también se pronuncie al respecto. Para que la causa de los gastos hipotecarios llegue a la Corte de Luxemburgo, algún juzgado debería imitar esta vía consultiva.

¿Qué opinan las asociaciones de consumidores? La OCU lamenta que “la banca gane una vez más a costa de los consumidores” y que el Supremo “cambie de criterio” para evitar que los clientes reciban esos 2.500 euros de media por hipoteca. Anima sin embargo a reclamar el resto de gastos hipotecarios que aún se pueden recuperar.

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Apuntes sobre divorcios..

El único requisito que se pide para divorciarse es llevar tres meses casados, no hay que alegar motivo alguno.

El primer paso para conseguir el divorcio es presentar una demanda, puede hacerse de dos maneras, de mutuo acuerdo, en cuyo caso la demanda se presenta a nombre de los dos cónyuges o de manera unilateral, aquí nos encontraríamos ante un divorcio contencioso.

Para solicitar un divorcio de mutuo acuerdo se necesita que ambos cónyuges estén de acuerdo en deshacer el matrimonio y que así lo soliciten al juzgado a través de una demanda y adjuntando un convenio regulador acordado por ambos. Para el proceso de divorcio se necesita abogado y procurador aunque este sea de mutuo acuerdo.

El divorcio contencioso es aquel en el que las partes no se han puesto de acuerdo en las medidas a adoptar y acuden al juzgado para que sea el juez quien decida. Uno de los cónyuges presenta una demanda de divorcio contencioso contra el otro cónyuge, solicitando en la demanda como quiere que se regule la relación familiar tras el divorcio

Si hay hijos menores en el convenio regulador del divorcio han de incluirse acuerdos respecto a la custodia, las visitas, la pensión alimenticia…

El divorcio amistoso o de mutuo acuerdo es más rápido y tiene menor coste que el contencioso, este hace necesario que se dupliquen los tramites, la duración y los gastos, debido a que existen dos partes enfrentadas que deben presentar pruebas para demostrar sus alegaciones.

En cualquier momento del proceso, los cónyuges pueden llegar a un consenso y el divorcio puede transformarse de contencioso a amistoso, igualmente un divorcio de mutuo acuerdo puede llegar a ser contencioso cuando las partes no alcanzan los acuerdos.

 La demanda ha de presentarse donde esté el domicilio familiar, y si la pareja ya vive separada, donde corresponda al domicilio del demandado. Si hay hijos, el lugar lo marca la residencia de éstos.

La ley reconoce una serie de derechos derivados del matrimonio que hay que pactar en el divorcio: el uso de la vivienda familiar, una pensión para el más perjudicado por la ruptura y una posible compensación por la dedicación al hogar. Si el divorcio es de mutuo acuerdo y así se acuerda por ambos los jueces aceptan que no se den estas compensaciones. Si no hay acuerdo, exigen cantidades en función de la diferencia patrimonial de los cónyuges, de los años de matrimonio o de la edad.

La custodia de los hijos pueden pactarla los padres, pero el fiscal revisará que los pactos sean apropiados y que estos son beneficios para los niños.

La pensión de los hijos depende en gran medida del poder adquisitivo de cada progenitor, del tiempo que pasan con ellos  y de los acuerdos que hayan tomado entre ambos. Aunque los jueces utilizan unos baremos o tablas de referencia que varían según la localidad. Como este dinero tiene un beneficio fiscal para quien lo paga, los jueces revisan que no sean cantidades desorbitadas para los gastos de manutención –alimentos, vestido, educación, ocio y sanidad–, pero en el convenio pueden pactarse otros pagos adicionales si se desea. También computan como pensión pagos en especie como facilitar la vivienda donde vivirán o pasar más tiempo con ellos. A la hora de pagar, es importante dejar constancia de ello, así que se recomienda hacerlo por ingreso bancario, en una cuenta común para los gastos de los hijos, y diferenciando el concepto por el que se realiza cada ingreso.

La edad para la pensión de un hijo es hasta que tenga independencia económica o acceso al mercado laboral. Si pasan los años y no se preocupa por trabajar se le puede reducir la asignación y sufragar sólo su alimentación, pues el Código Civil regula la obligación de alimentar a un familiar.

Una vez divorciados los padres deberán  decidir juntos cuestiones importantes sobre sus hijos porque la patria potestad sigue siendo de los dos. Eso significa que han de consensuar todo lo que afecte a la educación, los cambios de domicilio o los tratamientos médicos, entre otros asuntos de relevancia.

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Un juez impone la custodia compartida a un padre que no quería cuidar de su hijo con discapacidad Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3265210/0/custodia-compartida-padre-no-queria-cuidar-hijo-discapacidad

La sentencia exige “extremar los deberes de ambos, sin que puedan recaer exclusivamente en la madre”.

Se trata de una decisión “pionera” al contemplar la guarda y custodia como un deber en vez de como un derecho.

El borrador del nuevo Código Civil incluye la custodia compartida de los niños en caso de separación.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a un hombre el régimen de custodia compartida sobre sus hijos menores de edad, aún cuando se oponía a ello, ante la imposibilidad de la madre de cuidar a sus hijos en solitario debido a la grave discapacidad que padece uno de ellos. La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) ha informado de la sentencia y su vicepresidenta María Dolores Azaustre ha ejercido como abogada de la madre. Con dicha sentencia se ha logrado que el tribunal cordobés siente jurisprudencia “con carácter excepcional” estipulando la custodia compartida de los menores por semanas alternas a pesar de la oposición del padre. “Dada la entidad del problema familiar, se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan hacerse recaer exclusivamente en la madre”, concluye el tribunal en la sentencia, dictada el pasado 23 de enero, y en la que especifica que se trata de “una solución excepcional” ante “una situación excepcional”, según se hace eco la asociación. Una sentencia pionera Para Aeafa, la decisión judicial es “pionera”, no solamente porque “es la primera vez que se obliga a un padre a ejercer una custodia compartida, pese a su oposición”, sino también porque, en palabras de Azaustre, la costumbre es que “la guarda y custodia se pida como un derecho” en lugar de contemplarse como un deber. Cuando se tramitó el divorcio de la pareja de Córdoba se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años. “Hasta ahora, los tribunales entendían que si el progenitor se negaba a cuidar de los hijos, difícilmente se le podía obligar. Desgraciadamente, esa fue la solución de la Audiencia de Valencia a una madre que solicitaba la implicación del padre en el cuidado de un hijo enfermo. Y la de un juzgado de Madrid a una madre que pedía ayuda para compartir con el padre los cuidados de su hijo con autismo”, recuerda la abogada. En el caso de esta sentencia, la organización destaca la “sensibilidad especial y sentido común” del tribunal para dar respuesta al requerimiento de la madre y explica que esta “no podía más” y estaba “desbordada” al tener que compaginar la “dedicación y cuidados permanentes de los hijos” —uno de los cuales padece una discapacidad que se ha agravado durante la adolescencia— con sus obligaciones laborales. A esta situación de la madre “se le unió la pérdida del apoyo de sus padres para ayudarla a cuidar de los nietos, a causa de una desgraciada enfermedad”, agrega la letrada. El padre se negaba y aunque al principio el Juzgado de primera instancia dictó una sentencia manteniendo la custodia materna e incrementando la pensión de alimentos del hijo en 75 euros, la Audiencia de Córdoba acordó el 23 de enero la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor. “Este fallo nos hace reflexionar sobre el deber que implica tener un hijo, pues también es una obligación cuidarlo cuando existen circunstancias excepcionales que así lo requieren”, subraya Azaustre.
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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo que sirvió al ejército español en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas. El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, como sujeto de derecho internacional y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979. Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”.

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de la misma según la legislación marroquí.

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de acuerdo con la legislación marroquí.

Voto particular

La sentencia incluye un voto particular firmado por los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos. En la misma línea que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios millones las personas, que proceden de países de religión musulmana, que viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los magistrados en su voto.

“Con pronunciamientos como el de la sentencia mayoritaria –concluyen- se van abriendo poco a poco brechas que debilitan nuestras señas de identidad, y que su aplicación sea en un aspecto muy limitado no quita para que, dado ese paso, se vaya a su extensión a otros supuestos aún más inaceptables”.

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El funcionario de Alicante que solo trabajó 18 meses en 15 años vuelve a estar de baja.

Los seis meses que se tienen que cumplir como mínimo se cumplieron el lunes y este miércoles  ya presentó una baja.

Ha estado encadenando vacaciones y bajas ante las quejas de compañeros y sindicatos.

“No podemos hacer nada porque está de baja y no podemos dudar del médico que se la ha firmado”.

Este funcionario de la Diputación Provincial de Alicante, que fue noticia este mismo mes tras saberse que llevaba apenas 18 meses trabajados en 15 años por la sucesión de vacaciones y bajas y cobrando su sueldo íntegro, vuelve a estar de baja desde este miércoles, según han confirmado fuentes de la Diputación y del centro psiquiátrico en el que trabaja al diario Información de Alicante. El lunes se habían cumplido los seis meses mínimos de alta que son precisos, desde un cambio normativo de 2011, para volver a solicitar otra baja. Algo que no ha causado sorprensa en su entorno laboral, dado que es su modo de obrar desde 2001. Algunos de sus compañeros han asegurado además que, a lo largo de los últimos seis meses de alta, se limitaba a permanecer apenas media hora para después regresar a su casa. Tanto fuentes sindicales como el diputado de Personal, Alejandro Morant, reconocen no obstante que este trabajador no está cometiendo ninguna ilegalidad. “Nos sentimos atados de pies y manos”, ha asegurado Morant, “no podemos hacer nada porque está de baja y no podemos dudar del médico que se la ha firmado”. “Es un bajista de profesión, un absentista patológico que se ha ido buscando la vida para estar siempre de baja y todas las instituciones que han intervenido en este caso han ido cumpliendo con la legalidad”, llegó a comentar un líder sindical.

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Volkswagen tendrá que pagar un coche nuevo a un afectado del ‘Dieselgate’

Un juez de Manacor obliga al fabricante a abonar el precio total de un Skoda porque lo anunciaba como un modelo “más ecológico que el resto”. Primera sentencia Europea.

Un juez de primera instancia de Manacor acaba de condenar a la automovilística Volkswagen a devolver el precio íntegro de un Skoda Yeti, afectado por el escándalo de las emisiones diesel. Tendrá que abonarle al comprador 19.378,11 euros, más intereses. Se trata de la primera sentencia en Europa.

La sentencia fue dictada el pasado 5 de enero y es la primera en condenar a la empresa a la devolución íntegra del importe. Hasta el momento, los litigios entre afectados y la empresa alemana habían terminado con la condena de Volkswagen a pagar como mucho el 10% del precio del vehículo.

Trucaje del motor

Los abogados del demandante usaron durante el proceso principalmente tres argumentos. El primero, que al Skoda Yeti adquirido en 2012 por un particular en Manacor se le había implantado un dispositivo diseñado para trucar las emisiones de CO2. Este aparato está prohibido por la legislación europea en materia de contaminación del medio ambiente.

Este argumento no es nuevo. Ha sido utilizado por las defensas de los miles de afectados que han acudido a los tribunales contra Volkswagen. Sólo en España hay 600.000 propietarios de vehículos que han tenido que pasar por el taller para modificar el motor con el fin de que no engañe sobre los gases emitidos a la atmósfera.

Publicidad falsa

Pero ha sido el segundo argumento el decisivo para el fallo de la sentencia. Se trata de la publicidad sobre el vehículo en cuestión. El Skoda Yeti era anunciado a los clientes como un coche “más ecológico que el resto” y bajo el lema de “tecnología greenline”.

El titular del juzgado de primera instancia número cuatro de Manacor, Tomás Sánchez, consideró determinante este reclamo publicitario. De hecho, la sentencia afirma textualmente: “el jefe de taller afirmó que el modelo montaba unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo, y que se vendió bastante poco”.

“Esta escasez de ventas”, sigue, “lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios” y no tanto el resto de prestaciones del vehículo. Es decir, el magistrado entiende que los clientes se decidieron por el Skoda Yeti y no por otro modelo principalmente por una sola razón: porque contaminaba menos, supuestamente.

Por tanto, termina el juez, se produjo la entrega de “cosa diversa a la pactada” por las partes, ya que no era cierto que ese modelo de Skoda fuera  lo ecológico que anunciaba el fabricante.

Perjuicio del vehículo

Hubo un tercer argumento: el daño sufrido por los clientes a causa de lo motores trucados y la solución que dispuso Volkswagen para remediarlo.

Los 600.000 vehículos afectados debían de pasar por el taller para que los técnicos modificasen el medidor de los gases emitidos.  El propietario del Skoda Yeti , una vez “reparado” el motor, empezó a notar que el coche no funcionaba como antes.

En concreto, constató una pérdida de potencia del vehículo y un aumento del consumo de combustible, hasta el punto de que llegó a gastar en la gasolinera más del doble en llenar el depósito que antes de la modificación del motor.

Así lo demostró  en la vista mediante informes técnicos de distintos mecánicos. El juez ha estimado las pruebas y considera finalmente que el cliente ha sufrido perjuicio por parte de la empresa fabricante.

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Dependienta despedida por desvelar a una niña que Papá Noel no existe.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia de 1 de junio de 2017 (EDJ 172954), avaló el despido disciplinario de una empleada de El Corte Inglés que acumulaba diversas faltas en el desempeño de su trabajo, una de ellas revelar a una niña de siete años la procedencia de los regalos de Papá Noel.

La sentencia desestima el recurso presentado por la trabajadora contra la sentencia del Juzgado de lo Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife que declaró la procedencia del despido.

Los hechos se remontan a diciembre de 2015 cuando la trabajadora, en la sección de joyería de los grandes almacenes, le dice a la niña que se lleve a su padre a la sección de Perfumería para que la madre le compre un reloj como regalo de Papá Noel, lo que deja a la niña “desolada” y al encargado “avergonzado” ante las quejas de la familia.

Antes de esta situación, la dependienta acumulo diversas faltas, por insultar a sus compañeros, pos faltas injustificadas o por ignorar las instrucciones de su superior,  en septiembre de ese mismo año fue sancionada con falta muy grave y suspensión de empleo y sueldo de 16 días por mantener una “actitud negativa, pasiva, poco diligente y muy alejada de la profesionalidad” que requiere su puesto de trabajo -en febrero fue traslada de la sección de Perfumería a Joyería-.

En la sentencia se argumenta que detrás del mal comportamiento y desobediencia de la trabajadora se escondía su intención de “conseguir un despido retribuido” -llevaba diez años en la empresa- algo que confesó en una discusión con otra trabajadora: “Que me echen, así me pagan todo lo que me deben”.

