El apellido del padre dejará de tener preferencia en España desde el próximo 30 de junio

Se prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre, por lo que no ocasionará retrasos.

Los progenitores deberán emitir un escrito con el orden de los apellidos.

Desde el año 2000 se permite inscribir con el de la madre en primer lugar, pero en caso de no existir consenso, se daba preferencia al paterno.

El apellido paterno ya no primará a partir del próximo 30 de junio, cuando entra en vigor la reforma del Registro Civil, a la hora de inscribir a un hijo recién nacido y los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos.     La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia prevé que en la mayoría de los casos existirá acuerdo entre el padre y la madre en el orden de los apellidos por lo que no ocasionará retrasos ni mayor volumen de trabajo.     «Se entiende que no implicará gran diferencia en cuanto a la carga de trabajo ni provocará dilaciones pues es de suponer la existencia de acuerdo entre los progenitores en la mayoría de los casos», informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar, si los padres envían una solicitud al Juez encargado del Registro Civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio en el orden de los apellidos. Este cambio afectaba por igual a todos los hijos de la pareja. Si bien, en caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, desaparece la opción por defecto y se obliga a que los padres hagan constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción en el Registro Civil, un cambio que permite «acercarse más a la igualdad», según señala a Europa Press la letrada Anna Salort, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogadas.     Si no se hace constar el orden, o bien los progenitores están en desacuerdo, transcurrido el plazo de tres días será el propio encargado del Registro Civil quien establezca dicho orden atendiendo al interés superior del menor, pero no poniendo por defecto el del padre. En este sentido, la letrada Anna Salort ha explicado que es aconsejable que los padres se pongan de acuerdo en el plazo establecido antes de que la decisión la tome una tercera persona.     «A partir del 30 de junio será obligatorio remitir al encargado del Registro Civil el orden en el plazo de tres días, y si no lo haces, va a ser el encargado del Registro Civil quien lo decida», subraya Salort que apunta algunos de los recursos a los que podría recurrir este encargado para dar preferencia a uno u otro apellido: el orden alfabético, por sorteo o la estética, es decir, que suene mejor en combinación con el nombre.     Además, Salort ha destacado la ventaja que ofrecen los hospitales a los padres para inscribir a su hijo desde una sala facultada de la propia clínica. «En el plazo de 72 horas, el propio hospital lo remite al Registro Civil y ya no tienen que ir los padres», ha precisado. En otros países  En comparación con otros países, Salort recuerda que a diferencia de España, donde siempre se han conservado los dos apellidos de los progenitores, en otros suelen conservar solo un apellido, como en EE UU o el Reino Unido, perdiéndose los de la madre.     Por otra parte, indica que al alcanzar la mayoría de edad, ya no es necesario un acuerdo entre los padres y la persona puede decidir cambiar el orden de sus apellidos conforme a su única y exclusiva voluntad, lo que puede dar lugar a que haya hermanos con distinto orden de apellidos.     Además, la ley ofrece la posibilidad de cambiar nombres y apellidos, de tal forma que puede establecerse el uso de los apellidos de ambos padres como primer apellido compuesto con el fin de evitar la desaparición de un apellido español, o bien para que no sea tan común. También prevé la posibilidad de cambio del apellido cuando sea contrario al decoro u ocasione graves inconvenientes.

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UN JUEZ PROHÍBE A UNA COMPAÑÍA DE TELÉFONO VOLVER A LLAMAR A UN EXCLIENTE.

  • El cliente decidió cambiar de compañía en 2015 y recibió dos facturas que se negó a pagar; la empresa le inscribió en un registro de morosos.
  • Orange comenzó a llamar a su teléfono y al de sus familiares y siguió a pesar de que Industria determinó que no debía nada a la compañía.
  • El hombre denunció por acoso telefónico y se ha adoptado esta medida cautelar; la Audiencia Provincial habla de «persistencia, intempestiva y generalizada».