NO FUERON HECHOS AISLADOS

Así, el TSJ Canarias sostiene que los hechos probados podrían considerarse como falta leve o grave pero no muy grave, pero la continuidad de sus actos durante tres meses denota su “falta de buena fe” en el desarrollo de sus funciones.

El Tribunal entiende que esta actitud no es aislada, y tras ser suspendida de empleo y sueldo y persistir en ella, ‘obliga’ a la empresa a activar el despido por “quiebra” de la confianza.

“La empresa actúa conforme al convenio colectivo, imponiendo la sanción más grave prevista, esto es el despido, cuando ya había optado por la suspensión de empleo y sueldo y no había conseguido restablecer la buena fe en la relación laboral”.

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El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad del semáforo foto-rojo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación de una sanción de tráfico por infracción grave, consistente en saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones, interpuesta en función de la imagen captada por un dispositivo foto-rojo en el municipio de Catarroja (Valencia).

En la sentencia la Sala no admite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja contra la sentencia de 9 de noviembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que decretaba la nulidad de las sanciones de 200€ y detracción de 4 puntos impuestas por este municipio a un automovilista que supuestamente rebasó un semáforo en rojo, y se le imponen unas costas de 2.000€.

El ayuntamiento, perteneciente a la mancomunidad de L’Horta Sud de Valencia, recurrió la sentencia que anulaba una sanción impuesta por la comisión de una infracción grave consistente en rebasar un semafóro en fase roja al considerar que su doctrina era “errónea y gravemente dañosa para el interés general” y le pidió que declarase que “los dispositivos conocidos como fotorrojos no están sometidos al control metrológico del Estado por no existir Directivas o reglamentos comunitarios ni normativa española que impongan o exijan dicho control metrólogico del Estado.”

 Sin embargo el Tribunal Supremo no admite  el recurso planteado por el Ayuntamiento al no considerar errónea la doctrina plasmada en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia que declaró que “el dispositivo foto-rojo” empleado por la administración realizaba medición lumínica y a pesar de ello, de que medía, no estuvo sujeto a control metrológico”.

 Según se recoge en el fundamento de derecho primero de la sentencia, el Ayuntamiento de Catarroja “ha sostenido, en relación al sistema de captación llamado “fotorrojo”, que no está sujeto a control metrológico, al no pesar, contar ni medir nada, y asimismo se remite a un oficio emitido por persona no identificada que no certificado, remitido por el Centro de Control Metrológico, en cuanto a su contenido. Este oficio sostiene que el dispositivo “fotorrojo” no está sometido a control metrológico del Estado, fundado en que no hay regulación específica alguna en el campo metrológico para estos aparatos. Sin embargo, como se desprende de la Ley, sus sometimiento a control metrológico no depende de que exista o no desarrollo reglamentario o técnico para ellos, sino que efectivamente cumplan tales funciones de constar, pesar o medir utilizadas a efectos administrativos sancionadores, como en este caso.”

Segunda sentencia del TS que confirma la anulación de multas de “foto-rojo”

Esta resolución judicial del Alto Tribunal repite lo que ya dijo en noviembre de 2015 sobre las infracciones de semáforo captadas por el sistema “foto-rojo”, en contestación a otro recurso planteado por el Ayuntamiento de San Sebastián , y desde entonces el consistorio donostiarra dejó de utilizar este sistema de captación de imágenes de dudosa legalidad.

 

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Algunas claves para elegir un abogado.

 

Existen muchas razones por las que puedes necesitar un buen abogado. Un accidente de tráfico, ser acusado de un delito, divorcio, herencias o ser despedido del trabajo.

Abogados hay muchos y, como en todos los servicios que se contratan, es importante valorar diversos aspectos antes de poner nuestro caso en manos de un profesional del Derecho.

  • Un abogado con experiencia es muy importante y, al exponerle directamente nuestra situación, un profesional experto será capaz de informarnos acerca del problema legal en cuestión. Si no nos transmite seguridad, no será una buena opción.
  • Un abogado que sea fácil de contactar, que responda a tus llamadas y mensajes de correo y te mantenga informado de la evolución del procedimiento.
  • Un abogado que sea sincero y de respuesta de manera clara a todas tus preguntas, la profesionalidad, la experiencia y las referencias son puntos a su favor.
  • Un buen abogado pondrá tus intereses por encima de todo y no se moverá por ningún otro motivo, la lealtad  y profesionalidad deben de ser sus tarjetas de visita.
  • Busca un profesional honrado, que tenga tarifas claras y justas. Solicita antes un presupuesto, donde se incluyan todos los gastos previstos.
  • Pregunta por referencias del abogado elegido, si hay un servicio en el que el “boca a boca” funciona con gran efectividad, es en el sector de los abogados. Un bufete que se precie cuida a sus clientes y esto se traduce en buenas referencias.
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Condenado por enviar a su pareja más de 400 mensajes en un mes

El acusado ha sido condenado a 15 meses de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género.

La Sección Primera de la Audiencia de Alicante ha condenado a 15 meses de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género a un hombre que envió a su pareja un total de 469 mensajes de WhatsApp en poco menos de un mes.

El condenado no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante tres años y deberá indemnizarla con mil euros por el daño moral causado, según la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El acusado, que mantuvo una relación sentimental y de convivencia durante  doce años con la víctima, con la que tiene tres hijos en común,  los mensajes se enviaron  entre los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Según el relato de hechos probados que refleja la sentencia, en los textos de los mensajes el hombre le preguntaba a su pareja insistentemente por el lugar en el que se encontraba o cuando iba a regresar a casa.

También le exigía que llegara cuanto antes, por lo que el condenado ejercía “un control incesante en la vida de la perjudicada, alterándola gravemente e impidiendo que se desarrollase con normalidad”, según la resolución judicial.

“Es evidente que tal control continuo por parte del acusado ha alterado gravemente la vida cotidiana de la perjudicada, limitando su libertad de obrar ante la permanente, dilatada, exagerada e injustificada remisión de mensajes, controlando en todo momento la situación y actividad” de la mujer, afirma la sentencia.

Indica que esa actitud del condenado obedecía a su animo de “inmiscuirse en la vida” de su pareja, “causando intranquilidad y desasosiego hasta límites intolerables”.

Según el fallo, el acusado reconoció haber mandado los mensajes.

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Condenados por vender pescado en mal estado e intoxicar a 14 personas

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Arrecife ha condenado a dos pescaderos a 3 años y 6 meses y a 2 años y 9 meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario en concurso con tres delitos de lesiones y once faltas de lesiones, por vender pescado en mal estado.

La sentencia relata que los acusados, propietario y dependiente de una pescadería de Las Palmas, entre los días 3 y 7 de diciembre de 2017 pusieron a la venta un mero de cerca de 30 kilos de peso que había estado previamente en el expositor de la pescadería y sin haber llevado a cabo los controles que establece la ley. El pescado se vendió por partes a numerosos compradores que resultaron intoxicados infectados por la ciguatera.

El fallo les impone indemnizar a los 14 afectados en más de 51.000 euros y les inhabilita para el ejercicio de su profesión durante cinco años, en el caso del propietario del local, y cuatro años en el caso del trabajador.

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Arruinado por Hacienda tras ganar una cesta en un sorteo

 

¿Puede arruinarte ganar una cesta de 360.000€? Por increíble que parezca si y la culpa es de Hacienda.

El premio era una cesta valorada en 360.000 euros y Hacienda le reclamó un 46% de su valor

Brun  ganó a través de un sorteo una cesta que incluía dos coches, una moto, diversos viajes y otros productos más todo ello valorado en   360.000 euros.

El problema vino cuando Hacienda le reclamó el 46%  a abonar en dos únicos plazos. El problema es que los intereses generados por aplazar el pago ascienden a un importe total de 160.000 euros, que es la deuda que ahora mismo le ahoga.

El afectado comentó recientemente en la TV que intentó devolver la cesta y le fue imposible, «Me dijeron que era mío y tenía que pagarlo con dinero». Al ganador del premio no le ha quedado más remedio que devolver el dinero que le reclaman, al tiempo que se ha visto obligado a ceder varios productos de la polémica cesta a sus amigos para que no caducasen. Brun ha explicado también que otro de sus intentos fallidos fue vender los coches pero el concesionario le retenía el 20% del valor de los vehículos al estar ya matriculados.

 

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Despedido por el gps de su tablet al probar que no cumplía con su horario.

El TSJA avala el despido de un vendedor considerando como prueba el GPS del dispositivo que le entregó la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) consideró válido el despido de un trabajador al que la empresa le había acusado de no cumplir con el horario establecido y de pasar las dietas por comidas aunque comía  en su casa, lo hizo considerando como prueba el GPS incorporado a la tablet que la compañía le había entregado para su trabajo de comercial.

El hombre, un vendedor que trabajaba para una empresa de droguería recibió en agosto de 2015 una tablet por parte de la compañía «con funciones de teléfono móvil para uso exclusivamente laboral», en la entrega se advertía de que el dispositivo contaba con un módulo GPS que tenía como fin «controlar las visitas de los trabajadores» y que les correspondía mantenerlo operativo y en funcionamiento. Sólo tres meses después, la empresa envío una advertencia al trabajador señalando que incumplía su horario porque les constaba que en numerosas ocasiones «a partir del mediodía no desempeña actividad laboral de ningún tipo» y que también, «de forma habitual» pasaba dietas por comidas «en distintos lugares de la geografía asturiana» aunque la tablet revelaba que a esas horas permanecía «en su domicilio habitual». Fue sólo una advertencia, contra la que el trabajador no apeló ni recurrió, y le fueron descontados 680 euros de la nómina por haber percibido indebidamente 68 dietas de comidas.

La sentencia del TSJA salta luego al mes de marzo de este 2017. Después de un detallado repaso a la actividad de ventas del empleado, en varias localidades del occidente y centro de Asturias; finalmente recibió una carta de despido como consecuencia del  descenso en sus  ventas y, de nuevo, que de forma reiterada y según los datos del GPS dejaba de trasladarse al filo del mediodía y  seguía pasando dietas por comidas a pesar de que la señal del gps indicaba que estaba en su casa.

El hombre recurrió su despido confirmado por el juzgado de lo social pero la sentencia del TSJA (que abre la posibilidad de un recurso de casación) le fue de nuevo adversa. El fallo asume como prueba los datos del GPS , e indica que ya en la primera advertencia de la empresa, el trabajador no recurrió que se usara el GPS para demostrar que no cumplía con el horario. La sentencia del TSJA señala además que  hasta 11 días de los señalados, el hombre «abandonó su trabajo en torno a las 13 horas, sin realizar la jornada de tarde, lo que comporta un incumplimiento del horario de trabajo pactado» y que esa falta de puntualidad se dio de forma reiterada dentro de un periodo de 5 meses.

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Un traficante pagará el veterinario de varios perros intoxicados con el hachís que tiró cuando huía de la Guardia Civil

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a un traficante de Torrevieja a tres años y medio de prisión por los delitos de amenazas, contra la salud pública y daños, después de que amenazara de muerte a una mujer y la Guardia Civil localizara más de 40 gramos de cocaína, entre otras drogas, en su vivienda.

El Tribunal le ordena además que se haga cargo de los 141 euros que costó el tratamiento veterinario de varios perros que se intoxicaron tras mordisquear el hachís que el condenado lanzó a una azotea cuando intentaba huir de los agentes. El hombre también se hará cargo de los 260 euros de coste de reparación de la ventana que rompió para acceder a la terraza.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2016 cuando el condenado amenazó de muerte con un cuchillo a una mujer, a la que reclamó una deuda. Esa misma tarde, la Guardia Civil acudió a su casa donde localizaron más de 40 gramos de cocaína y diferentes cantidades de resina de cannabis destinados a la venta. El hombre fue localizado en la azotea del edificio, a la que accedió tras romper una ventana. Antes de ser detenido, arrojó una bolsa con más de 80 gramos de resina de cannabis, que mordisquearon varios perros que se encontraban en la terraza. Los animales sufrieron una intoxicación y necesitaron tratamiento veterinario.

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Mazazo al millón de afectados por el IRPH: el Supremo le da la razón a las entidades bancarias

El alto tribunal estima que la mera referenciación de un préstamo hipotecario a este índice “no implica falta de transparencia ni abusividad”.

Se estima que un millón de familias contrató su hipoteca con IRPH y no con el euríbor que, en lo peor de la crisis, estuvo hasta 3,4 puntos más barato.

La banca aseguraba a sus clientes que el IRPH era más estable y seguro… pero según la OCU les ha hecho pagar 1.200 euros más de hipoteca al año.

“No pedimos anular el IRPH por introducirlo en el contrato, ¡sino por la forma de hacerlo!”, protesta José María Erauskin, de Abogados Res.

La banca española se ha llevado este miércoles su primer alegrón hipotecario en los tribunales, después de los mazazos judiciales que les supuso perder el caso de las cláusulas suelo y, más recientemente, de las multidivisa.  El Supremo ha dictaminado en su favor en el caso del IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios al que estaban indexados los intereses de aproximadamente un millón de familias. El alto tribunal estima que referenciar un préstamo a este índice “no implica falta de transparencia ni abusividad”, dice la sentencia cuyo texto íntegro se conocerá en próximos días.
El Supremo se pronuncia así sobre el recurso de Kutxabank a una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que anuló los intereses por IRPH aplicados a uno de sus clientes porque estimaba que no hubo transparencia al aplicar este índice y que, al no haber aportado pruebas de haberlo “negociado” con su cliente, se consideraba “impuesto”.
El fallo se esperaba con expectación porque unifica las doctrinas contrapuestas en las audiencias provinciales. Las de Álava, Vizcaya, Salamanca, Alicante, Cádiz, Murcia —y alguna sección de Madrid— consideraron que estos índices no se habían introducido de forma transparente para que el cliente conociera lo que implicaba.  Barcelona, A Coruña, Palma, Valencia o Zaragoza dictaminaron en el sentido del Supremo.

“Discrepo profundamente con la sentencia”, explica a 20minutos José María Erauskin,  el bufete que asesora al particular cuyo caso —un préstamo de 250.000 euros a 35 años y un interés del 4,25% referenciado al IRPH— ha servido hoy al Supremo para fijar su doctrina. “No pedimos anular el IRPH por introducirlo en el contrato, ¡sino por la forma de hacerlo! Tener un préstamos con IRPH no es ilegal, pero es abusivo si se hizo sin transparencia, sin información, sin cuadros comparativos, sin diferenciales de cuotas y posibilidades de elegir otro índice”, protesta Erauskin. “Tampoco la mera mención a una cláusula suelo era abusiva, sino hacerlo de forma opaca y sin dar alternativas”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también ha criticado la sentencia del Supremo. “Desgraciadamente resuelve a favor de la banca, otra vez. Pierden los consumidores, pero seguiremos luchando porque es evidente”, considera la rama madrileña de la organización. “Pese a lo que dice el Supremo, el IRPH es una cláusula abusiva en contra de los derechos e intereses de la gente”, dijo ayer el diputado de Podemos, Rafa Mayoral, cuyo partido ha pedido derogar este índice al que tachan de “opaco” e “influenciable” por las entidades. Y es que el mazazo es grande para el millón de hipotecados que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pagaron unos 1.200 euros más al año por una hipoteca media. Antes de conocer la sentencia, el propio Erauskin explicaba que los afectados “se podían olvidar de recuperar el dinero” si era favorable a la banca. Como ha sucedido finalmente

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ANULADA LA CLAUSULA DE UN CONTRATO DE UNA VISA POR EL TAMAÑO DE SU LETRA.

La tipografía es tan minúscula que para su lectura no basta con el uso de gafas sino que se precisa una lupa

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

En esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda (4.600 euros) pero no así los intereses (766 euros) ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas sino que se necesita una lupa.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

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El Supremo decreta la nulidad parcial de las ‘multidivisa’ por ir “en contra de la buena fe”

Considera su falta de transparencia, adaptando así la doctrina establecida el 20 de septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los españoles con hipoteca multidivisa han perdido una media de 200.000 euros en cada uno de los 70.000 préstamos de esta modalidad.La sentencia crea jurisprudencia y cualquier afectado que demuestre falta de transparencia podría pedir que se cambien sus condiciones a euros.

 

El Supremo ha dictaminado este miércoles la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa por “falta de transparencia”, y se hace eco así de la doctrina establecida hace dos meses por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que las consideró abusivas.”Se ha generado a los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de la exigencia de la buena fe”, dice el Tribunal sobre una sentencia que da la razón a un hipotecado con préstamo multidivisa vendido por Barclays (ahora CaixaBank) y que genera jurisprudencia para otras demandas similares. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) explica que durante la burbuja inmobiliaria “más de 70.000 familias contrataron estas hipotecas aconsejadas por los bancos, que las presentaban como carentes de riesgo”.

Pero el euro se depreció. Las cuotas se encarecieron. Y las familias que las contrataron se vieron atrapadas en unos préstamos mayoritariamente indexados al yen japonés (el 42%) y al franco suizo (un 57%). Asufin calcula que cada familia ha perdido unos 200.000 euros de media en cada préstamo. Ahora, el Supremo considera que como los clientes ignoraban los graves riesgos que entrañaban estos productos, “no pudieron comparar la oferta de estas hipotecas con otro tipo de préstamos”, agravando así su situación económica y jurídica. Los bancos, dice el Alto Tribunal, deben facilitar información suficiente a los clientes para que entiendan “no sólo el contenido formal y gramatical, sino también el alcance concreto”. Es un día para celebrar, la lotería en forma de sentencia ha llegado para muchas familias, zanja Patricia Suárez, presidenta de Asufin. La asociación ya se felicitó hace dos meses cuando la Corte de Luxemburgo calificó estas cláusulas como “abusivas” y estimó que las entidades debían explicar al cliente el efecto que la apreciación o depreciación de las divisas tendría sobre las letras de la hipoteca. La nulidad de las multidivisa que hoy decreta el Supremo, en todo caso, es solo parcial. Un borrón total a estos préstamos supondría “un serio perjuicio para el consumidor” porque, según dice el Tribunal, el cliente tendría que devolver “de una sola vez” todo el capital pendiente de amortizar. De ahí la nulidad parcial que implicará la modificación de la hipoteca, para que quede como un préstamo “concedido en euros” y “amortizado en euros”.

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Facua denuncia a cinco bancos por intentar no devolver lo cobrado por las cláusulas suelo

Acusa al Sabadell, Unicaja, Popular, España Duero y Caja Rural de Navarra.

Les acusa de “poner trabas” al usuario que reclama la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la cláusula suelo de su hipoteca.

La pasada semana la OCU ponía el dedo en la herida de las cláusulas suelo. Denunciaba el colapso de los juzgados creados a tal efecto y recurría al Supremo su invención. ¿Va a funcionar el sistema? Está por ver. El problema es que no todos los bancos quieren colaborar. Es al menos lo que sostiene Facua-Consumidores, que por ese motivo ha presentado una nueva denuncia contra cinco entidades bancarias. En concreto, esta organización de consumidores ha denunciado ante el Banco de España y el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad al Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y la Caja Rural de Navarra. Les acusa de “poner trabas” a los usuarios que reclaman la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación de las cláusulas suelo.

Según Facua, estas entidades bancarias se “inventan artimañanas” para dilatar el proceso de reclamación y provocar que los usuarios desistan en su empeño por intentar recuperar las cantidades cobradas de más. Algunos de estos bancos ya habían sido denunciadas anteriormente por Facua por dificultar la devolución del importe cobrado de más por la cláusula suelo, por lo que la nueva denuncia incorpora “nuevas trabas” aplicadas por las entidades.

En la denuncia, Facua solicita tanto al Banco de España como al Ministerio de Economía que investiguen a las entidades con el propósito de garantizar que los consumidores que deseen reclamar las cantidades cobradas por la cláusula suelo de su hipoteca “no vean limitado su derecho”. Los juzgados de Primera Instancia habilitados en cada provincia para gestionar los litigios relacionados con las cláusulas suelo registraron cerca de 16.000 demandas (15.801) en junio, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De mantenerse el actual ritmo de entrada, estos juzgados podrían cerrar su primer año de actividad con un total de 192.245 expedientes, según fuentes del CGPJ. El pasado 1 de junio entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que el pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la total retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.

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Condena pionera al BBVA: un cliente pagó 175.000 euros por un piso que nunca se terminó.

Una sentencia firme obliga a un banco a devolver los 175.000 euros de hipoteca que tuvo que pagar un cliente por un piso en Figueras que nunca se construyó.

David venció a Goliath en una sentencia pionera en España. La Audiencia de Girona ha condenado al BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) a devolver a un vecino de Figueres (Girona) todo el dinero que ha pagado a este banco por un piso que compró sobre plano pero que no se terminó de construir. La vivienda es uno de los diez pisos de un edificio de la Avenida Salvador Dalí que un empresario de la construcción proyectó de acuerdo con Caixa Terrassa, entidad absorbida por el BBVA. Con el estallido de la crisis, el promotor se declaró en quiebra y dejó colgadas 9 personas que habían pagado un anticipo.

La obra se abandonó sin terminar y los futuros inquilinos se quedaron sin piso y sin el dinero que habían avanzado. Uno de ellos, incluso, formalizó la compra y pidió un crédito de 175.000 euros para poder adquirir la vivienda en la misma caja que financiaba la obra. Durante 10 años ha estado pagando las cuotas mensuales de esta hipoteca. Este vecino es el que denunció la entidad financiera y el que después de 6 años luchando en los juzgados, ha conseguido que la justicia le dé la razón con una sentencia que ya es firme. “Estoy que no me lo creo” ha explicado la víctima, David García, en declaraciones a la SER: “El director del banco estaba compinchado con el promotor y cuando iba al banco para intentar encontrar una solución me cerraba las puertas en las narices. Por ese entonces, yo era un novato que acababa de terminar la carrera de derecho y todo esto ha sido un auténtico máster”.

La pesadilla del demandante, que efectivamente es abogado, comenzó hace más de una década. En marzo de 2007 concretó ante notario la compra de este piso con el promotor “El Serrat de Portugal” y el director de Caixa Terrassa en Figueres. La obra estaba pendiente de ejecución y estaba financiada -y, por tanto, supuestamente avalada- por la caja. No sólo eso: el mismo director de esta entidad financiera actuaba como intermediario y era el encargado de captar compradores entre los clientes de la sucursal. Se sospecha que, por cada piso colocado, el promotor le pagaba un 5% de comisión. También alguna mariscada. Se calcula que habría cobrado unos 24 mil euros en total. Dicho de otro modo: el director de Caixa Terrassa en Figueres jugaba a dos bandas y hacía un negocio redondo. Redondo pero indecente porque, según el demandante, este directivo le endosó la vivienda cuando ya tenía la certeza de que no se terminaría de construir, porque sabía que el promotor estaba a un paso de la quiebra. Y así fue.

 El promotor se declaró insolvente y la caja se quedó el edificio pero se negó a terminar la construcción. La situación era surrealista: el demandante se quedó sin casa pero tenía que pagar religiosamente cada mes las cuotas del crédito al mismo banco que se negaba a finalizar la obra. El resto de compradores renunciaron a los anticipos que habían pagado al promotor, dando el dinero por perdido, pero él estaba atado de pies y de manos. Los responsables de la entidad financiera nunca se quisieron reunir con los afectados.

El caso saltó a la prensa en 2011, cuando este abogado figuerense decidió demandar por estafa por la vía penal al director de Caixa Terrassa, cuando esta entidad quedó integrada dentro del grupo Unnim -absorbido poco después por el BBVA-. Esta querella sigue su curso, porque el juez ve indicios de delito, a pesar de que el banco está intentando que se archive por todos los medios. También presentó una demanda por la vía civil. En 2015 su perseverancia dio frutos y el juzgado de primera instancia 4 de Figueres condenó al banco a devolver al comprador todo el dinero pagados y el IVA. La sentencia, que ahora ha ratificado la Audiencia de Girona, obliga definitivamente al BBVA a cancelar el crédito de su cliente.

Esta sentencia no entra a valorar la conducta del antiguo director de esta sucursal -una vez el caso saltó a los medios de comunicación, el banco lo despidió-. Sí que indica que hay pruebas abundantes que demuestran que la entidad financiera sabía en todo momento cuál era la situación de esta promoción de pisos y que, sin embargo, estafó su cliente. Un cliente de toda la vida que ha vivido más de una década con el agua al cuello, haciendo equilibrios financieros para poder pagar dos cuotas: la de la hipoteca para esta vivienda inhabitable y la del alquiler del piso donde hasta ahora ha estado viviendo. La historia de muchas y muchas familias catalanas que confiaban en sus entidades financieras y han sido engañadas sin escrúpulos.

Pero la cosa no ha terminado aquí. Con esta rendija abierta, 4 de las personas que pagaron el anticipo al promotor y lo habían dado por perdido ahora también se han animado a denunciar el BBVA para recuperar el dinero. Y tienen muchas posibilidades de conseguirlo. Y la querella penal contra este banco y contra el antiguo director de la sucursal en Figueres sigue su curso. Una nueva condena puede acarrear penas de prisión.

NOTICIA ORIGINAL   http://cadenaser.com/ser/2017/11/06/tribunales/1509984192_510472.html

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El Supremo confirma que una cláusula suelo abusiva es nula aunque haya acuerdo posterior entre banco y cliente

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que, por primera vez, confirma que las cláusulas suelo abusivas deben anularse siempre y no pueden convalidarse aunque los afectados hayan firmado un acuerdo en ese sentido con el banco.

La sentencia -emitida el pasado día 16 y difundida este viernes- determina que la nulidad de una cláusula suelo abusiva “es una nulidad radical o de pleno derecho”, por lo que no puede ser convalidada posteriormente.

En concreto, el fallo judicial hace referencia a un caso en el que los demandantes habían firmado una hipoteca que contenía una cláusula suelo de la que no se les informó; después de la firma, pactaron una reducción de las condiciones de esa cláusula. Pero ahora, el Supremo confirma que, al ser nula la cláusula desde el momento de su firma, la reducción pactada porteriormente no afecta a esa nulidad.

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Un juzgado declara ilegales las multas por exceso de velocidad de los radares fijos colocados en Oviedo.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Oviedo, Miguel Angel Carbajo, ha estimado el recurso presentado por una particular contra la comunicación de una multa por sobrepasar la velocidad permitida en un tramo donde el Ayuntamiento tiene colocado un radar fijo.

En su sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, el magistrado considera que el Ayuntamiento debería haber verificado periódicamente, tanto la fiabilidad de los cinemómetros que miden la velocidad de los vehículos como de las cabinas en los que se colocan, y en este caso no ha quedado acreditado este último requisito.

Para el magistrado dicha verificación doble es obligatoria y así viene dictada en el artículo 12 de la Orden ITC 3123/2010, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor. En dicho artículo se recoge que “la verificación periódica de una cabina tiene por objeto comprobar su integridad y orientación y que es capaz de soportar y mantener el instrumento en condiciones adecuadas para desempeñar su función.”

Tras la notificación de esta sentencia firme, el Ayuntamiento de Oviedo ha comunicado que provisionalmente todos los radares de cabina que están colocados en distintos puntos de la ciudad permanecerán apagados hasta que se adapten a lo estipulado a la sentencia.

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Lidl despide a un empleado por trabajar más horas para preparar la tienda al público sin fichar

La compañía tiene una norma: “Cada minuto que se trabaja, se paga, y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado”.

El empleado empezaba a trabajar hasta 87 minutos antes sin fichar.

Un empleado de una tienda de Lidl en Barcelona, que entró a trabajar en 2005, fue despedido el pasado mes de junio por empezar a trabajar minutos antes —en alguna ocasión incluso con una hora de antelación— de lo que marcaba su jornada laboral con el fin de preparar la tienda de cara al público, según una información publicada por el periódico El País. El afectado responde al nombre de A Jean P. y desempeñaba funciones de gerente del local.  El motivo que alega la cadena de supermercados para haber llevado a cabo el despido no es otro que por “incumplimientos laborales muy graves”. Fue en abril de 2017 cuando la compañía alemana observó un comportamiento inusual: cómo accedía a la tienda a las cinco de la mañana y pasaba “entre 49 y 87 minutos” trabajando sin fichar. Según ese diario, el empleado vulneró la la norma “cada minuto que se trabaja, se paga, y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado”, tal y como se detalla en la carta de despido, donde señalan también las quejas recibidas por algunos compañeros a los que alentó a ir antes de tiempo.

Jean P. ha llevado el caso a los tribunales al creer que su despido es improcedente.

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El TSJCV confirma la condena a un médico del Clínico que sacó cajas de viagra con la tarjeta de su tío muerto.

  • La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena a cuatro años y medio de prisión a un médico del Hospital Clínico de València que falsificó recetas para sacar 14 cajas de viagra del Servicio de Farmacia del centro sanitario a nombre de un familiar, incluso cuando éste ya había fallecido.