    El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de telefonía móvil. Según consta en un auto, esta prohibición es consecuencia de la adopción de una medida cautelar solicitada por el cliente, abogado de profesión, ante la supuesta insistencia de la compañía en reclamar una deuda que, por resolución del Ministerio de Industria, había quedado correctamente extinguida. El abogado ha explicado que «es la primera vez en España que se investiga un caso de acoso telefónico de estas características y también la primera ocasión en la que se impone una prohibición de comunicación como medida cautelar a una compañía de telefonía móvil». A finales de 2015 este hombre decidió cambiar de empresa telefónica, de Orange a otra, realizando una portabilidad que no conllevaba ningún gasto por cancelación, según le informó su propia compañía. Sin embargo, semanas después recibió dos facturas de Orange por 40 euros en concepto de penalización por cancelación de contrato y otra de 40,61 euros por un recibo de línea, dos meses después de haber realizado la portabilidad. Este cliente respondió que no debía nada, pero la empresa le inscribió en un registro de morosos e inició un proceso de envío de llamadas y mensajes tanto a su terminal como a los de sus familiares, incluyendo una hija menor de edad, que recibía llamadas incluso en horas lectivas. Contemplado en el Código Penal Fue entonces cuando tramitó un procedimiento de reclamación ante el Ministerio de Industria, a través del cual se le dio la razón en el sentido de corroborar que no debía nada a la empresa, aunque las llamadas prosiguieron y decidió interponer una denuncia por acoso y estafa, que recayó en el citado juzgado. Este abrió diligencias previas en mayo del año pasado pero a continuación sobreseyó y archivó el asunto. Sin embargo, el cliente recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó al juzgado continuar con el procedimiento y diligencias de investigación por un supuesto delito de acoso telefónico, contemplado en el Código Penal tras la última reforma. Además, y con el visto bueno de la Fiscalía, impuso a Orange España y a las empresas ISGF (Jurídico Informes Comerciales SL) y Gemini (Recoveries & Collections) la orden de prohibición de comunicarse con su excliente y su familia en cualquier modo y con respecto a cualquier medio de comunicación, advirtiendo de que, de incumplir esta medida, se pondrán imponer otras más restrictivas, como la prisión provisional. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideran que la descripción de hechos que efectúa el denunciante, acompañada de documentación acreditativa, «no solo es altamente molesta por su persistencia, habitual, intempestiva y generalizada, de determinadas compañías suministradoras de productos/servicios o sus contratados, sino que, tras la última reforma del Código Penal, debe merecer la admisión a trámite». Para el demandante, «muchas compañías de telefonía prefieren no acudir a la vía judicial para reclamaciones de cantidad relativamente pequeñas, por lo que contratan servicios de empresas que se dedican a enviar mensajes y llamar continuamente, una práctica molesta que ahora se investigará por si pudiese ser constitutiva de acoso».
    Por el contrario, desde Orange se indica que «es un proceso que está en fase de instrucción» y rechaza haber incurrido en ninguna irregularidad. «Este cliente tiene deuda con Orange y lo que denuncia es que le han llamado de empresas de recobro para reclamar el pago de la deuda. Nuestro proceso de recobro está externalizado en varias empresas, y siguen instrucciones sobre el límite máximo de llamadas y horario en que se pueden realizar», ha informado Orange

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El Constitucional admite un recurso de Podemos contra el decreto de las cláusulas suelo

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por Podemos contra el real decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establecía un mecanismo extrajudicial, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). La iniciativa, respaldada por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, argumenta que el Gobierno se «inventó» un proceso «sin garantías» que solo protege al sector financiero. El real decreto, aprobado por el Congreso el pasado enero, daba luz verde a la vía extrajudicial para que los hipotecados con cláusulas suelo abusivas pudieran recuperar el dinero que abonaron de más durante los años en los que no se beneficiaron íntegramente de las caídas del euríbor.


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