El tribunal confirma así la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó al facultativo en aplicación de un veredicto de un jurado popular que le consideró culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa a la Administración. Junto a la pena de cárcel, la sentencia le impuso una multa de 6.765 euros y una indemnización a la Generalitat Valenciana de 6.995,36 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo con el SIP de su tío. El TSJCV rechaza el recurso del condenado en el que solicitaba que se anulara el juicio, el acta de votación y las actuaciones posteriores hasta la sentencia y pedía la celebración de un nuevo juicio con un Tribunal del Jurado distinto, según ha informado el alto tribunal valenciano. Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el médico sacó hasta 14 cajas del medicamento ‘Revatio’ de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su familiar. Según la sentencia, el condenado, jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.
De este modo, sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad respiratoria. De hecho, y según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el “Revatio” estaba contraindicada. El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011. El condenado explicó en el juicio que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar. El precio de cada caja de “Revatio”, medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.

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Condenan a 15 meses de cárcel al joven que mató a 79 lechones saltando sobre ellos.

El Juzgado de lo Penal 2 de Almería ha condenado a 15 meses de prisión a D.A.A., el joven que mató a 79 lechones de entre 19 y 27 días que se encontraban “agrupados y apretujados” en un pasillo a la espera de ser trasladados a un módulo de recría en una granja porcina de Huércal-Overa “lanzándose sobre ellos tras coger impulso como si se tratara de una piscina y llegando a realizar como mínimo tres saltos sobre ellos, que amortiguaban su caída”.

Impone la misma pena por un delito de maltrato animal agravado al otro acusado, M.R., quien, “en lugar de impedir la acción y velar por la integridad de los animales”, grabó la escena con un teléfono móvil “sin interrumpir la acción en ninguno de los tres saltos que se grabaron y que, posteriormente, se difundieron por las redes sociales”. Ambos de enfrentaban a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado señala como principal prueba de cargo contra ambos el citado video de 21 segundos que, según remarca, “habla por si solo hasta el punto de que muchas personas puede que no sean capaces, ni siquiera, de verlo dos veces seguidas por la repulsión que produce”. Añade que resulta “indiscutible” que aquel 7 de enero de 2016, D.A.A. llevó a cabo “no sólo una payasada como ha dicho, sino una verdadera acción injustificada de maltrato que, a más de un lechón de los que había, le tuvo que causar, sin duda, lesiones”. “Resulta sencillamente inadmisible lo de que se tiraba y los animales se apartaban”, apunta en alusión a la versión exculpatoria que dio en juicio el acusado, quien “no es solo que cayera con todo su peso, de lleno, sobre varios o muchos lechones sino que a la vista de las declaraciones del veterinario y el número de muertes certificadas, seguramente hubo más lanzamientos que sencillamente no fueron grabados”. El magistrado Fermín Villarrubia hace alusión, asimismo, a la testifical del veterinario, “contundente y convincente” pese a que reconoce “echar en falta una más extensa prueba pericial que hubiera reflejado un informe más completo de los resultados y las conclusiones de las necropsias de campo que practicó a los lechones”. “No obstante -matiza- es cierto que ninguna de las defensas trajo otro perito que pudiera contradecirle”. Subraya, en esta línea, la sentencia que el testimonio del veterinario ha confirmado que, “por supuesto, claro, que una persona lanzándose sobre un lechón puede causarle la muerte por traumatismo”, contradiciendo así lo dicho por el acusado “que se ha atrevido a afirmar que para matarlos por aplastamiento tienes que estar un día tirándote encima de ellos” a lo que hay que añadir “el estrés al que fueron sometidos, el pánico o la estampida producida entre ellos dentro de un espacio tan reducido”. “MUERTES DE ORIGEN TRAUMÁTICO Y NO INFECCIOSO” El juez se refiere, asimismo, a la expresión “goteo de bajas” usada por el testigo, que certificó que “todas muertes fueron de origen traumático y no infeccioso”, además de que “eran muertes perfectamente compatibles con la acción del acusado”. “El número de muertes era anormal y todos los lechones muertos correspondían precisamente al mismo grupo de destete sobre el que saltó” D.A.A. “La versión del acusado no me ha resultado, en absoluto, ni creíble ni convincente ya que es insostenible afirmar que al saltar los animales se apartaran o que no pudiera producir la muerte de los 79 lechones cuando se lanzó como si fuera una piscina sobre ellos tres veces que decidió grabar para, después, difundirlas de modo inconsciente él mismo por las redes sociales”, concluye. Con respecto a M.R., de quien destaca su experiencia de más de un año en la explotación ganadera, el magistrado señala que su delito es por omisión en su “condición de garante de la vida e integridad de los animales”. Sostiene, de este modo, que su versión “no es creíble” porque debía ser consciente de la “fragilidad de los animales, de corta edad, y, tras el primer salto, del riesgo al que sometían a los animales”. “NO ME CREO QUE QUISIERA EVITAR VERDADERAMENTE” LOS SALTOS “Tampoco me creo que quisiera evitar verdaderamente la acción de D.A.A. pues aún cuando solo se grabaron 21 segundos de haber querido evitar dicha acción ya, al primer salto, de modo instintivo y casi reflejo, habría interrumpido la grabación o desviado el enfoque, no viéndose en ningún momento en el visionado que la cámara del móvil baje o se mueva, manteniéndose enfoque hasta que este llega hasta el final del pasillo donde se encontraban apiñados los lechones, es decir, manteniendo la grabación hasta que terminó de hacer la piscina”, subraya. Por último, le reprocha que, pese a ser responsable y tener la función de control de la fuente de peligro generada sobre la integridad de los animales, “no solo no interrumpió la acción sino que, incluso, asumió la denigrante labor de grabar la escena integra, omisión que supuso que no evitara un claro y evidente resultado lesivo para los animales”. Al margen de la pena privativa de libertad, el juzgado impone a ambos la pena de tres años y medio de inhabilitación especial para profesión, oficio y comercio relacionado con animales y que indemnicen a la explotación ganadera, de forma conjunta y solidaria, con 4.740 euros. Quedan absueltos ambos, no obstante, del delito de daños que se les imputaba por parte de las acusaciones fiscal y particular ya que queda prohibida la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos pero también una doble sanción en el seno de un mismo procedimiento por unos mismos hechos, evitando, en última instancia y conforme al principio de proporcionalidad lo que sería una sanción desproporcionada.

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Absuelven a la madre que dio un bofetón a su hijo

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha absuelto a una mujer para la que la Fiscalía pidió una condena a realizar trabajos en beneficio de la comunidad por darle un bofetón a su hijo 13 años al considerar que no actuó con ánimo de lesionar al menor ni de manera “desproporcionada”.

La sentencia del juzgado penal dice que los hechos no representan un delito de maltrato en el ámbito familiar al no existir una “situación de tiranía” del miembro fuerte de la familia sobre un miembro débil.

Durante la vista, la madre insistió en que se trató de un hecho puntual en una discusión con su hijo adolescente en la que éste le faltó el respeto. También se puso de manifiesto que el joven no tiene más familia que se haga cargo de él, de modo que imponer una orden de alejamiento a su progenitora obligaría a ingresarlo en un centro de menores.

 La Fiscalía rebajó su petición inicial de cárcel por 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a una orden de alejamiento de seis meses y un día, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución por entender que un “bofetón puntual” a un hijo “no puede considerarse un hecho delictivo”.

Ahora, la sentencia absolutoria expone que la respuesta de la madre no fue “excesiva o desproporcionada” y considera que de lo declarado en la vista oral se desprende que el día de los hechos el menor tuvo “un mal e inadecuado comportamiento” con su progenitora.

Algo que defendió su letrada,  que recalcó en la obligación de los padres de educar a sus hijos se dan a veces situaciones en las que es necesario reprender así al menor pero sin que eso lo convierta en un “niño maltratado”.

La letrada también consideró  una “aberración jurídica” que se pueda separar a un menor de su hogar, su instituto y sus amigos por una orden de alejamiento “innecesaria”.

Su propio hijo reconoció en el juicio que su madre lo hizo bien y que “no se pasó” con él.

La sentencia recuerda que aunque ya no se recoge en la ley la facultad de los padres de corregir “razonable y moderadamente a sus hijos menores”, es una facultad inherente a la potestad si se hace de manera “razonable y moderada” para imponer autoridad.

Los hechos sucedieron  cuando la mujer y su hijo estaban en casa, donde se inició una discusión verbal hasta que la ahora absuelta, según el escrito de acusación del fiscal, propinó el bofetón a su hijo, tras lo que el niño se dirigió a casa un vecino, que fue al parecer quien denunció los hechos.

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El permiso de paternidad se ampliará de dos a cuatro semanas a partir del 1 de enero

Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Sucede seis años después del día que fijó la ley de 2009 que lo reguló.

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) recuerda que las cuatro semanas son “ininterrumpidas”.

 

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que la ampliación a un mes del permiso de paternidad prevista en la Ley de Igualdad entrará en vigor en enero de 2017, seis años después del día que fijó la ley de 2009 que lo reguló. Imágenes 1 Foto “Puedo anunciarles que le permiso se ampliará a partir del próximo 1 de enero de 2 a 4 semanas, una medida que va en esa necesaria conciliación entre la vida profesional y la vida familiar”, ha declarado el también ministro de Educación. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) ha criticado en una nota la medida por insuficiente. En primer lugar, porque las cuatro semanas suponen “la cuarta parte de las 16 que dura el permiso de maternidad”. Y, en segundo lugar, porque la ley “obliga a que las cuatro semanas sean ininterrupidas”, es decir, que la modificación se limita a prolongar el período actual de baja “sin poder utilizar esas dos semanas adicionales para sustituir a la madre cuando esta volviera a su puesto de trabajo”. Esto imposibilitará, según la PPIINA, que los padres se turnen para cuidar a sus hijos “y no se aliviaría la presión sobre las madres para que prolonguen su permiso de maternidad con excedencias o reducciones de jornada que les penalizarán en el empleo”.

Esta ampliación del permiso de paternidad se ha ido aplazando año a año tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, desde que en 2009 se aprobara la ley. Varias iniciativas del Congreso y del Senado han reclamado al Gobierno que no la siguiera demorando más

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La Fiscalía pide trabajos en beneficio de la comunidad para una mujer por abofetear a su hijo

La acusada reconoció que le dio una bofetada a su hijo de 13 años por su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuarto.

La defensa alega que lo hizo presa de los nervios tras comprobar que regañar a su hijo no funcionaba.

El chico se marchó a casa de un vecino, que fue quien denunció.

La Fiscalía ha sustituido su petición de siete meses de cárcel para una mujer que ha sido enjuiciada este lunes por darle un bofetón a su hijo de 13 años tras recriminarle su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuarto, por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad. La mujer le abofeteó por su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuartoDurante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, el Ministerio Público ha rebajado además de dos años a seis meses y un día la orden de alejamiento que también pedía para la madre por un delito de maltrato familiar, según han informado a Efe fuentes judiciales. La mujer, vecina de Albolote (Granada), ha admitido durante la celebración del juicio rápido, que ha quedado visto para sentencia, que le dio un bofetón a su hijo en la cara tras recriminarle el desorden de su dormitorio, su bajo rendimiento escolar y la apertura de correspondencia ajena, entre otras cosas. Pero que lo hizo presa de los nervios después de comprobar que regañarle no funcionaba, ha indicado a Efe su abogada, María Luisa Ruiz Ortiz.

La letrada ha sustentado su defensa en que, en la obligación de los padres de educar a sus hijos, se dan a veces situaciones en las que es necesario reprender así al menor pero sin que eso lo convierta en un “niño maltratado”. Entiende también la defensa que al menor, que no vive en una familia desestructurada, sino “normal y corriente”, podría perjudicarle una orden de alejamiento de su madre porque ningún otro familiar podría hacerse cargo de él, luego, de aceptar el juez la petición de la Fiscalía, tendría que ir a un centro de acogida, lo que a su juicio contribuiría además a acrecentar su rebeldía. Un vecino de la acusada fue quien denunció los hechos, según publica el diario Ideal, ocurrieron cuando la mujer y su hijo estaban en el domicilio compartido por ambos, donde se inició una discusión verbal hasta que la acusada, según el escrito de acusación del fiscal, “en estado de extrema agresividad y en la pretensión de menoscabar la integridad física de su hijo, propinó a éste un bofetón”. El niño, que solo necesitó una asistencia médica, se dirigió después a casa un vecino, que fue al parecer quien denunció los hechos.

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La AN anula una multa de 25 millones a Telefónica por sus contratos de móviles con pymes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso la multa a la operadora en 2014 por los compromisos de permanencia.

Consideraba que eran restrictivos, que limitaban los cambios de proveedor y que suponían un coste para los competidores.

La Audiencia Nacional dice ahora que estos contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor”.

La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 25,78 millones de euros impuesta en 2014 por Competencia a Telefónica Móviles por incluir determinados compromisos de permanencia en sus contratos con pymes. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró en su día que estos contratos limitaban la capacidad de los clientes, en este caso pequeñas y medianas empresas, para cambiar de proveedor de servicios y, sobre todo, hacerlo en cualquier momento. Eran, argumentaron, “restrictivos” y además provocaban un incremento de los costes de los competidores para ganar clientes.

La compañía se defendió diciendo que ofrecían descuentos a cambio de la permanencia (de 12, 18 y 24 meses), pero que estos “no constituían un acuerdo vertical”. Además, apunta que “no tenían por objeto distorsionar la competencia” y que dicha práctica comercial era lícita y no ha tenido “efectos anticompetitivos”.

La Audiencia Nacional da la razón a la operadora y explica que “los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto” y avala la “lógica económica de los descuentos” practicada por Telefónica Móviles.

La sentencia da por buenas las cláusulas de penalización, que considera proporcionales y adecuadas, “pues de lo contrario todos los clientes contratarían el compromiso de permanencia para beneficiarse del descuento a sabiendas de que su incumplimiento no tendría consecuencias”. Según la Audiencia, los contratos “no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (…) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs)”.

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La vida privada no desaparece en el trabajo: Estrasburgo da la razón a un empleado ‘espiado’ por su empresa sin avisar.

El trabajador fue despedido en 2007 por utilizar en horario laboral la aplicación de mensajería instantánea Yahoo Messenger para fines personales.

La empresa accedió al contenido de sus comunicaciones, algunas de ellas íntimas; otro empleado había sido despedido antes por el mismo motivo.

El Tribunal Europeo de DD HH dice que la justicia rumana, que no le dio la razón, no tuvo en cuenta que la empresa no le avisó de que le iba a espiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a un trabajador, de nacionalidad rumana, que fue despedido en 2007 por utilizar en horario laboral la aplicación de mensajería instantánea Yahoo Messenger para fines personales y no profesionales, contraviniendo así la normativa de la empresa.  La Gran Sala del Tribunal estima que, si bien una empresa sí puede restringir las comunicaciones personales de sus empleados, el derecho (y su respeto) a la vida y la correspondencia privadas no desaparecen. Y explica, según una nota hecha pública en su web, que, aunque el trabajador sabía que no debía usar internet, el teléfono o la fotocopiadora para fines privados -otro empleado había sido despedido poco antes por lo mismo-, no fue avisado convenientemente ni con anterioridad de que iba a ser monitorizado y de que la empresa iba a acceder al contenido de sus comunicaciones. Todo esto, critica la Gran Sala, no fue tenido en cuenta por los tribunales nacionales, que rechazaron sus demandas, a pesar de que el empleado, un ingeniero de ventas, fue monitorizado “en tiempo real” y sus comunicaciones de una semana entera, del 5 al 12 de julio de 2007, fueron impresas en 45 folios. Eran charlas con su novia -algunas íntimas- y su hermano. La justicia rumana, añade Estrasburgo, tampoco valoró correctamente si estaba justificada esa monitorización, dada la falta de indicios que apuntasen, por ejemplo, a un uso ilegal o que implicara riesgo para la empresa. Ni si se podrían haber usado otros métodos para acceder a las comunicaciones. Así, la Gran Sala concluye que las autoridades rumanas no protegieron de forma adecuada el derecho del trabajador a su vida y comunicaciones privadas y fallaron a la hora de encontrar “un equilibrio justo entre los intereses en juego”. Ha habido, por tanto, una violación del artículo 8 de la Convención de derechos humanos. El Tribunal no determina en su sentencia si el proceder de la empresa fue o no correcto, sino que los tribunales nacionales no tuvieron en cuenta determinados aspectos de ese proceder para tomar su decisión, lo que supuso un perjuicio directo en los derechos del trabajador. Para la Corte, los Estados deberían establecer un marco jurídico claro sobre las normativas laborales en materia de control de comunicaciones y señala que en el derecho comparado hay diferencias destacadas entre países. Esta sentencia, que es firme, rectifica otra de Sala del año pasado, que había dado la razón a Rumanía y a la empresa. Rumanía deberá abonar al demandante 1.365 euros por gastos y honorarios, informa Efe. Según la Corte europea, fallar que el citado artículo ha sido violado “ya es una reparación suficiente para todo daño moral”.

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El Supremo avala cambios en la pausa del bocadillo al no ser un derecho por contrato

Los magistrados consideran el descanso como una muestra de “tolerancia” por parte de la empresa.

Se trata de un elemento ajeno a las condiciones que firman los trabajadores.

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una empresa que dejó de considerar el llamado “descanso para bocadillo” como trabajo efectivo, al considerar que no supuso una modificación laboral sustancial por basarse en la “tolerancia” del empresario y no ser un derecho reconocido por contrato.

En la sentencia conocida este viernes, la sala de lo Social del alto tribunal calcula así el recurso de casación interpuesto por Zumos Valencianos del Mediterráneo, empresa que computaba como trabajados 7,5 de los 15 minutos dedicados a dicha pausa, desde los orígenes de su actividad, en abril de 2007, hasta el calendario laboral de 2014.

La empresa se constituyó el 1 de julio de 2005.

La controversia se remonta a marzo de ese mismo año, cuando la sociedad presentó una contrapropuesta al calendario formulado por los delegados de personal que, tras reunirse, constataron que la diferencia entre ambas radicaba en la consideración como tiempo de trabajo efectivo del cuarto de hora para el bocadillo en jornadas continuadas superiores a seis horas.

Ante las discrepancias, la empresa aplicó su propuesta, que suponía una carga adicional de 6,75 horas que cada trabajador podría disfrutar cuando estimara conveniente, previa comunicación y aceptación.

Ahora, la sala descarta que, con este cambio, se haya incurrido en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, máxime cuando el “descanso para el bocadillo” se trataba de una muestra de “tolerancia” por parte del empresario respecto a sus empleados.

Razones por las que revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en segunda instancia entendió motivada la existencia de un incremento unilateral de la jornada, en virtud del articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Según esta disposición, la dirección de la empresa sólo podría haber acordado modificaciones sustanciales en caso de existir razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que pudieran afectar, entre otros aspectos, a la jornada de trabajo, al horario y la distribución de éste, al régimen laboral o al sistema de remuneración.

Los magistrados del Supremo valoran, en cambio, que no concurren las circunstancias necesarias para invocar dicho artículo, al ser esta pausa un elemento ajeno a las condiciones firmadas por contrato.

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Las deducciones fiscales de los autónomos

La ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo acaba de ser aprobada en el Congreso y ha pasado ya al Senado. La previsión es que en septiembre esté de vuelta en el Congreso y obtenga el sí definitivo del Parlamento ese mismo mes, lo que supondría que en otoño entraría en vigor una batería de medidas que benefician considerablemente la actividad del trabajo por cuenta propia. La futura ley, que ha contado con el apoyo masivo de los grupos parlamentarios,  incluye reformas en el ámbito fiscal, aunque también en protección social, en la eliminación de trabas administrativas y acciones de fomento del emprendimiento y reemprendimiento.

Medidas fiscales. Una de las aspiraciones de las asociaciones de autónomos era ampliar al IRPF, en forma de deducciones, algunos gastos que actualmente ya desgravan en el IVA. Después de meses de negociación, y salvo que en el Senado sufra alguna modificación, se establece una desgravación en la renta del 30%, frente al 20% previsto en el proyecto de ley inicial, para los gastos de suministro de agua, gas, electricidad y telefonía e internet (estos dos últimos también estaban fuera del proyecto) cuando el autónomo trabaja desde su casa. Igualmente, y esta es otra incorporación adicional impulsada por Ciudadanos y ERC, se establecen deducciones para la “manutención que afecta a la actividad” de hasta 26,67 euros diarios, 48,08 euros si son fuera de las fronteras españolas, siempre y cuando puedan comprobarse fehacientemente por medios telemáticos. Fuentes de la Federación de Autónomos ATA explican que Hacienda se ha mostrado reacia a aplicar deducciones por manutención ante la dificultad de demostrar que la comida fuera de casa está realmente ligada a la actividad del autónomo. Sin embargo, los trabajadores asalariados tienen derecho a que sus empresas les paguen las comidas, con un límite, sin que sea considerado salario en especie, y por tanto, sin tener que tributar por ellas. Las dudas surgen a la hora de determinar cuándo el gesto de manutención está afecto a la actividad. Las fuentes de ATA consideran que debe tratarse de comidas en un horario razonable, generalmente de lunes a viernes, salvo que la actividad justifique el trabajo durante los fines de semana o festivos. Por otro lado, queda descartada la compra de alimentos, centrándose fundamentalmente en comidas en restaurantes o locales similares, para lo cual deberá solicitarse la factura y abonarla mediante sistemas telemáticos, como tarjetas de crédito, para lo cual será conveniente adjuntar a la factura el resguardo de la tarjeta. Medidas de protección social. ATA destaca entre las novedades de mejora social la posibilidad de compatibilizar la pensión al 100% con el trabajo por cuenta propia, condicionado a tener un empleado al menos; la tarifa plana (50 euros) en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporen tras la maternidad y exención del 100% de la cuota de autónomos (hombres o mujeres) durante 12 meses por cuidado de menores o dependientes para garantizar una mejor conciliación laboral y familiar; se mejoran las condiciones de las personas con discapacidad para emprender y también de los hijos con discapacidad de los autónomos, que podrán contratarlos; se reconoce el accidente in itinere (ocasionado durante la jornada laboral o a la ida o el regreso). Finalmente, los autónomos tendrán derecho a la formación adaptada a sus necesidades para mejorar su consolidación empresarial y su competitividad. Emprendimiento o reemprendimiento. Se amplía la tarifa plana de 50 euros a un año, y los emprendedores podrán optar de nuevo a la tarifa plana 2 años después de haber finalizado la actividad empresarial. Seguridad Social. Podrán cambiar su base de cotización 4 veces al año. Los próximos cambios, en la Seguridad Social La Ley del Trabajo Autónomo incluye la mayoría de las demandas de las asociaciones del sector. Sin embargo, quedan pendientes. Fuentes de ATA apuntan que la próxima batalla habrá que darla en la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

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Los juzgados especializados en ‘cláusulas suelo’ dan la razón al cliente en sus 28 sentencias

Desde que entraron en funcionamiento los Juzgados de clásulas suelo hace dos meses (el pasado 1 de junio) ya  han fallado 28 sentencias y todas dan la razón al cliente. Aunque desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que aún no pueden dar el número exacto de las demandas interpuestas, porque no tienen homogeneizado el sistema informático en todas las autonomías, sí adelantan que el primer mes ya recibieron en torno a las 15.000, y prevén que en un año entren en estos juzgados unas 192.000 demandas.

De momento, varias comunidades ya han empezado a fallar las primeras sentencias, siendo Asturias y Aragón las más ágiles al respecto. Las dos autonomías ya han resuelto 12 demandas respectivamente, según los últimos datos ofrecidos por el CGPJ. Desde el órgano judicial recuerdan que la velocidad de la resolución se debe a que suele haber allanamiento por parte de la entidad financiera demandada, es decir, que el banco reconoce la nulidad de la cláusula suelo.

El Juzgado de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) es otro de los que también ha resuelto una demanda a favor del hipotecado, mientras que los otros tres fallos se han dictado en Albacete (Castilla-La Mancha), Lugo (Galicia) y Barcelona (Cataluña).

Por el momento, hay comunidades que ya han celebrado varias vistas previas como Baleares, Cantabria y País Vasco, a la espera de sentencias, y otras como Castilla y León, La Rioja o Navarra, a la vista de que agosto no es un mes judicial hábil, han pospuesto las primeras audiencias previas a septiembre.

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Nuevas denuncias por abusos sexuales en Sanfermines: van cinco en tres días.

En el tercer día se han producido dos denuncias y una detención.

Durante el primer día de la fiesta, lo mismo: dos denuncias y un detenido.

En el segundo día, una denuncia.

La Junta Local de Protección Civil de Pamplona ha conocido en su reunión de la mañana de este domingo dos denuncias por abusos sexuales (tocamientos) en el tercer día de Sanfermines y, en relación a una de ellas, se ha producido una detención. La Junta de Protección Civil de Pamplona es un órgano interinstitucional en el que se ubican también diferentes servicios de Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno y es la única fuente oficial de información sobre los casos de agresiones sexistas. Por tanto es el que centraliza los datos sobre agresiones sexistas y solo la información que se comparte en ella y que sale de ella confirma posibles casos y activa la puesta en marcha del protocolo de respuesta conjunta entre las instituciones, el tejido asociativo y la ciudadanía. Tras las denuncias se han puesto a disposición de las mujeres los recursos municipales de orientación y atención judicial y psicológica y de acompañamiento de los que dispone el Ayuntamiento para estas situaciones. Uno de los objetivos del Ayuntamiento Pamplonés tras la puesta en marcha del nuevo protocolo es la protección de las víctimas tanto desde el punto de vista de la atención y el acompañamiento como desde el punto de vista informativo. La premisa inicial parte de que lo importante es la protección y la atención a la mujer agredida y a su entorno, aspectos que se tienen en cuenta a la hora de dar datos concretos e información sobre las denuncias. Se trata de evitar en todo momento que las mujeres agredidas sean revictimizadas por la sociedad o los medios de comunicación y se sientan estigmatizadas o culpabilizadas. Las denuncias, además de permitir la labor policial, refuerzan el mensaje municipal de la campaña ‘Pamplona libre de agresiones sexistas’ que exige la implicación social por la igualdad de género, también en el escenario de la fiesta. El Ayuntamiento ha destacado en una nota que Pamplona, sus instituciones y su ciudadanía tienen un “compromiso decidido e inequívoco por erradicar esta lacra de la ciudad y de sus fiestas en la línea de lo que expone la campaña puesta en marcha este año: Pamplona libre de agresiones sexistas”. Por tanto, el Ayuntamiento anima a las mujeres agredidas y a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de conductas tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista social, “desde la convicción de que una postura de rechazo activa es la mejor vía para acabar con estos comportamientos execrables”.

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Un juez condena al Ayuntamiento de Madrid por un error en el gps de la aplicación para aparcar EasyMobile

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid, ha anulado la multa de 60 euros que el Ayuntamiento de Madrid había impuesto a un ciudadano debido al fallo del gps de la aplicación EasyMobile, que había utilizado para pagar el estacionamiento de su coche.

El demandante estaciono frente al número 32 de la calle Comandante Zorita de Madrid el 27 de marzo de 2015. “Resulta acreditado”, dice el magistrado, que fue denunciado a las 10.31 de la mañana, apenas 7 minutos después de hacer el pago de 0,20 céntimos por la aplicación EasyMobile para obtener el permiso de estacionamiento mínimo de 20 minutos en zona azul desde las 10.24 a las 10.44 horas.

“El motivo de la denuncia fue que la autorización para estacionar se había efectuado en el Barrio 55 (Nueva España), mientras que el lugar donde había aparcado su vehículo se encuentra sito en el Barrio 62 (Cuatro Caminos)”, explica el magistrado.

 La parte actora  invocó en su recurso que la sancion “aquí combatida” se debió a un error de la aplicación informática.
El juicio se celebro el pasado día 19 de junio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid.

“En modo alguno se puede llegar a acreditar su culpabilidad [del ciudadano], ni su ánimo de llegar a defraudar al Ayuntamiento de Madrid ya que efectivamente abonó la prestación económica que le habilitaba aparcar en zona azul”, dice el magistrado en su sentencia”.

El Ayuntamiento no reconoció el error

El Consistorio, por su parte, negó estos razonamientos, solicitando que se ratificara la resolución dictada por el Área de Gobierno de Medio Ambiente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que había desestimaba el recurso de reposición presentado por el ciudadano contra la Resolución de 15 de junio de 2015.

En la misma el Ayuntamiento le impuso la mencionada sanción de 60 euros de multa por infrigir el artículo 61 de la Ordenanza de Movilidad al estacionar con distintivo no válido.

Absoluta falta de culpabilidad

“Aplicando los precedentes criterios jurisprudenciales al caso de autos no podemos sino inferir una absoluta falta de culpabilidad en el actuar del recurrente . Así haciendo uso de una de las aplicaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid para móvil de pago del SER efectuó un pago de 0,20 euros a fin de estacionar su vehículo en zona azul durante 20 minutos, siendo así que durante tal intervalo, concretamente a los 7 minutos, fue denunciado por una Controladora del SER, al apreciar esta que el estacionamiento se había efectuado correctamente en zona azul, pero precisando un barrio distinto, (el 55) al que efectivamente había estacionado (el 62)”, dice el juez en su sentencia.

“Con ello nos encontramos ante un error de la aplicación que ha de ser en todo caso imputada a la Empresa privada titular de la aplicación para móvil utilizada por la  actora y que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid para prestar dicho servicio, de manera que si bien, se puede llegar a reprochar a la actora que hubiera comprobado que el geolocalizador acertó al precisar el barrio de estacionamiento, nos encontramos ante una mínima falta de diligencia que no reviste la entidad suficiente para revelar una conducta culpable en la actora, máxime cuando la misma abonó al Ayuntamiento de Madrid, el precio fijado para estacionar válidamente el vehiculo”, prosigue el magistrado.

Enriquecimiento injusto

Con su forma de actuar, “el Ayuntamiento de Madrid, está incurriendo en un enriquecimiento injusto, pues debería, en aras a amparar el procedimiento sancionador incoado, a haber procedido a la devolución  a la actora los 0.20 céntimos ingresados, pues si considera que fue un error imputable a la actora la localización del barrio, también lo fue el precio abonado por la actora, pues el mismo no le autorizaba a aparcar, tal y como era su creencia”, añade.

“En definitiva, se sancionó a la actora por culpa de otro y ello se traduce en una responsabilidad sin culpa que nuestro ordenamiento desconoce”, concluye el fallo.

El magistrado anula, en consecuencia la multa de 60 euros y condena a pagar 100 euros en costas al Ayuntamiento de Madrid.

La sentencia es firme y no cabe la apelación por la cuantía.

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La nueva ley de autónomos permitirá cobrar toda la pensión si se contrata a un empleado

La iniciativa se debatirá en la Comisión de Empleo del próximo jueves, 29 de junio.

Los grupos han acordado que en el plazo máximo de cuatro años todas las exenciones y reducciones se conviertan en bonificaciones.

Se refuerza la figura del familiar colaborador y se amplían las bonificaciones por la contratación de familiares.

El PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han acordado incluir en la proposición de ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que tramita el Congreso una enmienda para permitir la compatibilización del trabajo y el cobro del 100% de la pensión siempre que el autónomo tenga contratado, como mínimo, a otro trabajador por cuenta ajena. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta medida se ha incorporado a la proposición de ley en la fase de ponencia. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Empleo del próximo jueves, 29 de junio, donde los grupos prevén aprobarla y remitirla al Senado para que continúe allí su tramitación. Otras de las medidas incorporadas en este acuerdo, que no incluye ni al PSOE ni a Unidos Podemos, incrementa la protección social de los autónomos, extendiendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tenga que ser sustituido por otro trabajador.

Asimismo, esta bonificación será compatible con las bonificaciones aplicables a los contratos con personas desempleadas que sustituyan a trabajadores autónomos durante estos períodos de descanso. Para las mujeres que hayan cesado su actividad y vuelvan tras la baja de maternidad, adopción, guarda, acogida o tutela, la tarifa de cotización será de 50 euros al mes durante el primer año o una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a 12 años. Por otro lado, los grupos han incorporado ampliar la cobertura de las contingencias profesionales para los accidentes ‘in itinere’ y la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información respecto a la prevención de riesgos laborales. Más bonificaciones En el acuerdo también incluye la ampliación del período por el cual los descuentos de la tarifa plana corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Si el Estado asumía seis meses de la tarifa plana, ahora pasa a asumir el coste de todo un año de esta tarifa reducida de 50 euros. A propuesta del PNV, los grupos han acordado que en el plazo máximo de cuatro años todas las exenciones y reducciones se conviertan en bonificaciones y, por tanto, políticas activas de empleo, pudiendo ser gestionadas por las comunidades autónomas que tienen competencia en las mismas, entre ellas el País Vasco. Además, en el caso de que un antiguo autónomo vuelva a darse de alta podrá acogerse a estas reducciones a la cotización a los dos años -anteriormente estaba fijado en cinco años-, aunque para los que ya hayan disfrutado de bonificaciones se fija un período de tres años. Asimismo, también hay un acuerdo para clarificar la obligatoriedad de darse de alta para aquellos trabajadores con ingresos bajos y que no superen en el cómputo anual el Salario Mínimo Interprofesional, así como la puesta en marcha de una cotización especial para autónomos a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Todas estas cuestiones deberán definirse en la Subcomisión para el Estudio del RETA. Contratación de familiares y discapacidad Por otro lado, se refuerza la figura del familiar colaborador, se amplían las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de familiares por parte de los trabajadores autónomos y se reduce el grado de discapacidad de los hijos de un trabajador autónomo mayor de 30 años para el acceso de ayudas, con incentivos para que éstos puedan ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. Por último, también se flexibilizan las altas y las bajas, con posibilidad de hasta tres altas y bajas en el régimen cada año y se agiliza el sistema de reintegro de parte de la cotización ingresada de más en caso de cese de actividad antes de finalizar el mes. Asimismo, la base mínima de cotización para los autónomos que cuenten con diez o más trabajadores contratados será fijada específicamente cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en vez de estar vinculada a la base de cotización de los trabajadores del Régimen General.

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Movistar le anula una factura de 3.900 € por usar internet en un país donde nunca estuvo.

Según la organización FACUA, la cliente contrató un servicio para usar datos de internet en Europa en 2015.

La compañía no le informó de que sus megas contratados estaban a punto de agotarse, como marca la ley.

La reclamante tendrá que pagar solo 68 euros.

La organización de consumidores FACUA ha informado este miércoles de la anulación de una factura de casi 4.000 euros por parte de Movistar hacia una usuaria que había contratado una tarifa de internet para navegar en Europa. Según informa la organización en un comunicado, Dolores P. R. “realizó en agosto de 2015 un crucero en barco que transcurrió por diferentes países. Antes del viaje, contrató con la compañía la Tarifa Internet Viaje Europa, que contemplaba la facturación de 2,5 euros por cada 50 megas descargados”. Movistar no cumplió la normativa legal que dice que hay que avisar al cliente cuando los megas contratados están a punto de agotarse, y cuando la cliente volvió del crucero recibió una factura de 3.896 euros. Además, incluyó en la factura que se encontraba en Serbia, país que nunca pisó durante el crucero.

El Instituto Galego de Consumo ha emitido un laudo arbitral dando la razón a Dolores, y ordenando “anular toda cantidad hasta ajustar el precio que se ha de pasar al cobro a la reclamante: 68,61 euros, impuestos indirectos incluidos”. Además, instó a Movistar a “excluir a la reclamante de cualquier fichero de responsabilidad patrimonial en el que hubiera incluido sus datos”.

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Los juzgados especializados en cláusulas suelo reciben ya casi 2.000 demandas

Registraron 1.986 en su primera semana de funcionamiento electrónico, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año.

Solo Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema.

 

Los juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas en su primera semana de funcionamiento a través del sistema electrónico LexNet, por lo que se estima que podrían ser más de 90.000 el primer año, ha comunicado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de demandas relacionadas con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, entre las que se incluyen las conocidas como cláusulas suelo, incluye aquellas presentadas de forma electrónica vía LexNet desde el 1 de junio en las Comunidades Autónomas que tienen este sistema implantado. Solamente Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco no cuentan con este sistema, añade la nota. Teniendo en cuenta que los datos corresponden a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas presentadas ante estos juzgados especiali

  • zados, según los datos facilitados al CGPJ por el Ministerio de Justicia. La media anual de procedimientos ordinarios —no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante el último lustro (desde 2012 a 2016) fue algo mayor, de 123.511. Según la proyección de este dato, se incrementarían en un 73,4% en el año los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, según el organismo.

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Tiene que devolver 320.000 euros de un décimo premiado con el El Gordo

Una vecina de Lugo tendrá que devolver los 320.580 euros netos de un décimo de la Lotería de Navidad de 2014 premiado con el Gordo que cobró en una entidad bancaria de esta ciudad gallega. El décimo se lo había encontrado. La sentencia se basó en informes caligráficos para concluir que el boleto había sido comprado por otra vecina de su barrio y que la acusada, tras encontrarlo, trató de borrar el nombre de “Inés” con el que su dueña lo había marcado.

En el juicio celebrado la pasada semana en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo, la acusada, se libró de la pena de hurto. El juez no halló pruebas suficientes para dictaminar que había robado el boleto, por lo que desestimó condenarla a pena de prisión, tal y como solicitaba la acusación particular, que pedía para ella tres años de cárcel. La fiscalía limitó su petición a cuatro meses y medio de multa.

La sentencia solo considera a la acusada autora de un delito de apropiación indebida, por lo que le impone el pago de una sanción, además de las costas del juicio. El juez rechazó la versión que dio la acusada cuando aseguró en el juicio que compró el boleto con el número 13.437 en una administración de lotería porque le gustan los que acaban o empiezan con 13. “Lo compré ocho o diez días antes del sorteo porque empezaba por 13 y siempre busco ese número. Ya había comprado otros dos décimos, uno de ellos con la misma terminación, pero vi ese número apoyado en el mostrador y lo compré también”, declaró la acusada.

Quedó probado en la sentencia que la legítima dueña había comprado siete números correlativos del mismo número en la administración El Lor, en las galerías de la Praza de Santo Domingo de Lugo. Su intención era repartirlos entre familiares y amigos, por eso escribió a lápiz por detrás del boleto los nombres de los destinatarios a los que iba a obsequiar con un décimo. El que desapareció días antes de celebrarse el sorteo llevaba escrito el nombre de “Inés”, una de sus amigas, unos hechos que fueron denunciados ante la policía.

Fue precisamente ese boleto el que presentó la acusada en una sucursal bancaria de Lugo nada más tener noticia de que había sido premiado con 400.100 euros del Gordo de Navidad, aunque en realidad retiró en la ventanilla del banco 320.580 euros tras el descuento de los correspondientes impuestos.

El resultado de los informes caligráficos realizados en el boleto dio al traste con sus planes y se convirtió en la principal prueba documental contra ella pese a que intentó borrar todas las huellas. Los expertos lograron reconstruir los trazos de la escritura que quedó impresa en el papel y probaron que se correspondían con la escritura de los otros nombres que aparecían en el resto de los boletos comprados.

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Apuñalar 30 veces a una exmujer no es ensañamiento, elegida peor sentencia judicial del año.

  • Dos sentencias españolas elegidas la mejor y la peor para los derechos de las mujeres por la organización internacional Women’s Link.

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía defiende que degollar y asestar 30 puñaladas a una expareja no es ensañamiento “necesariamente” y por eso decidió rebajar de 25 a 17 años de prisión la pena de un asesino condenado por la Audiencia de Málaga. Ahora esta decisión acaba de alzarse con galardón del público a la sentencia judicial con peor impacto hacia las mujeres, en los premios que anualmente convoca la organización internacional para la defensa derechos de las mujeres y las niñas Women’s Link. “”Este reconocimiento como peor decisión judicial supone un apoyo y un aliento para mí y para mi familia para seguir buscando justicia en nombre de mi hermana asesinada. Centenares de personas le han dicho al tribunal que se equivocó emitiendo una sentencia tan machista y llena de prejuicios porque 30 puñaladas sí es ensañamiento”, señala Marián González, hermana de la víctima. Los hechos ocurrieron en 2014, y el año pasado el hombre fue condenado por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. A principios de 2017 el alto tribunal andaluz determinó que la noción legal de ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término, que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según la sentencia, “asestar 30 golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y, en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento”.

 

Así, en la resolución explicaba el Tribunal, según Europa Press, que “no basta con que el autor ejecute reiteradamente un agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”. Los premios Women’s Link Worldwide fueron creados para visibilizar cómo las decisiones de los tribunales pueden tener un impacto para bien o para mal en la vida de las mujeres y las niñas. En esta edición, una sentencia española también se ha aupado como la mejor decisión judicial del año. En su caso, se refiere al Tribunal de Justicia de Canarias, que ha definido jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género en España en un caso en el que otorga la pensión de viudedad a una mujer divorciada víctima de violencia de género. La mujer, tras morir en 2014 su exmarido solicitó pensión de viudedad, que le fue rechazada, por lo que presentó un recurso. El juzgado lo desestimó porque no existía condena por maltrato, solamente denuncias. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende como prueba de maltrato las denuncias presentadas, entre otros documentos.

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Deberá pagar una multa e indemnización por destrozar el local del que iba a ser desahuciado.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una multa de 1.800 euros y al pago de una indemnización de 98.000 euros a una  persona que destrozó el local que tenía alquilado cuando supo que debía abandonarlo por un desahucio.

En una sentencia que ya es firme -el condenado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, el tribunal confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander que le consideró autor de un delito de daños.

El relato de hechos describe cómo el hombre, previamente a que se llevara a cabo el lanzamiento por parte de la comisión judicial, desmontó el tejado de un comedor, las terrazas, los aseos y la cocina, tiró tabiques, arrancó las instalaciones eléctricas, los radiadores y canalones, e hizo agujeros y rayones en el suelo.

Todas estas acciones causaron unos daños que han sido valorados en 98.300 euros, el importe de la indemnización que el condenado deberá abonar al propietario del establecimiento.

En su defensa, adujo que su única intervención consistió en la retirada del mobiliario que había instalado en el local para explotar su negocio, y que cuando recibió el establecimiento éste se encontraba “en pésimo estado”.

Sin embargo, el tribunal alude a unas fotografías “evidenciadoras de los destrozos” ocasionados y añade que éstos “no se corresponden con la alegada retirada de los muebles por él usados en la explotación de su actividad, o a la retirada de los equipos separables del local”.

Señala la sentencia que la acción del acusado se corresponde con “un auténtico desmantelamiento de las instalaciones del local, con eliminación de elementos estructurales”, lo que “excede con mucho lo pretendido”.

A juicio del tribunal, tales desperfectos “por su naturaleza y gravedad evidencian un propósito malintencionado de dañar a la propiedad arrendadora”.

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El euríbor cierra mayo en -0,127% y marca un nuevo mínimo que rebaja las hipotecas

  • Este indicador se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales.
  • Es el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en negativo.

    El Banco de España ha confirmado este jueves que el euríbor a un año —el indicador que más se utiliza en España para calcular la cuota de las hipotecas— cerró mayo en el -0,127%, lo que supone un nuevo mínimo histórico y se traduce en un ahorro medio de unos 61 euros anuales. De este modo, mayo se convierte en el decimosexto mes consecutivo que este indicador se mantiene en terreno negativo. El ahorro estimado de 61 euros anuales se debe a que hace un año, en mayo de 2016, el indicador se situaba en el -0,013%, con lo que una hipoteca media de 100.000 euros contratada entonces a un plazo de 25 años con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor tendría un coste mensual de 376,28 euros. Sin embargo, si una hipoteca con estas condiciones se revisa utilizando el dato de mayo de 2017, el coste sería de 371,20 euros por mes, es decir, 5,08 euros mensuales menos o 60,96 euros al año, esos casi 61 euros citados. La evolución del indicador depende de las subidas o bajadas de tipos que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que lleva varios meses sin moverlos del mínimo histórico del 0%. La próxima reunión tendrá lugar este próximo junio. Según explicó en su día el presidente del BCE, Mario Draghi, los tipos continuarán así o incluso más bajos durante una buena temporada, pues la recuperación cíclica de la economía de la zona euro “es sólida”, pero la entidad monetaria no ve que la inflación “muestre una tendencia alcista convincente”. Hace poco más de un año, en febrero de 2016, este indicador cerró por primera vez en su historia un mes con signo negativo y desde entonces ha seguido evolucionando a la baja. Ante este hecho inédito, en España se abrió un debate sobre si la banca acabaría pagando a los clientes por las hipotecas, algo que varias entidades se apresuraron a aclarar que nunca ocurrirá, pues al euríbor siempre se le suma un diferencial que decide cada banco. En España, el diferencial más bajo al que se ha vendido de forma general una hipoteca ha sido de 0,17 puntos porcentuales, por lo que el euríbor a un año tendría que hundirse un poco más que eso para que, una vez aplicado el diferencial, los intereses sean negativos. Con el indicador en tasas negativas desde hace tantos meses, la banca ha optado por subir el diferencial que aplica o introducir una cláusula “cero” en las hipotecas a tipo variable, que establece que el euríbor nunca podrá bajar del 0%, al tiempo que se ha incrementado la venta de hipotecas a tipo fijo.

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Una empresa disuelta mantiene su personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.

La Sala sostiene que la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, según ha informado el CGPJ.

La sentencia resuelve el problema planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. La Sala de lo Civil anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirma la del juzgado de primera instancia que estimó la demanda de la propietaria obligando a la sociedad a realizar las obras de reparación o al pago del coste de la misma y al de una vivienda de alquiler.

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El apellido del padre dejará de tener preferencia en España desde el próximo 30 de junio

Se prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre, por lo que no ocasionará retrasos.

Los progenitores deberán emitir un escrito con el orden de los apellidos.

Desde el año 2000 se permite inscribir con el de la madre en primer lugar, pero en caso de no existir consenso, se daba preferencia al paterno.

El apellido paterno ya no primará a partir del próximo 30 de junio, cuando entra en vigor la reforma del Registro Civil, a la hora de inscribir a un hijo recién nacido y los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos.     La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre en el orden de los apellidos por lo que no ocasionará retrasos ni mayor volumen de trabajo.     “Se entiende que no implicará gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo ni provocará dilaciones pues es de suponer la existencia de acuerdo entre los progenitores en la mayoría de los casos”, informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar, si los padres envían una solicitud al Juez encargado del Registro Civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja. Si bien, en caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, desaparece la opción por defecto y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el Registro Civil, un cambio que permite “acercarse más a la igualdad”, según señala a Europa Press la letrada Anna Salort, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogadas.     Si no se hace constar el orden, o bien los progenitores están en desacuerdo, transcurrido el plazo de tres días será el propio encargado del Registro Civil quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el del padre. En este sentido, la letrada Anna Salort ha explicado que es aconsejable que los padres se pongan de acuerdo en el plazo establecido antes de que la decisión la tome una tercera persona.     “A partir del 30 de junio será obligatorio remitir al encargado del Registro Civil el orden en el plazo de tres días, y si no lo haces, va a ser el encargado del Registro Civil quien lo decida”, subraya Salort que apunta algunos de los recursos a los que podría recurrir este encargado para dar preferencia a uno u otro apellido: el orden alfabético, por sorteo o la estética, es decir, que suene mejor en combinación con el nombre.     Además, Salort ha destacado la ventaja que ofrecen los hospitales a los padres para inscribir a su hijo desde una sala facultada de la propia clínica. “En el plazo de 72 horas, el propio hospital lo remite al Registro Civil y ya no tienen que ir los padres”, ha precisado. En otros países  En comparación con otros países, Salort recuerda que a diferencia de España, donde siempre se han conservado los dos apellidos de los progenitores, en otros suelen conservar solo un apellido, como en EE UU o el Reino Unido, perdiéndose los de la madre.     Por otra parte, indica que al alcanzar la mayoría de edad, ya no es necesario un acuerdo entre los padres y la persona puede decidir cambiar el orden de sus apellidos conforme a su única y exclusiva voluntad, lo que puede dar lugar a que haya hermanos con distinto orden de apellidos.     Además, la ley ofrece la posibilidad de cambiar nombres y apellidos, de tal forma que puede establecerse el uso de los apellidos de ambos padres como primer apellido compuesto con el fin de evitar la desaparición de un apellido español, o bien para que no sea tan común. También prevé la posibilidad de cambio del apellido cuando sea contrario al decoro u ocasione graves inconvenientes.

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UN JUEZ PROHÍBE A UNA COMPAÑÍA DE TELÉFONO VOLVER A LLAMAR A UN EXCLIENTE.

  • El cliente decidió cambiar de compañía en 2015 y recibió dos facturas que se negó a pagar; la empresa le inscribió en un registro de morosos.
  • Orange comenzó a llamar a su teléfono y al de sus familiares y siguió a pesar de que Industria determinó que no debía nada a la compañía.
  • El hombre denunció por acoso telefónico y se ha adoptado esta medida cautelar; la Audiencia Provincial habla de “persistencia, intempestiva y generalizada”.

    El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de telefonía móvil. Según consta en un auto, esta prohibición es consecuencia de la adopción de una medida cautelar solicitada por el cliente, abogado de profesión, ante la supuesta insistencia de la compañía en reclamar una deuda que, por resolución del Ministerio de Industria, había quedado correctamente extinguida. El abogado ha explicado que “es la primera vez en España que se investiga un caso de acoso telefónico de estas características y también la primera ocasión en la que se impone una prohibición de comunicación como medida cautelar a una compañía de telefonía móvil”. A finales de 2015 este hombre decidió cambiar de empresa telefónica, de Orange a otra, realizando una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía. Sin embargo, semanas después recibió dos facturas de Orange por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad. Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas. Contemplado en el Código Penal Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa, que recayó en el citado juzgado. Este abrió diligencias previas en mayo del año pasado pero a continuación sobreseyó y archivó el asunto. Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma. Además, y con el visto bueno de la Fiscalía, impuso a Orange España y a las empresas ISGF (Jurídico Informes Comerciales SL) y Gemini (Recoveries & Collections) la orden de prohibición de comunicarse con su excliente y su familia en cualquier modo y con respecto a cualquier medio de comunicación, advirtiendo de que, de incumplir esta medida, se pondrán imponer otras más restrictivas, como la prisión provisional. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideran que la descripción de hechos que efectúa el denunciante, acompañada de documentación acreditativa, “no solo es altamente molesta por su persistencia, habitual, intempestiva y generalizada, de determinadas compañías suministradoras de productos/servicios o sus contratados, sino que, tras la última reforma del Código Penal, debe merecer la admisión a trámite”. Para el demandante, “muchas compañías de telefonía prefieren no acudir a la vía judicial para reclamaciones de cantidad relativamente pequeñas, por lo que contratan servicios de empresas que se dedican a enviar mensajes y llamar continuamente, una práctica molesta que ahora se investigará por si pudiese ser constitutiva de acoso”.
    Por el contrario, desde Orange se indica que “es un proceso que está en fase de instrucción” y rechaza haber incurrido en ninguna irregularidad. “Este cliente tiene deuda con Orange y lo que denuncia es que le han llamado de empresas de recobro para reclamar el pago de la deuda. Nuestro proceso de recobro está externalizado en varias empresas, y siguen instrucciones sobre el límite máximo de llamadas y horario en que se pueden realizar”, ha informado Orange

    Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3049758/0/orange-cautelar-juzgado-prohibe-llamar-excliente/#xtor=AD-15&xts=467263

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CAMBIOS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN subirá de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas.

La Junta de Castilla y León subirá de 250.000 € a 300.000 €  el mínimo exento en el Impuesto de Sucesiones para herencias directas de padres a hijos y entre cónyuges en 2017, logro del acuerdo alcanzado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda durante el Consejo de Gobierno en el que ha realizado un avance de la Ley de Medidas Tributarias.

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El Gobierno reconoce el derecho a las bajas de maternidad y paternidad en la gestación subrogada.

El Gobierno reconoce ya el derecho de padres y madres de hijos nacidos mediante gestación subrogada a percibir las prestaciones por maternidad y paternidad. Se ha visto obligado a revertir su criterio –por el que denegaba este derecho– tras una Sentencia del Tribunal Supremo emitida en octubre que estimó favorablemente dos casos en los que la Seguridad Social las había rechazado.

Así lo confirma el Ministerio de Empleo y Seguridad Social , que de esta manera rompe con la tendencia de denegar este tipo de prestaciones a pesar de que los padres estuvieran cotizando. La Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social ya se lo ha comunicado a sus funcionarios “para que sepan cómo actuar”, señalan fuentes del Ministerio.

“Ya hay expedientes abiertos y se está concediendo”, prosiguen las mismas fuentes. Los padres podrán disfrutar del mes de baja que el Gobierno puso en marcha a partir del 1 de enero –en lugar de los 15 días que les correspondían antes– y de las 16 semanas las madres. Una prestación –la de maternidad– a la que también podrán optar los padres solos al igual que ocurre en otros casos como adopción o acogimiento. En ese caso “no pueden disfrutar de las dos, solo será concedida la de maternidad”, matizan desde Empleo.

Este es uno de los argumentos que el Tribunal Supremo utilizó para reconocer las prestaciones por primera vez en la sentencia que ahora ha debido aplicar la Seguridad Social. En el caso del hombre que solicitó la prestación por maternidad lo equiparó a estas otras situaciones –adopción y acogimiento–.  En ciertos casos, cuando la madre biológica no puede disfrutarlas, por ejemplo si fallece, “se transfieren al padre, como debe hacerse en esta ocasión”, estableció. 

De esta forma el Supremo ha apostado por hacer una  interpretación “ integradora de las normas” al concluir que la atención a los menores tiene que  ser el punto de vista predominante a la hora de tomar estas decisiones. El falló unificó doctrina y se unió a los que ya habían dictado otros tribunales y que dictaminaban que el rechazo en la concesión de las bajas discriminaba al menor.

Una técnica prohibida en España

El Supremo dio la razón a los solicitantes en dos casos. El primero, el de una mujer que tiene un hijo por gestación subrogada, figurando ella como madre y su pareja varón como padre. El segundo era un hombre que concertó esta técnica en India  utilizando su material genético. Él figura como padre y la madre gestante como madre. 

A ambos la Seguridad Social les denegó las prestaciones basándose en que “la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de maternidad por sustitución”, según la sentencia. Es decir, fundamentándose en que se trata de una técnica prohibida en España y a la que acceden ciudadanos españoles en otros países donde sí se permite.

El artículo 10 de esta norma establece “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Así, establece que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.

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Primeras sentencias de Audiencias gallegas sobre retroactividad de cláusulas suelo Las Audiencias Provinciales de Lugo y Pontevedra han dictado las primeras sentencias en las que se aplica el fallo del TJUE sobre retroactividad de las cláusulas suelo

En el caso concreto analizado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la Sala entiende que una vez descartada la postura del banco de que se trataba de una “cosa juzgada” y de que concurría “pérdida sobrevenida de objeto”, el debate se centraba en la fecha a la que debía retrotraerse la nulidad, esto es, “si debe estarse al momento de celebración del contrato –como interesa la parte demandante-, o a la fecha de publicación de la primera de las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que acordó la nulidad por falta de transparencia –como defiende la demandada y acoge la sentencia recurrida-”.

Los magistrados, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sostiene que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin contravenir el Derecho comunitario, condenan a la entidad a abonar a los demandantes las cantidades indebidamente satisfechas desde la fecha de celebración del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

De forma similar, y en aplicación de la misma resolución del TJUE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lugo da la razón a los clientes en el sentido de que “la extensión de los efectos de la nulidad de la cláusula comporta la devolución íntegra de lo indebidamente percibido” por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo.

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Gobierno y PSOE llegan a un acuerdo para la devolución del dinero de las cláusulas suelo

El Gobierno y el PSOE han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más.

Según fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá pre visiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.

 

 

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NUEVO GOLPE A LA BANCA. La Audiencia de Álava avala que Kutxabank no cobre 30 euros a clientes en “números rojos”

  • La primera sentencia a favor de la Organización Vasca de Personas Consumidoras y contra el banco fue en junio; Kutxabank irá al Supremo.
  • Esa resolución fue la primera de esas características en España.
  • La entidad cobraba 30 euros a clientes cuando sus cuentas se quedaban en “números rojos” o cuando se retrasaban con los pagos de los créditos.

La Audiencia de Álava ha ratificado una sentencia que obligaba al banco vasco Kutxabank a eliminar la comisión que cobra a sus clientes cuando sus cuentas se quedan en “números rojos” o cuando se retrasan con los pagos de los créditos.

Esa resolución fue la primera de esas características en España, según la Organización Vasca de Personas Consumidoras (EKA/OCU), promotora de la acción contra el banco, que anunció que llevaría a los tribunales a todas las entidades financieras que continúen cobrando estas comisiones. Ahora ha sido ratificada por la Audiencia de Álava, aunque todavía no es firme porque Kutxabank ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Según ha informando hoy en un nota de prensa EKA/OCU, la Sección Primera de la  Audiencia alavesa ha confirmado la resolución que el pasado junio dictó el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria que obligaba a dicha entidad a dejar de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la comisión de 30 euros. El Juzgado ordenó a la entidad financiera que dejase de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la “comisión por reclamación de posiciones deudoras, vencidas o descubiertos” en los contratos de operaciones de crédito y en los de cuentas corrientes, tanto en los que firme en adelante como en los que Kutxabank tiene en vigor. La sentencia advertía al banco de que si no dejaba de cobrar esa comisión se le impondría una multa de 1.000 euros diarios.

Ese fallo fue recurrido por Kutxabank ante la Audiencia de Álava, que en una sentencia dictada el pasado 30 de diciembre ha dado de nuevo la razón a EKA/OCU. El banco vasco ha argumentado que cobra esa comisión porque ofrece un “servicio”, ya que avisa al cliente de que está en “números rojos” o no ha abonado el crédito, condición que establece el Banco de España para reclamar una cantidad.

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Los gastos hipotecarios, otro melón de devoluciones ‘millonarias’

Ofensiva de las asociaciones de usuarios por la repercusión de los gastos hipotecarios, tras varias sentencias favorables a los clientes bancarios.

Los jueces citan la sentencia de 2015 del Supremo que cree abusivo que los clientes paguen en solitario los gastos de notaría, registro e impuestos.

Adicae calcula que hasta ocho millones de hipotecados pueden verse beneficiados de devoluciones que podrían ascender a unos 3.000 € de media.

La factura para la banca depende de si debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, que supone un 85% de los gastos.

Si la sentencia europea sobre las cláusulas suelo no fue suficiente, la banca afronta una nueva bofetada judicial, esta vez sobre gastos hipotecarios, que podría obligar a las entidades a devolver una nueva suma millonaria.  Varias sentencias recientes citan un dictamen del Supremo que anuló en 2015 por abusiva la política bancaria de repercutir al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas.  Adicae lamenta “la actitud obstinada de la banca negándose a acatar la legalidad pese al abuso reconocido”.  En 20minutos te explicamos lo que necesitas saber para recobrar tu dinero.

¿Cómo ha surgido este asunto?

De cuatro sentencias recientes favorables al reintegro de estos gastos en virtud de una sentencia del Supremo en diciembre de 2015. El alto tribunal consideró entonces un abuso que los bancos repercutieran a sus clientes todos los gastos de formalización de las hipotecas, así que decretó la nulidad de estas cláusulas contractuales. A esta decisión judicial se añadió que el Gobierno traspuso en agosto –en el anteproyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario– una norma comunitaria  que solo permite repercutir al cliente los gastos de hipoteca por servicios solicitados o aceptados expresamente que respondan a servicios prestados que puedan acreditarse.

¿A qué gastos se refiere la sentencia del Supremo?

Aparte de la amortización del préstamo, los bancos han estado repercutiendo a sus clientes tres conceptos adicionales: los gastos de notaría para constituir el préstamo, la inscripción en el registro y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). “Estos gastos deberían asumirlos los bancos porque sirven para asegurar la recuperación del préstamo”, explica la OCU, la organización impulsora de la demanda primigenia que originó la sentencia del Supremo a finales de 2015 que negaba los recursos de dos bancos, el BBVA y el Popular. “No puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”, llegó a decir el tribunal en su sentencia.

¿Y cuáles de estas partidas puedo recuperar ahora?

La OCU calcula que los gastos en una hipoteca de 150.000 euros, se elevarían a 3.100 euros, de los que 435 responden a la notaría, 125 al registro y 2.550 (casi un 85% del total) al IAJD. Adicae explica por su parte que los gastos derivados del préstamo corresponderían al hipotecado; y los de su formalización, al banco. De este modo, los gastos de notaría y registro deberían abonarlos la banca… pero existe cierta “controversia” sobre quién debe abonar el IAJD, el gasto principal repercutido al cliente. Las sentencias emitidas al respecto son contradictorias: unas dictan que debe pagarlo el cliente, otras el banco y algunas, que entre ambos.

¿Cuánto dinero debería devolverme el banco?

Depende de la cuantía de tu hipoteca, si la hipoteca se contrató en 2010 y la cantidad prestada fue de 150.000 €, el banco reintegraría unos 3.100 €.

¿Y qué pasa si acabé de pagar la hipoteca el año pasado?

No importa. Pueden pedir la devolución tanto aquellos clientes que aún  afrontan su hipoteca –tienen de plazo hasta 2019– como aquellos que amortizaron su préstamo en el pasado, siempre que no hayan pasado cuatro años entre el pago de la última letra y la sentencia del Supremo de diciembre de 2015. Es decir, aquellos que terminaron de pagar su préstamo antes de diciembre de 2011 ya no podrán reclamar los gastos indebidamente cobrados por su entidad.

¿Qué harán los bancos?

Cinco entidades –Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja– han empezado  a asumir al menos los gastos de notaría y registro, tal y como adelantó El País la semana pasada. La OCU calcula que seis millones de clientes con hipotecas vivas en 2015 podrían reclamar  la devolución de 450 millones correspondientes solo a los gastos de ese año. Según Adicae, el número total de afectados podría alcanzar los ocho millones.

¿Cómo puedo reclamar los gastos que me cobraron?

Las asociaciones de usuarios aconsejan intentar primero un acuerdo con la banca. “Hay que ser prudentes con la vía judicial porque si se resuelve contra el cliente, aunque sea parcialmente, este pagaría sus costas”, advierten desde Adicae. De hecho, un juzgado de Oviedo rechazó recientemente que un banco reintegrase los gastos de una ampliación hipotecaria.

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Un juez obliga al BBVA a devolver los gastos abusivos cobrados al suscribir una hipoteca

  • La entidad deberá hacerse cargo del contrato firmado con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, a la que absorbió en septiembre de 2016.
  • Catalunya Banc obligó a una cliente a abonar íntegros los 3.371 euros de los gastos del notario, registro e impuestos de actos jurídicos.
    El BBVA tendrá que devolver a una clienta los 3.371 euros que esta pagó al constituir su hipoteca después de que el juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona) haya determinado que esos gastos debían de ser abonados por ambas partes al 50%. La sentencia, recogida por el diario Expansión, se refiere a un crédito firmado en el año 2010 con Catalunya Banc-Catalunya Caixa, entidad que fue absorbida por el BBVA en septiembre de 2016. La decisión no solo establece la devolución de esta cantidad, que se estipuló para costear el notario, el procedimiento de registro y los impuestos de actos jurídicos documentados, sino que anula la cláusula suelo de la hipoteca y establece la devolución de las cantidades que fueron cobradas a la perjudicada en virtud del límite establecido del 3,5% de interés.
  • El texto cita en este punto la sentencia del Tribunal Supremo que determinó la ilegalidad de las cláusulas suelo

    Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2926980/0/juez-bbva-devolver-gastos-hipoteca-catalunya-banc/#xtor=AD-15&xts=467263

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¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?

En el Diario de Burgos de ayer 27 de diciembre hay unas declaraciones del decano del Colegio de Abogados, Joaquín Delgado, aconsejando a los afectados por cláusulas suelo que consulten a un  letrado,  “porque cada supuesto es distinto” y los bancos son “parte interesada”.

Es cierto que el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que todos los afectados por cláusulas suelo tienen derecho a la devolución de todo lo que el banco les ha cobrado de más desde la firma de la hipoteca, “pero cada caso es un mundo”, advierte Joaquín Delgado.

A todos los afectados les recomienda, “y no es barrer para casa”, que “efectúen una consulta con un letrado para saber su situación.

¿Cuánto cuesta reclamar la cláusula suelo?En las reclamaciones de hipotecas con cláusula suelo, si la entidad bancaria es condenada a pagar costas (el 100% de las reclamaciones que hemos efectuado), nuestra minuta es cubierta por el banco.  Pide presupuesto sin compromiso.

 

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Mazazo europeo a la banca: pierde el caso de las cláusulas suelo y debe devolver todo lo cobrado de más

La Justicia europea obliga a las entidades financieras a reembolsar todo lo cobrado por estas cláusulas desde el inicio de cada contrato hipotecario.

“La jurisprudencia española que limita en el tiempo la nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirma el TJUE.

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España.

La banca española ha recibido todo un mazazo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras dictaminar este miércoles que las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo incluídas en casi dos millones de hipotecas, no solo deben ser devueltas desde 2013… sino desde el inicio del contrato hipotecario.

El TJUE, de este modo, resuelve en contra del criterio del abogado general del tribunal Pablo Mengozzi, que avaló el pasado 13 de julio que se aplicase una retroactividad limitada y solo se devolviesen las cantidades injustamente cobradas desde la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2013. Las cobradas desde que se empezaron a aplicar estas cláusulas, allá por 2009, según el letrado, no debían reintegrarse al cliente. El alto tribunal español consideró entonces que las cláusulas suelo —que establecen un mínimo de interés para los bancos y que han impedido a muchos clientes de hipotecas variables beneficarse de los efectos de la caída del Euríbor a tasas negativas— eran abusivas porque los contratantes no habían sido informados de sus efectos económicos, pero estimó que su nulidad solo provocaría la devolución de las cantidades cobradas de más a partir de su sentencia. “La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión”, afirman ahora desde el TJUE tras dar a conocer su dictamen, que entiende que si una cláusula suelo es abusiva y se anula, no se puede limitar solo al momento posterior al que se pronuncie un tribunal nacional. Según la justicia europea, limitar la devolución de las cantidades indebidamente daría lugar a “una protección de los consumidores incompleta e insuficiente” porque si un juez ha estimado que esta clásula hipotecaria es abusiva, “debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido” en el contrato

Le quita la razón al Supremo… y se la da a la Comisión

El abogado Paolo Mengozzi había explicado en su informe de julio que aplicar la retroactividad total podría tener “repercusiones macroeconómicas” y unn duro golpe para el sector financiero español, en un contexto de salida de un programa de rescate, además, del escenario actual de bajos tipos y bajos márgenes para su negocio.

Pero su preocupación por el sector bancario ni ha sido compartida este miércoles por el TJUE, que entiende que la nulidad de una cláusula debe provocar la “restitución de las ventajas obtenidas indebidamente en detrimento del consumidor” y que los bancos españoles deben reembolsar todo el dinero ingresado de más desde el inicio de cada contrato hipotecario.

Y tampoco lo entendió así el Ejecutivo comunitario a finales de 2015, cuando también se mostró favorable a la retroactividad total: “No es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y transparencia”, dijo la Comisión.

Una factura millonaria para la banca 

La factura para el sector podría ascender “a algo más de 4.000 millones”, según explican a este medio fuentes del Banco de España, que no desglosan por política interna el importe de cada entidad. Sin embargo, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres bancos —BBVA, Popular y CajaSur— citaron en Luxemburgo un informe de 2013 del propio Banco de España que elevaba esa devolución a hasta 7.500 millones. Otras fuentes proporcionan otras cifras: Afi la eleva a 4.474 millones (se unirían a los 5.269 ingresados entre marzo de 2013 y 2016) y Goldman Sachs a 3.000.

El BBVA cifra en 1.200 millones de euros el coste extra que le supondría la devolución de lo ingresado de más por las cláusulas suelo hasta 2013, el Popular calcula que el impacto en su entidad será de 684 millones —ya ha provisionado 350 en su balance—, mientras que Bankia estima que será de 200 millones —100 millones ya estarían provisionados—, Liberbank calcula que el efecto en su entidad será de 83 millones y Caixabank prevé tener que provisionar 750 millones. El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander.
El Sabadell, en cambio, estima que sus contratos son “transparentes” y que no están afectados directamente por la sentencia del TJUE. Bankinter explica a este medio que “nunca ha vendido hipotecas con claúsulas suelo”, así que el fallo no tendría impacto en el banco. Lo mismo pasa con el Santander. El impacto en la banca también podría estar amortiguada porque las entidades ya han ido provisionado dinero en sus balances para cubrir esta contingencia a medida que se emitían sentencias en su contra… y algunas han emprendido pactos con el cliente cambiar su hipoteca variable a una hipoteca fija. Las entidades financieras, que sufren una gran caída en Bolsa en esta jornada, dicen que el sector está “preparado” y es “solvente” para hacer frente a la sentencia. La devolución, en todo caso, podría no realizase de forma inmediata. Las asociaciones de consumidores temen que en vez de devolver directamente las cantidades ingresadas de forma indebida, la banca intente que los ciudadanos tengan que acudir a la justicia para reclamarlas. En este sentido, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, explica que su partido negocia con el Gobierno poner en marcha algún “procedimiento extrajudicial” para que los afectados recuperen su dinero pronto, sin esperar a juicios “prolijos y costosos”.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2917741/0/dictamen-tjue-retroactividad-clausulas-suelo/#xtor=AD-15&xts=467263

 

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PREPARANDO NUEVOS ABOGADOS

 

Por segundo año consecutivo participo como profesor en el Módulo de Habilidades del Abogado del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Al finalizar las clases se realizan juicios simulados para que los alumnos participen y aprendan con un ejercicio práctico, los cuales se llevan a cabo en los Juzgados de Reyes Católicos, con la colaboración de 4 jueces de carrera.

Diciembre 2016.

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El próximo 21 de diciembre el TJUE debe decidir sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo

El próximo 21 de diciembre se hará pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Los jueces podrían condenar a los bancos a devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde la fecha de la firma de cada hipoteca –la denominada retroactividad total– o desde el 9 de mayo de 2013, el límite temporal establecido por el Tribunal Supremo español –lo que ha apoyado el Abogado General del TJUE, Paolo Mengozzi–.El Supremo sentenció en 2013 en contra de estas cláusulas pero introdujo una limitación temporal a la devolución de cantidades indebidamente pagadas por los clientes: el 9 de mayo de 2013, la fecha de la primera sentencia al respecto del Alto Tribunal. Las cantidades cobradas con anterioridad a esta fecha, no deberían devolverse a los clientes. El Constitucional inadmitió después el recurso de amparo presentado por BBVA y Cajamar contra la sentencia. Para los hipotecados, explican desde Reclamador, en el peor de los escenarios la situación seguiría como hasta ahora –retroactividad a partir de mayo de 2013– y los afectados podrían reclamar y recuperar lo pagado de más desde entonces. Pero la medida no afecta a todos los bancos por igual.  Lo cierto es que hasta ahora solo algunos entidades bancarias han dejado de aplicar la cláusula suelo de forma voluntaria pero ninguno de ellas ha devuelto el dinero a sus clientes de forma masiva. Por eso cabe esperar que no cambien de criterio ahora que la cantidad puede ser incluso más alta y esperen a que las familias hipotecadas pongan su caso en la vía judicial sea cual sea la decisión del Tribunal Europeo. En palabras de Iria Aguete, responsable de banca de Reclamador, “los bancos siguen forzando a los afectados a acudir al juzgado para recuperar su dinero porque saben que muchos no se atreven a llegar a este punto”. El coste para la banca, de hasta 7.600 millones Hay jueces que han optado por suspender juicios de cláusula suelo hasta esperar la sentencia del TJUE. En estos casos, los clientes podrían optar a recuperar todas las cantidades, si finalmente los jueces europeos rectifican la decisión del Supremo español. Según el Banco de España, a finales de 2014 había 5,8 millones de hipotecas vivas de primera vivienda en nuestro país. De ellas, entre el 30% y 40% contendría este ‘suelo’ entre sus condiciones. Es decir, dos millones de préstamos hipotecarios se verán afectados por la decisión del TJUE. Si los jueces europeos deciden la total retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, los bancos deberían devolver entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según un informe del Banco de España; BBVA y Popular lo cifran en 5.800 millones. Según Ausbanc, las entidades no pueden alegar que suponga un riesgo para el sistema la devolución de estas cantidades porque “no se haría de forma inmediata, sino paulatinamente, durante varios años, conforme las sentencias judiciales fuesen declarando abusivas las cláusulas suelo”.

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25 AÑOS TRABAJANDO.

El pasado 25 de noviembre recibimos del Colegio de Abogados de Burgos la insignia de plata los abogados con 25 años de ejercicio profesional sin tacha. Enhorabuena a todos!.

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